Juan Fernando Ortíz Arcila
Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Fernando Ortíz Arcila
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado el once de junio de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Roger Laureano Juárez Ramírez, en representación de Juan Fernando Ortiz Arcila; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO DAVID VIRRUETA HERNÁNDEZ EL ACUERDO DE VENTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Edelmira Morales Morales, mediante el cual ofrece diversas probanzas en este asunto. Ahora, es menester destacar que para la admisión de las pruebas, éstas deben ser idóneas y conducentes para justificar el extremo que se intenta, lo que no acontece respecto de las pruebas que se señalaran más adelante. Luego, esta juzgadora procede a analizar la idoneidad de las probanzas ofrecidas, a fin de decretar su admisión o desechamiento. Por lo que hace a la prueba 1) Pericial en grafoscopía y documentoscopía a cargo del licenciado Julio César Marín García, a fin de que verse sobre los puntos insertos en su ocurso de cuenta, dígase que no ha lugar a admitir dicho medio de prueba, toda vez que de su libelo de amparo se advierte que lo que reclama a las autoridades responsables es la notificación y emplazamiento, requerimiento de pago y embargo realizado por el Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, la sentencia de siete de abril de dos mil uno y su ejecución, emitidos en el expediente civil 114/1999, y el efecto de la prueba que pretende se admita no desvirtuaría los actos que aquí se reclaman, ya que como lo asienta en su demanda de amparo en el apartado de antecedentes, el citatorio origen de su notificación fue recibido por su esposo Mario Pérez Pérez, mientras que la notificación, emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, se efectuó con su hijo César Enrique Pérez Morales, por lo que ella no firmó el citatorio ni las diligencias precitadas. Por lo tanto, lo que pretende demostrar la referida quejosa con la citada probanza es que la firma que se encuentre en el expediente 114/1999, no corresponde a su puño y letra, sin precisar exactamente cuál es la firma incriminada, pues es a la parte que ofrece la prueba a quien toca señalar con exactitud cuál es la firma que aduce no corresponde a su origen gráfico. Así como, que la firma que aparece en el pagaré base de la acción en el apartado (aceptamos) no fue puesta de su puño y letra, por lo que trata de demostrar una cuestión diversa a la que constituye el acto reclamado. Por lo tanto, la probanza de mérito es inconducente con la materia del juicio constitucional. En cuanto a la prueba citada en el punto 2) del ocurso que se provee, consistente en la testimonial que ofrece la parte quejosa, a cargo de Ramón May Meneses y Carlos Alberto Priego Morales, se acuerda lo siguiente: Tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas, en virtud de que es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados, siendo evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final. En ese tenor, la referida prueba no es apta para evidenciar la inconstitucionalidad del acto impugnado, pues con dicha probanza únicamente se podrían constatar datos subjetivos, pues si bien es cierto, es una facultad de la que goza la parte quejosa, ésta se limita al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentran el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, lo que en el caso no acontece, ya que la prueba precisa para ello, es la pericial grafoscópica, en la que se aplican elementos científicos o técnicos para determinar la falsedad o autenticidad de una firma, lo que conduce a desechar la probanza de mérito. Apoya lo anterior, la tesis XX. 1º. 152 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Página 778, Tomo VI, Agosto de 1997, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "PRUEBA TESTIMONIAL. NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO. La prueba testimonial no es la idónea para demostrar la alteración del documento en que se apoya la acción cambiaria directa, sino que debe hacerse por medio de una pericial que es la apta para acreditar la alteración o falsificación de un documento." De igual manera, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 41/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 157, materia común, con número de registro 189894, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.". Por otra parte, en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa en el punto 3) de su escrito, consistente en la Pericial en grafoscopía y documentoscopía a cargo del licenciado Julio César Marín García; misma que tiene por objeto acreditar que la firma que aparecen en los documentos cuestionados que menciona en el inciso B, del punto 3), no fueron puestos de puño y letra de Mario Pérez Pérez y César Enrique Pérez Morales, al respecto se acuerda: Toda vez que dicha prueba guarda relación con los hechos controvertidos en este juicio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada la prueba pericial a que se alude propuesta por la parte quejosa. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como los documentos indubitables para estudio, las que señalada en el inciso A) del punto 3), de su ofrecimiento. Bajo la condición de que dicha pericial se desahogará respecto de la firma indubitable del documento que señala en la fracción III, del inciso A), siempre y cuando las firmas que obren en los expedientes de trámite de expedición de la credencial para votar sean autógrafas. En ese contexto, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación este proveído, presente ante este órgano constitucional al aludido profesionista, para que proteste el cargo conferido, en la inteligencia de que el experto en cuestión en el momento de la aceptación, deberá acreditar con los documentos (en original o copia certificada), que justifiquen su capacidad técnica que desempeña, apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se declarará perdido su derecho a señalar perito, y se entenderá su conformidad con el dictamen que emita el perito que designe este Juzgado. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en atención a lo previsto por los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, tanto usted como su perito, deberán generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ", en el cual les será otorgado un QR, para que puedan comparecer ante este juzgado, a fin de que el experto proteste el cargo conferido De igual forma, con copia del cuestionario al tenor del cual versará el desahogo de la aludida prueba, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dese vista y córrase traslado con copia del aludido cuestionario de pruebas, al tercero interesado David Virrueta Hernández, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, designe un perito en las citadas materias, apercibido que en caso de no hacer designación alguna, se entenderá que estará conforme con el dictamen que en su caso emita el perito oficial designado por parte de este Juzgado. En virtud de lo anterior, gírese atento oficio al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado de Tabasco, para que de conformidad con lo establecido en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación que se le haga del presente auto, proponga un perito en materias de documentoscopía y grafoscopía, que dictamine en representación de este órgano jurisdiccional. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido para ello, se le impondrá multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que en el lapso de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe si en el expediente de trámite que obra en esas oficinas a nombre de los ciudadanos Mario Pérez Pérez y César Enrique Pérez Morales, las firmas que obran respecto de dichas personas son autógrafas, esto es, estampadas de su puño y letra; lo anterior a fin de estar en aptitud del desahogo de la prueba pericial antes citada, en lo referente a la fracción III, del inciso A), del punto 3 de su escrito de ofrecimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con este requerimiento, se hará acreedor a la medida de apremio decretada en párrafo precedente. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Encargado de la Mesa de Juzgados de la Administración Postal de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de mayo actual, hace del conocimiento que requirió al Jefe de Administración Postal de Jalapa, Tabasco, informe el tratamiento dado a los oficios 12337/2022, 12338/2022, 12339/2022 y 12340/2022, expedidos a 1). Juez de Control de la Región Judicial Tres de Jalapa, Tabasco, 2). Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco, 3). Coordinador de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco, asignado al Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco e 4). Iliana Guadalupe May Campos, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente laboral 184/2020 BIS de su índice, a través del cual, procedió a girar el oficio 355/2022 dirigido a BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que en el término de tres días ponga a disposición la cantidad de $1,078,371.52 (un millón setenta y ocho mil trescientos setenta y un pesos 52/100 moneda nacional), a favor de Andrés Jiménez Landero, sin que ello implique congelar el total de la suma depositada en la cuenta bancaria 0192274590, siempre y cuando el titular de la cuenta sea el demandado Reutilo Morales González, por sí y como propietario de la negociación que para efectos comerciales se denomina SINIESTRO Y REPARACIONES DE TABASCO, sociedad anónima de capital variable (SIRETAB). De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, por lo que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de la Materia, se considera que la sentencia concesoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese.
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