Juan Fidel Lima Álvarez
Expediente 1643/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1643/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Fidel Lima Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales y dvd ofrecidas por la jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial y el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, ambos del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1643/2019; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Juan Fidel Lima Álvarez por conducto de su defensor particular Joel Tziquitzin Fajardo Gómez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al juez de Control del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad. En veinticuatro de diciembre siguiente, se desechó la demanda de garantías; sin embargo en resolución de doce de agosto de dos mil veinte dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el recurso de queja penal 28/2020, declaró fundado el recurso interpuesto por la parte quejosa, y se revocó el mencionado auto. En veintiuno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado es competencia del juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual se negó otorgar al quejoso la suspensión condicional del proceso en la causa penal 1013/2019 del índice de la autoridad responsable. No pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que el peticionario de amparo precisa como acto reclamado que no se siguieron las formalidades procedimentales para salvaguardar sus derechos en la mencionada audiencia; sin embargo, debe decirse que dicha inconformidad se hace consistir como violación cometida durante el procedimiento; de ahí que no deba ser considerada como acto reclamado, pues se trata, en realidad, de concepto de violación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, de rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN." Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe la jueza responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 1013/2019 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". De dicha causa, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, como se precisó anteriormente el acto reclamado consiste en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual se negó otorgar al quejoso la suspensión condicional del proceso en la causa penal 1013/2019 del índice de la autoridad responsable. Sin embargo, de las constancias que remitió en apoyo a su informe la autoridad responsable, se advierte que el hoy quejoso, interpuso recurso de apelación en contra de la determinación de la autoridad responsable señalada anteriormente, y que medio de impugnación fue remitido el siete de octubre de dos mil veinte al Primer Tribunal Colegiado Regional del primer Circuito, en esta ciudad. Ahora, en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por el magistrado instructor del citado órgano colegiado, en el que anexó la resolución de siete de febrero de febrero de ese año en la cual se confirmó la determinación dictada por la jueza responsable en la cual negó otorgar al quejoso la suspensión condicional del proceso en la causa penal de origen. Ante tales consideraciones, se reitera que la determinación que por esta vía se reclama, cesó en sus efectos, pues fue sustituida procesalmente por la sentencia dictada por el magistrado Instructor de la Segunda Ponencia del primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora; de ahí que el acto aquí reclamado dejó de surtir sus efectos con el nuevo pronunciamiento efectuado al respecto, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." VI. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto, se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Fidel Lima Álvarez por conducto de su defensor particular Joel Tziquitzin Fajardo Gómez, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional fijada en esta fecha, toda vez que mediante proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se recibieron las documentales que le fueron solicitadas a la autoridad responsable y al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de las citadas constancias, se difiere la aludida audiencia constitucional y se fijan nuevamente para su celebración las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguense a los autos los oficios y anexos que remiten el magistrado del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora y juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, ambos con sede en esta ciudad, a través de los cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado en el sumario; dese vista a las partes con su contenido para los efectos legales a los que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales requeridas en autos; sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano si la defensora pública aceptó el cargo otorgado el uno de octubre de dos mil veinte y, de ser el caso, remita las constancias que lo acrediten. Asimismo, requiérase al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que en el dicho plazo, informe el estado procesal de la apelación que recibió el ocho de octubre de dos mil veinte, derivada de la causa penal 1013/2019 del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Uno, con residencia en esta ciudad. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización1, conforme a lo establecido 1 Con fundamento en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y tres minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable y al citado tribunal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
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