Juan Fernando Mejía Hernández
Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Fernando Mejía Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de septiembre del dos mil veintidós, mismo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción; así como la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa Juan Fernando Mejía Hernández, por acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nuevo acto reclamado la respuesta recaída a su escrito inicial de petición, sin que lo haya hecho, no obstante estar debidamente notificado del referido auto. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; con fundamento en el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, se hace efectivo a la parte quejosa, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de once de agosto de la presente anualidad, y en consecuencia, continúese la tramitación del presente juicio de amparo en los términos propuestos en el escrito inicial de demanda. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese sentido, del estado de autos también se advierte que el quejoso Juan Fernando Mejía Hernández, en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, recibido por dicha autoridad el veintidós del mismo mes y año, escrito por el cual solicita la devolución de las cantidades de $3,136.00 (tres mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) por recargo, y $1,704.00 (mil setecientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por gastos de ejecución, respecto de los conceptos de canje anuales del año dos mil dieciséis al dos mil veintiuno y canje de placas de dos mil veintiuno. Así mismo, por proveído de veinticinco de julio del dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable, Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Delegado Fiscal Zona Huasteca de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, rindiendo su informe justificado mediante oficio SF/PF/626/2022, y que acompañó diversas constancias, entre ellas, el oficio SF/DGI/DJCF-AD/1367/2022 de once de julio del presente año signado por el Director Jurídico y de Capacitación Fiscal con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por el que se dio contestación al escrito presentado por el quejoso del cual emana el acto reclamado, y a su vez se autorizó la devolución de la cantidad de $1,779.00 (un mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) con cargo a la partida presupuestal 4144-143-433 a favor del quejoso; documentales que tienen valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo. En ese orden de ideas, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido en este juicio, toda vez que la omisión por parte de la autoridad responsable, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito de dos de marzo del dos mil veintidós, dejó de tener efectos en virtud de se dio contestación a la petición formulada por el quejoso; esto es, la situación inicial que regía al principio, motivo de este juicio de amparo, cambió al ahora estar vigente la contestación que dio la autoridad responsable a su petición. No se soslaya que en auto de treinta y uno de agosto de este año, se tuvo al quejoso por no ampliando su demanda de amparo inicial, lo que significa que el acto reclamado solamente era el ateniente a no dar contestación a su escrito recibido por la responsable el veintidós de marzo del presente año; pues como se aprecia, ello ya aconteció; en consecuencia, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo además en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número SC 1915/2014 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar; y se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de veintiuno de septiembre del año en curso que dice:"Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa Juan Fernando Mejía Hernández, por acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nuevo acto reclamado la respuesta recaída a su escrito inicial de petición, sin que lo haya hecho, no obstante estar debidamente notificado del referido auto. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; con fundamento en el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, se hace efectivo a la parte quejosa, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de once de agosto de la presente anualidad, y en consecuencia, continúese la tramitación del presente juicio de amparo en los términos propuestos en el escrito inicial de demanda. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese sentido, del estado de autos también se advierte que el quejoso Juan Fernando Mejía Hernández, en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, recibido por dicha autoridad el veintidós del mismo mes y año, escrito por el cual solicita la devolución de las cantidades de $3,136.00 (tres mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) por recargo, y $1,704.00 (mil setecientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por gastos de ejecución, respecto de los conceptos de canje anuales del año dos mil dieciséis al dos mil veintiuno y canje de placas de dos mil veintiuno. Así mismo, por proveído de veinticinco de julio del dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable, Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Delegado Fiscal Zona Huasteca de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, rindiendo su informe justificado mediante oficio SF/PF/626/2022, y que acompañó diversas constancias, entre ellas, el oficio SF/DGI/DJCF-AD/1367/2022 de once de julio del presente año signado por el Director Jurídico y de Capacitación Fiscal con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por el que se dio contestación al escrito presentado por el quejoso del cual emana el acto reclamado, y a su vez se autorizó la devolución de la cantidad de $1,779.00 (un mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) con cargo a la partida presupuestal 4144-143-433 a favor del quejoso; documentales que tienen valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo. En ese orden de ideas, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido en este juicio, toda vez que la omisión por parte de la autoridad responsable, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito de dos de marzo del dos mil veintidós, dejó de tener efectos en virtud de se dio contestación a la petición formulada por el quejoso; esto es, la situación inicial que regía al principio, motivo de este juicio de amparo, cambió al ahora estar vigente la contestación que dio la autoridad responsable a su petición. No se soslaya que en auto de treinta y uno de agosto de este año, se tuvo al quejoso por no ampliando su demanda de amparo inicial, lo que significa que el acto reclamado solamente era el ateniente a no dar contestación a su escrito recibido por la responsable el veintidós de marzo del presente año; pues como se aprecia, ello ya aconteció; en consecuencia, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo además en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número SC 1915/2014 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar; y se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente."
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de cuatro días para que el quejoso Juan Fernando Mejía Hernández, desahogue el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de agosto del presente año, el cual comprende del seis al nueve de septiembre del presente año. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de octubre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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