Juan Fernando Pérez Carranza

Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
384/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Fernando Pérez Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual la Justicia de la Unión no Amparó ni Protegió en el presente juicio de amparo, a --------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso c, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que la justicia de la unión no amparó ni protegió en el presente juicio de garantías a la parte quejosa, y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción, debiéndose dejar únicamente del expediente principal la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    VISTOS para pronunciar sentencia los autos del juicio de amparo 384/2020-VI promovido por ------------------, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de junio de dos mil veinte, por el Secretario autorizado por este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, para recepcionar demandas de amparo relativas a los artículos 15, 17, fracción IV y 20 párrafo primero, de la Ley de Amparo y todas aquellas promociones de término que se presenten después del cierre de oficialía de partes y que requieran de diligenciación urgente; así como de aquellas que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ----------------, por propio derecho, solicitó el amaro y la protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridades que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estima vulnerados. La parte quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los artículos 14, 16 Y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veinte, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento, y con fundamento en la Circular 4/2020 del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativa a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran reanudadas las labores de este recinto judicial. Posteriormente, en auto de veintisiete de julio de dos mil veinte, se ordenó la reanudación del trámite en el presente sumario constitucional, de conformidad con el acuerdo general 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en consecuencia, este órgano jurisdiccional fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la tramitación del presente juicio, del informe justificado rendido por autoridad ordenadora se advirtió que en el presente juicio que a diversas personas les recae el carácter de tercero interesados, por lo tanto, mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veinte, se ordenó su emplazamiento a juicio. Finalmente, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de ésta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que el acto reclamado tiene ejecución material en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, lugar en el que éste resolutor ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo,20 a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente,21 el acto reclamado en el presente juicio es el siguiente: ? El auto de vinculación a proceso de doce de abril de dos mil veinte, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, en la carpeta administrativa 349/2020, en contra del hoy quejoso, por la probable comisión del hecho delictuoso de secuestro exprés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es CIERTO el acto reclamado, toda vez que el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó haber dictado el auto de vinculación a proceso, dentro de la carpeta administrativa digital número 349/2020.22 Lo cual se corrobora con el expediente digital de la carpeta administrativa 349/2020 remitido en formato DVD, y con las copias certificadas de los discos de videograbación de las audiencias celebradas dentro de esa carpeta.23 20 En observancia a la Jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, con número de registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. [.]" 21 En apoyo a lo considerado, al no contravenir lo dispuesto en la actual ley de la materia, se cita la tesis jurisprudencial P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, con número de registro 181810 que en su rubro prescribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 22 Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, con número de registro 917812 del título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 23 Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDADRESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O por la responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo establece en su artículo 2.24 Certeza que se extiende a los actos de las autoridades ejecutoras por no haber sido reclamados por vicios propios,25 máxime que ni el agente del Ministerio Público de Litigación del Distrito Judicial de Cuautitlan, ni el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Cuautitlán, rindieron sus informes justificados, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, también se tienen por ciertos. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Pues bien, en el presenta caso las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su actualización, por lo tanto a continuación se procede al estudio de fondo respecto de ese acto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y estudio de fondo del acto reclamado. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias;26 sin embargo es conveniente precisar que el quejoso, en síntesis, adujo lo siguiente: ? Refiere que después de ser detenido, fue puesto a disposición de la fiscalía por el hecho delictuoso de robo agravado; sin embargo al momento de iniciar la carpeta de investigación, y una vez que las víctimas fueron aleccionadas, dijeron que se las tenía privada de su libertad; lo cual es falso y se contradice con las propias declaraciones de los primeros respondientes. ? Los policías primeros respondientes declararon que cuando llegaron, dos de las víctimas salieron corriendo detrás del imputado, lo cual es contradictorio, pues en las declaraciones de las víctimas éstas refieren que estaban atadas de pies y manos. ? Una vez iniciada la carpeta de investigación ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, éste calificó de legal la detención, sin embargo no realizó un análisis fáctico de los datos de prueba, sino que solo se dejó llevar por los argumentos de la fiscalía, pues no se acreditó que él hubiera privado de la libertad a ninguna persona. SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. 24 Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Quinta Época, con registro 394182, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 25ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SU EXISTENCIA DEPENDE DE SI LA ORDENADORA LO ADMITIÓ, Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN SU EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO O LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, POR LO QUE NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. 26 Resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. [.]" RODRIGO ALEJANDRO RAMOS GOMEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.88.f7 06/02/21 17:57:50 ? Al respecto reitera que en la carpeta administrativa se encuentran diversas anomalías al momento de su integración, en relación con lo manifestado por las víctimas, según los cuales el imputado junto con otras nueve personas habían cometido el hecho delictivo, sin embargo, al momento de la detención, los elementos aprehensores únicamente encontraron a Juan Fernando Pérez Carranza, a ninguna otra persona; y que las víctimas se encontraban amarradas de pies y manos, pero después se contradicen al manifestar que cuando llegaron los policías municipales el quejoso salió corriendo y tras él salieron corriendo dos sujeto gritando que los tenía privados de su libertad. A continuación se procede a analizar los conceptos de violación, bajo el entendido de que en el presente caso aplica la suplencia de la queja deficiente del quejoso, al ubicarse en el supuesto del artículo 79, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo.27 Sobre esas bases, el suscrito se avoca al análisis del auto de vinculación a proceso de doce de abril de dos mil veinte; para lo cual es necesario atender los requisitos contenidos en el artículo 19 constitucional, así como en los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al momento de los hechos.28 Además, es importante tener en cuenta que, como todo acto de 27 Procede suplir la deficiencia de la queja del quejoso, por tratarse de un asunto de naturaleza penal en el que el quejoso resulta ser imputado en la carpeta de investigación de origen. Al respecto cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242 del Tomo XXVII (marzo de 2008), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. 28 "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha autoridad, el auto de vinculación también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal.29 En ese tenor, de los artículos de referencia se desprende que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos tanto de forma como de fondo, que a continuación se analizan: I. Requisitos formales A. Haberse formulado imputación. Requisito que en la especie se cumple, porque, el agente del Ministerio Público en presencia del juez responsable y del investigado, formuló imputación contra el ahora quejoso, haciendo de su conocimiento que se le investiga por hechos con apariencia de delito cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." 29 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de consistentes en: secuestro exprés en contra de las víctimas de identidad reservada J.C.R., I.J.Q.H., J.U.H., V.Z.A.V., C.A.P.M., V.D.V.P. y M.A.R.G.; y robo agravado por haberse cometido con violencia, en contra de las mismas víctimas y de la moral Tienda 3 B, Sociedad Anónima de Capital Variable (tercer segmento de la videograbación de la audiencia de nueve de abril de dos mil veinte, minuto 00:42:10) B. El imputado debe haber rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. También se encuentra satisfecho este requisito, porque inmediatamente después de la formulación de imputación, la juez responsable concedió al aquí quejoso su derecho a declarar y, previa consulta con sus defensoras privadas, expresó su deseo de no ejercerlo (segmento cinco de la audiencia de nueve de abril de dos mil veinte, minuto 00:00:10 de la videograbación) C. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra cumplido pues la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán resultó ser competente para resolver la situación jurídica del quejoso, por razón de materia, territorio, fuero y persona. D. Debe dictarse dentro de setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez penal -plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensa-. Este requisito igualmente se encuentra cumplido, porque el juez de control ratificó la detención, dándole efectos retroactivos a partir de la fecha en que el ahora quejoso fue puesto a su disposición en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán México, esto es a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del siete de abril de dos mil veinte, por lo que las ciento cuarenta y cuatro horas que la juez tenía para resolver, en atención a la solicitud de duplicidad del plazo constitucional, vencían a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del trece de abril de dos mil veinte. Por tanto, si la situación jurídica del quejoso fue resuelta con el auto de vinculación a proceso a las catorce horas con diecinueve minutos del doce de abril de dos mil veinte, es claro que dicho requisito se encuentra satisfecho. Asimismo, quedó acreditado que el hoy amparista estuvo legalmente asistido durante el desarrollo de todos los segmentos de la audiencia inicial, por las defensoras particulares expresamente designadas en la audiencia de nueve de abril de dos mil veinte -Sandra Sánchez Moreno, y María Alicia Manrique Rivera; por lo que también se cumplió con el requisito de defensa técnica y adecuada a favor del aquí impetrante.30 ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." 30 Tiene aplicación la tesis jurisprudencial P. XII/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 413, Décima Época, registro: 2006152, de rubro y texto siguiente: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor." E. Debe dictarse únicamente por hechos que fueron motivo de imputación -aunque el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público- F. Debe estar fundado y motivado. G. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. Por lo que respecta a estos requisitos identificados en los incisos E, F y G, serán materia de estudio a la par de los elementos de fondo, por estar íntimamente relacionados con éstos. II. Los requisitos de fondo son: 1. La existencia de datos de prueba razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, en los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente. 2. La probabilidad de que el imputado cometió el ilícito o participó en su comisión. 3. No comprobarse plenamente a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.31 De igual forma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 16, 20 y 133 constitucionales, todo acto de autoridad que entrañe afectación a la libertad de una persona32, como puede considerarse al auto de vinculación a proceso33, debe estar justificado en un mandamiento -aun emitido de forma oral- que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que materializa las garantías de legalidad y seguridad jurídica.34 31 Las anteriores consideraciones tienen apoyo por identidad jurídica sustancial en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo XXXII, (octubre de 2010), visible a página 2901, cuyo rubro dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). [.]" Así como, en la diversa tesis Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, (abril de 2011), página: 1228, cuyo rubro a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). [.]" 32 Aunque en este caso no se ve comprometida la libertad del amparista, al haberse decretado la medida cautelar de presentación periódica. 33 No debe perderse de vista el hecho de que, en estricto sentido, el acto que mantiene privada de su libertad a la persona vinculada a proceso, es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada, de acuerdo al delito por el que se vinculó y no como tal, el auto de vinculación emitido en su contra; sin embargo, éste es el fundamento principal para la imposición de aquella. 34 Al caso se invoca, por similitud de condiciones jurídicas, la tesis número XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V (febrero de 2012), Tomo 3, página 1940, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la Sobre ese marco de referencia constitucional y legal, se procede a examinar si el auto reclamado cumple con los requisitos de fondo, para de ese modo dar respuesta a los conceptos de violación planteados en su contra. En primer lugar, fin de advertir si existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- lo cometió o participó en su ejecución, como lo exige el numeral 19 constitucional y, tener un panorama del delito estudiado, es pertinente mencionar la circunstancia fáctica expuesta por el juez de control al dictar el auto vinculatorio, el cual es, en esencia, el siguiente: El día cinco de abril de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, en el Centro de Distribución de la moral Tienda 3B, Sociedad Anónima de Capital Variable ("CEDIS"), ubicado en calle Alijadores número cinco, colonia San Sebastián Xala, municipio de Cuautitlán Izcalli, el imputado Juan Fernando Pérez Carranza, en compañía de otros sujetos, aproximadamente nueve o diez, ingresaron a las instalaciones referidas, en donde privaron de la libertad, una a una a las víctimas de identidad reservada, J.C.R., I.J.Q.H., J.U.H., V.Z.A.V., C.A.P.M., V.D.V.P. y M.A.R.G., quienes se desempeñaban como guardias de seguridad del inmueble de referencia, con el objetivo de robar la mercancía existente en dicha central de distribución. En primer lugar, la víctima de identidad reservada J.C.R., cuando estaba afuera de las instalaciones, en un vehículo de patrullaje, descendió a verificar unas mochilas sospechosas, momento en el cual fue amagada por cuatro o cinco sujetos con un arma de fuego, quienes lo llevaron a una de las casetas de vigilancia donde lo despojaron de $700.00 (setecientos pesos 00/100 MN) y lo amarraron de pies y manos; mientras otro de los investigados que también laboraba como guardia de seguridad, abrió el zaguán. Posteriormente, también amagaron al jefe del área de embarques, víctima de identidad reservada I.J.Q.H., a quien desapoderaron de dos teléfonos celulares y $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN). Después, los sujetos activos sometieron a la víctima de iniciales V.D.V.P., que había llegado a inspeccionar el lugar en atención a que sonó una alarma, y a la diversa víctima M.A.R.G., a quienes también llevaron a la caseta de vigilancia, en donde los ataron de pies y manos, y los desapoderaron de dos teléfonos celulares y de sus carteras. Asimismo, llevaron a esa caseta a la víctima de iniciales C.A.P.M., también elemento de seguridad, quien estaba de patrullaje, pero fue interceptado por dos de los sujetos activos de nombre desconocido, a quien amagaron con un arma de fuego, y lo desapoderaron de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN), de sus tarjetas bancarias y de dos celulares; y también lo ataron de pies y manos, atándolo de pies y manos con cinta canela y cuerda tipo rafia. Posteriormente, los empleados de seguridad, víctimas de identidad reservada J.U.H. y V.Z.A.V., cuando fueron a revisar el área de rampas de embarque fueron sorprendidos por el ahora imputado y otra persona que descendieron de un vehículo. El aquí imputado golpeó con una pistola plateada a la víctima J.U.H., en la cabeza, y después de caer al piso fue someido por el otro sujeto activo, mientras el aquí imputado ahora amenazaba a la víctima de identidad reservada V.Z.A.V. Dichas personas fueron llevadas a diversa caseta de vigilancia, donde fueron puestos boca abajo y vigilados por el ahora quejoso, Juan Fernando Pérez Carranza. Situación que perduró hasta que aproximadamente a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, arribaron elementos de la policía municipal, momento en el que la mayoría de los activos se dan a la fuga; sin embargo, cunado uno de los primeros respondientes gritó policía, el hoy imputado salió corriendo de la caseta de vigilancia en donde se encontraba y se trató de esconder debajo de un camión; sin embargo las dos víctimas a quienes vigilaba salieron corriendo tras de él pidiendo al policía municipal que lo aprehendiera porque los tenía privados de su libertad. Ahora, de la revisión de los segmentos de la audiencia celebrada el nueve de abril de dos mil veinte, se advierte que la fiscalía hizo referencia a los siguientes datos de prueba: 8. Las entrevistas de las víctimas, que fueron rendidas por las personas que resintieron directamente la conducta del imputado y quienes la apreciaron a través de sus sentidos. formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. 9. Las entrevistas rendidas por los primeros respondientes los elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, José Saturnino Alcántara Aguilar y Carlos Heras Barranco. 10. El informe policial homologado de los primeros respondientes. 11. La inspección policial del lugar de los hechos, con lo cual se acredita la existencia física y material donde ocurrieron los hechos. 12. Los certificados médicos de las víctimas J.U.H., V.Z.U.V., e I.J.Q.H., de donde se advierten diversas lesiones provocadas por las agresiones de los sujetos activos. 13. La base de investigación e inspección del lugar de los hechos, realizada por el policía de investigación --------. 14. La entrevista de la apoderada legal de la empresa agraviada, Tienda 3b, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que refiere que los activos sí lograron sustrae mercancía de la central de distribución de la tienda. A partir de dichos elementos, la juez de control consideró que los hechos narrados tienen la apariencia de delito, cuya clasificación jurídica preliminar fue la de secuestro exprés, en contra las víctimas de identidad reservada J.C.R., I.J.Q.H., J.U.H., V.Z.A.V., C.A.P.M., V.D.V.P. y M.A.R.G., previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d) y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,35 en relación con los numerales 7, párrafo primero, fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13, fracción III, todos del Código Penal Federal.36 35 "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: [.] d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: [.] b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; [.]" 36 "Artículo 7.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: [.] II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y [.] Artículo 8.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Artículo 9.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, [.] Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito: [.] III.- Los que lo realicen conjuntamente; Los numerales antes referidos establecen que el delito de secuestro exprés ocurre cuando una persona, con la finalidad de ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro, el cual, resulta agravado si quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; al igual que si se realiza con violencia. Lo anterior permite constatar que el acto reclamado cumplió el requisito formal señalado previamente con la letra E, consistente en que el auto de vinculación a proceso se dicte por los hechos motivo de imputación; porque la juez responsable se ciñó a los hechos narrados por la fiscalía, sin variarlos o complementarlos. Así mismo, se cumplió con el requisito señalado con la letra G, pues el juez hizo referencia a las circunstancia de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos constitutivos del delito, como se advierte de los párrafos precedentes. Ahora, por lo que hace al requisito de fondo marcado con el número 1, es decir que se constate la existencia de datos de prueba que permitan establecer razonablemente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, se encuentra satisfecho. Como se advierte del segundo segmento de la audiencia de doce de abril de dos mil veinte, el juez responsable llegó a la convicción de los hechos delictuosos estaban acreditados, con las entrevistas de las víctimas, las cuales eran idóneas y pertinentes, ya que resultan personas que aparecieron los hechos de forma directa, y de las cuales se aprecia el lugar y la forma de ejecución del acto. De forma particular, el juez responsable tomó en consideración las entrevistas de las víctimas J.U.H. y V.Z.A.V., (minuto 24:45 de la videograbación del segundo segmento de audiencia) quienes, en esencia, refirieron: ? Ser empleados de la empresa de seguridad privada encargada de la seguridad del CEDIS de la empresa Tienda 3b, en donde se encontraban realizando un recorrido cuando sonaron las alarmas, por lo que acudieron a la sección de rampas, donde llegó una unidad de patrullaje, por lo que se le abrió el portón para que pudiera ingresar, momento en el cual descendió del lado del conductor el imputado, Juan Fernando Pérez Carranza, y del copiloto otra persona del sexo masculino; que el imputado golpeó en la cabeza con arma de fuego a la víctima de identidad reservada J.U.H., mientras que el otro imputado lo sometió en el suelo; y después ambos lo llevaron bajo amenaza junto a su compañero de iniciales V.Z.A.V., al área de la caseta, donde los pusieron boca abajo y les dijeron que "no hicieran pedo". ? Que el imputado se quedó vigilandolos y cuando escuchó el grito de "policía"; salió corriendo y se escondió debajo de un camión tipo "torton", momento en el cual dichas víctimas salieron corriendo atrás de él y lo identificaron con los policías. Datos de prueba, de los cuales, el juez responsable refiere, se advierte que el quejoso participó en la comisión del delito, pues dos víctimas hicieron un señalamiento directo que los amagó y golpeó con un arma de fuego, para después privarlos de su libertad, mientras que los demás activos los desapoderaban a ellos y a sus compañeros de sus propiedades; lo cual hace evidente que la privación de la libertad se cometió con el propósito de que se ejecutaran los delitos de robo durante el momento de tiempo que duró la privación. Por otro lado, este Juzgado de Distrito, considera que con esos datos de prueba, se desvirtúan los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en el sentido de que es contradictorio que si las víctimas se encontraban amarradas, salieran corriendo detrás de él cuando llegaron los elementos policiales. Lo anterior, porque de los hechos se desprende que precisamente las víctimas J.U.H. y V.Z.A.V., que fueron llevadas a una caseta de vigilancia distinta de los demás, en la que no fueron amarrados como sus compañeros, sino que los sujetos activos únicamente los pusieron boca abajo y los amenazaron [.]" verbalmente para que no se movieran; por ende, no se considera contradictorio o ilógico que éstos salieran detrás del ahora quejoso, una vez que éste trató de esconderse debajo del camión, para pedirle a los policías que lo detuvieran porque los tenía privados de su libertad. En la misma línea, el juez de control adminiculó las declaraciones de las víctimas con la de los primeros respondientes (minuto 49:11 de la videograbación de la audiencia correspondiente); ya que el primero de ellos, José Saturnino Alcántara Aguilar, refirió que el cinco de abril de dos mi veinte, a las veintitrés treinta y cinco se trasladó al centro de distribución referido, y que cuando entró al área de vigilancia gritó policía, momento en el cual sale corriendo un sujeto masculino quien se mete debajo de un camión (el imputado), seguido de dos víctimas las victimas les dice que momentos antes los tenía privados de su libertad, desapoderado de sus pertenencias, y lesionado, junto con otros sujetos que momentos antes se habían dado a la fuga. Por lo que procedió a detener al imputado. Igualmente, el juez tomó en consideración que la entrevista del otro primer respondiente era coincidente, pues declaró que mientras su compañero detenía al ahora quejoso, él se dirigió a la otra caseta de vigilancia, donde había cinco personas atadas de pies y manos, a quienes ayudó a liberar; momento en el que le manifestaron que varios sujetos los acababan de desapoderar de sus pertenencias. Luego se estimó que del informe policial homologado, así como de una inspección de investigación se desprendía la existencia del lugar de los hechos, y con los certificados médicos de las víctimas que tres de ellas presentaron heridas que coincidían con los golpes que refirieron haber recibido. Finalmente, el responsable estimó que de la entrevista de la apoderada legal de la empresa agraviada, se advertía que los activos lograron sustraer mercancía de la tienda. De tal forma, se coincide con el criterio del juez responsable, en tanto los datos de prueba referidos por la agente del ministerio público, razonablemente permiten considerar que: (vi) ------------- y otros sujetos de identidad desconocida privaron de la libertad a las víctimas de identidad reservada J.C.R., I.J.Q.H., J.U.H., V.Z.A.V., C.A.P.M., V.D.V.P. y M.A.R.G., para ejecutar los delitos de robo, los cuales se establecen de manera toral con las entrevistas de las víctimas, quienes señalaron, de manera uniforme, cómo el día de los hechos fueron privados de la libertad, cinco de ellos atados de pies y manos, y dos únicamente puestos boca abajo y amagados con amenazas físicas y verbales; y desapoderado de sus pertenencias. (vii) Que el ahora imputado intervino de forma directa en la privación de libertad de J.U.H. y V.Z.A.V., ya fue él quien los llevó a la caseta del CEDIS donde estuvieron privados de su libertad, y se quedó a vigilar que no se movieran, mientras los demás autores materiales sustraían la mercancía del centro de distribución en comento. (viii) El resultado material del hecho delictuoso; consistente en la mutación física de las víctimas, quienes ya no pudieron moverse o deambular, sino que permanecieron en cautiverio hasta que los rescató la policía, tiempo durante el cual las víctimas fueron desapoderadas de sus pertenencias y a la tienda también se le sustrajeron bienes. (ix) La modificativa de haberse llevado en un grupo de dos o más personas también se tuvo por acreditada, ya que de las entrevistas de las víctimas, se advertía la participación de manera consensuada de aproximadamente diez personas, entre ellos el imputado, quienes se dividieron las tareas para cometer la finalidad delictuosa. (x) Respecto de la modificativa de que se realizó con violencia, también se tuvo por acreditada ya que todos los denunciantes refirieron haber sido víctimas de amagos y golpes, esto es, violencia física y moral, la cual se corrobora con los estados médicos de I.J.Q.H., J.U.H. y V.Z.A.V., pues en ellos se advierte que presentaron lesiones en su integridad física. Continuando con el examen de los requisitos de fondo, este órgano jurisdiccional estima que también se encuentra satisfecho el requisito marcado con el número 2, es decir, que exista la probabilidad de que el imputado cometió el ilícito o participó en su comisión. Al respecto la juez responsable consideró que la probable intervención del imputado se encontró debidamente justificada por los señalamientos en su contra por parte de las víctimas a quienes directamente agredió y privó de su libertad, y porque si los elementos aprehensores lo detuvieron cuando estaba tratando de esconderse debajo de un camión, lógicamente se podría inferir que había participado en los hechos ocurridos un instante antes. Datos de pruebas que se estiman convincentes para establecer la identidad del sujeto activo como coautor material, pues el imputado en conjunto con otros sujetos, realizó los movimientos necesarios para golpear a las víctimas de iniciales J.U.H. y V.Z.A.V. amagarlos y llevarlos a la caseta de vigilancia. Además, de todas las entrevistas de las víctimas y demás datos de prueba, se desprende que los activos habían realizado un acuerdo, ya que fueron realizando el hecho delictuoso de manera sistemática, privando de la libertad elemento por elemento, y es gracias a la presencia de la policía que se logra liberar a las víctimas, además se visualizó la distribución de funciones, ya que cada elemento realizaba actos específicos, pues unas personas privaron de la libertad a unas de las víctimas y otros a otras. Finalmente, el juez responsable también atendió el último requisito de fondo, marcado con el número 3, ya que corroboró que no estuviera planamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de responsabilidad. La autoridad responsable sostuvo que no existía, hasta ese momento, algún motivo que hiciera presumir que existía alguna excluyente del delito o de la responsabilidad, porque el imputado no se encontraba inmerso en alguna causa de licitud, como error de tipo, ni afectado por alguna incapacidad. Con base en esas consideraciones es que se califican como INFUNDADOS los conceptos de violación en los cuales el quejoso esencialmente se duele de que los datos de prueba eran incongruentes entre sí y que con ellos no se lograba acreditar la participación del ahora quejoso en los hechos delictuosos ni su probable responsabilidad. Pues contrario a lo manifestado por el quejoso, como se vio previamente, el cúmulo de datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial, analizados de acuerdo a las reglas de la valoración probatoria en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultan idóneos, pertinentes y, hasta este momento, suficientes para establecer que se cometieron los hechos imputados y que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión. Es importante recordar que, en el actual sistema penal acusatorio, para emitir un auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía-los cuales no tiene en su poder el juez al momento de resolver sobre la situación jurídica del imputado-, por lo que basta la mención y relación de estos datos recabados por la fiscalía al momento de exponer sus argumentos vinculatorios. Por tanto, los datos de prueba enumerados en líneas precedentes adquieren relevancia demostrativa al existir la imputación directa de las víctimas, quienes establecieron las circunstancias de cómo acontecieron los hechos, en relación a cómo es que cada uno fue privado de su libertad y desapoderado de sus pertenencias, aunado a que dos de las víctimas formularon un señalamiento directo en su contra; además, se puede deducir también que el objetivo final de la conducta era cometer el delito de robo respecto de la mercancía existente en el centro de distribución de la empresa Tienda 3b, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo cual se corroboró con las entrevistas de los primeros respondientes, que describieron de manera congruente y sin contradicciones cómo ingresaron al lugar de los hechos, detuvieron al aquí quejoso y pusieron en libertad a las víctimas, las cuales son consistentes con las declaraciones de las víctimas, y con los certificados médicos las que refirieron haber recibido alguna agresión física. Por ello, la conclusión del juez responsable por cuanto a la justificación de la probable intervención del peticionario de amparo en los hechos delictivos en análisis -hasta esta etapa procesal- se estima ajustada a las disposiciones constitucionales y legales. Como ya se expuso, los datos de prueba expuestos en audiencia por la agente del Ministerio Público, en su conjunto, permiten acreditar, al menos de forma probable, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución del ilícito en análisis, así como la existencia de hechos con apariencia de delito y, la probabilidad de que el imputado, lo cometió.37 Finalmente, se destaca que el quejoso al momento de resolverse su situación jurídica, no desvirtuó la existencia de los hechos que se le imputaron. Por tanto, el suscrito advierte que los argumentos del juez responsable plasmados en el dictado del acto reclamado, resultan fundados y motivados, además de lógicos y acordes a la exposición que formuló la agente del Ministerio Público - requisito de forma señalado con la letra F-; por lo que, contrario a lo aducido por el amparista, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Ante la aplicación de los preceptos legales que contienen la hipótesis delictiva en que se sitúa y conforme a la ponderación indiciaria de los datos de prueba expuestos en el auto de vinculación a proceso reclamado, se encuentran debidamente satisfechos los extremos de fundamentación y motivación que toda resolución judicial debe contener. Ello porque, respecto del primer concepto -fundamentación- se indicaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y por el segundo -motivación- se señalaron, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para su emisión. En ese orden de ideas, este juzgador tampoco advierte violación alguna al artículo 1° constitucional, que establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran obligadas a velar, no solo por los derechos humanos tutelados constitucionalmente, sino también aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en atención a la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, aún en suplencia de la queja, lo procedente es NEGAR la protección constitucional que solicitada por el quejoso, ------------. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: UNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ------------- contra el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia inicial de doce de abril de dos mil veinte, dentro de carpeta administrativa 349/2020, en términos del considerando QUINTO de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 2138 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 37 Lo anterior encuentra sustento en la XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, (Febrero de 2017), Tomo III, visible en la página 2167, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. [.]" 38"Artículo 21. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos y de sesión se publicarán en internet conforme a Así lo resolvió y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2106/2020, de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe, hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil veinte, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe."

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