Juan Fernando Ramos Ramirez

Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
70/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Juan Fernando Ramos Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el capítulo 8 relativo a "Expedientes Destruibles", en términos del punto 8.1.2., subpunto 4., del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano de control constitucional no tiene relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Téngase por recibido el oficio 1633/2021-I, signado por el Titular de este propio Juzgado, al que anexa el escrito de demanda de amparo promovida por JUAN FERNANDO RAMOS RAMÍREZ; en virtud de que se determinó que el escrito de ampliación presentado por el quejoso en los autos del juicio de amparo 721/2020-I, de nuestro índice, era susceptible de tramitarse como una demanda independiente, remitiéndola a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residente en esta ciudad, misma que por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO De escrito de demanda se observa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable que denominó Fiscal Séptimo Especializado en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; las actuaciones, constancias o diligencias de inicio e integración de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7/2998/2018, a partir del veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve; así como la omisión en citarlo a comparecer con el carácter de indiciado, en la referida carpeta de investigación. Una vez precisado lo anterior, el suscrito juzgador determina que debe desecharse la demanda respecto del acto que el quejoso hizo consistir medularmente en la integración de una carpeta de investigación; por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, a juicio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se estima actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque tales actos no le causan perjuicios a la parte quejosa. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Del numeral transcrito, se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Por su parte, el numeral 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De conformidad con las disposiciones indicadas, es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine o le afecte un perjuicio a su esfera jurídica. Bajo ese contexto, se advierte que la indebida integración de la carpeta de investigación que reclama el quejoso JUAN FERNANDO RAMOS RAMÍREZ, por parte del fiscal responsable, no ocasiona un perjuicio a su esfera jurídica de derechos, al ser un presupuesto procesal necesario, para -de ser procedente-, llevar a cabo la imputación al quejoso respecto de los datos posiblemente constitutivos de delito. En ese sentido, la integración de la carpeta de investigación que realice el Ministerio Público, no afecta su libertad personal, ya que dicha representación social tiene por objeto al tener conocimiento de la comisión de un delito, de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, carpeta que pude ser susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal; por ende, se afirma válida y objetivamente que no causa perjuicio de dicho quejoso. Resulta aplicable al caso, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil novecientos cuarenta y siete, del Libro 48, Tomo III, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". Así como la diversa tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, visible en la página dos mil quinientos noventa y dos, del Libro 33, Tomo IV, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, intitulada: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". Con independencia de lo anteriormente expuesto, debe precisarse que de igual forma, se hace patente el tema de la temporalidad. En efecto, también se advierte respecto de dicho acto reclamado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que dispone lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." A su vez, el arábigo 17 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del texto de los preceptos legales antes trascritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el diverso 17 de la Ley de Amparo y que el término genérico para la presentación de la demanda de garantías, es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de esa propia ley, esto es, a aquél que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, a aquél en que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Pues bien, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados, lo siguiente: "Primero. Las Actuaciones, Constancias o Diligencias de inicio e integración de la Carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/FESP7/2998/2018, a partir del día 28 de noviembre del año 2018 al día 11 de diciembre de 2019. Segundo.- La omisión en citarme a comparecer con el carácter de indiciado, en la Carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/FESP7/2998/2018." En el caso, el directo quejoso Juan Fernando Ramos Ramírez, en su escrito de demanda manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados y autoridad, con las copias certificadas que obtuvo de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7/2998/2018, del índice de la Fiscalía Séptima Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de personas, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, el siete de diciembre de dos mil veinte, por lo que a la fecha de presentación de su escrito de su demanda (veintidós de enero de dos mil veintiuno), resulta extemporáneo, por haber transcurrido en exceso el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, puesto que tal y como el propio quejoso lo reconoce, desde el siete de diciembre de dos mil veinte, en que obtuvo las fotocopias de la aludida carpeta de investigación, el quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora pretende reclamar en este juicio de garantías. En esas condiciones, es evidente que se actualiza, en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, de la Ley de Amparo, en virtud de que del ocurso de demanda, se desprende que por lo menos desde el siete de diciembre de dos mil veinte, el solicitante del amparo, tuvo conocimiento de las actuaciones, constancias o diligencias de inicio e integración de la carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/FESP7/2998/2018, cuyo acto reclama en esta vía, por lo que, si la demanda de que se trata la promovió hasta el día veintidós de enero de dos mil veintiuno, tal y como se desprende del sello del reloj checador impreso en su primera foja por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta Ciudad; entonces resulta inconcuso su extemporaneidad, dado que entre la fecha en que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del acto que combate (siete de diciembre de dos mil veinte) y la de presentación de aquélla (veintidós de enero del presente año), transcurrió en exceso el plazo de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues de conformidad con lo que dispone éste numeral el plazo aludido comienza a contar desde el día hábil siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos o su ejecución, es decir, en este caso, a partir del día nueve de al treinta de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis, y veintisiete de diciembre, por ser inhábiles, por lo que dicho plazo expiró el treinta de diciembre pasado. En ese contexto, queda de manifiesto que al veintidós de enero de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de garantías en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, había transcurrido en exceso el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que lleva a concluir que el acto fue consentido tácitamente y por ello este juicio de amparo es improcedente y tal circunstancia provoca el desechamiento del presente juicio de garantías. Tiene apoyo a lo anterior por su sentido, la tesis de la Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 193-198- Primera Parte, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como además, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, del Tomo IX, Junio, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Así como la jurisprudencia VI.2º. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". Sin que en el caso, los actos materia de la presente demanda se encuentren comprendidos, dada su naturaleza, en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia, en las que se puede promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, toda vez que no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; por lo que, en este caso, para la promoción de la demanda de amparo debió atenderse al plazo genérico de quince días. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualizan de manera indudable y manifiesta las causas de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda promovida por JUAN FERNANDO RAMOS RAMÍREZ. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Toda vez que el impetrante se encuentra recluido en el "Penalito de Veracruz", Módulo Preventivo de Setenta y Dos Horas dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, ubicado en las instalaciones dela extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, en Cuauhtémoc, sin número, colonia Playa Linda, en Veracruz, Veracruz; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifique personalmente la presente determinación al quejoso por conducto del actuario adscrito que corresponda. Finalmente, atendiendo que, la parte quejosa proporciona el correo electrónico lic_jacobo@hotmail,com, así como el número telefónico 22 91 54 49 36; al respecto, tomando en consideración la emergencia sanitaria que se vive en el país generada por la epidemia derivada por el virus COVID-19 a fin de resguardar la salud y evitar contagios por dicho virus, se tiene dicho correo electrónico y número telefónico a fin de tener contacto de forma especial y expedita con el promovente para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. EXHORTO A LAS PARTES Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se exhorta a las partes, para que: a). Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicio en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. LINEAMIENTOS PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES Se instruye a los actuarios que las notificaciones que hagan en el presente asunto, se ajusten a lo previsto en los artículos 21 y 23 del referido Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que las notificaciones personales, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte promovente en el lugar en que se encuentra recluido.

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