Juan Fernando Marquez Vega
Expediente 182/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fiscal General de la República
- Juan Fernando Marquez Vega
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto, intégrese a las presentes actuaciones el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que contiene el oficio 1062-51, dirigido a la autoridad que la parte quejosa denominó como "51- Secretario de Seguridad y Protección Ciudad de la ciudad de México", con la razón que refiere la imposibilidad para entregarlo, a saber, cambio de domicilio. Atento a lo anterior, se ordena reexpedir dicho oficio a la dirección correcta. Notifíquese por oficio a la autoridad indicada y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. Intégrense a los autos los sobres devueltos por la oficina de correos de México, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contienen los oficios 97 y 801-C, dirigidos a la autoridad señalada por la parte quejosa como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, por los motivos asentados en los propios sobres; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto toda vez que por auto de veinte de octubre pasado, causó estado la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, y se decretó su archivo como asunto concluido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el telegrama remitido por el Director en Jefe de la Agencia Investigación Criminal, por conducto de su representante, mediante el cual proporciona correo electrónico y número de teléfono para oír y recibir notificaciones; al respecto, no ha lugar a tenerlos como medios de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé como tal; sin embargo, de conformidad con los artículo 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se tienen como medios para establecer contacto no procesal, en caso de que ello se estime necesario. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y se negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables 1. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, 8. JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, 9. JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, 11. JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA, 19. JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, 20. JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, 23. JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, 24. JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, 30. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA (ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA), 31. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA (ABELARDO GIL MARTÍNEZ), 32., JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA (LISZET DEL CARMEN FUENTES TRUEBA), 34. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR, CON SEDE EN IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA (JOEL DANIEL BALTAZAR ÁVALOS), 40. JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN PUEBLA (KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS) y 41. JUEZ DE ORALIDAD Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA (SALVADOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ), en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables y al fiscal federal adscrito...
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