Juan Fernando López Cardona o Juan López Zavala

Expediente 510/2013 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
510/2013
Año
2013
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2015

Partes del expediente

  • Juan Fernando López Cardona o Juan López Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado el provéido... se ordena el archivo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 223/2013 derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 261/2013 y un anexo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que se resolvió: "PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece dictado por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo indirecto 510/2013. TERCERO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 510/2013 al mencionado Juez de Distrito del conocimiento, para los efectos establecidos en la parte final de esta ejecutoria". Ahora, visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de diez de junio de dos mil trece, se suspendió el procedimiento en este controvertido, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto en autos, lo que en el caso acontece; en consecuencia, con fundamento en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se reanuda el procedimiento en este asunto. Por otro lado, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal, en principio se destaca que el justiciable reclamó el auto de formal prisión dictado por el Juez Vigésimo Primero Penal del Distrito Federal y la ejecución atribuida al Director del Reclusorio Oriente; asimismo, de su escrito de demanda se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos impugnados el veintiséis de abril de dos mil trece. En virtud de lo anterior, se enfatiza que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el veinticuatro de mayo de dos mil trece. En este orden de ideas, este juzgado considera que debe desecharse la demanda de que se trata al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que refiere el dispositivo 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Para sustentar lo anterior, se considera necesario destacar que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Es preciso señalar que el justiciable manifestó en la demanda, que tuvo conocimiento del auto de formal prisión indicado, el veintiséis de abril de dos mil trece. En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el veinticuatro de mayo de dos mil trece, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso o libertad". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia para solicitar la protección constitucional inició el veintinueve de abril de dos mil trece, atendiendo a lo previsto en el precepto 57 citado, y transcurrió de la fecha indicada al veinte de mayo del año en cita, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de mayo de dos mil trece, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como 63 y 64 del Acuerdo A/003/99 de esa institución remiten al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para el efecto de notificar la determinación de no ejercicio de la acción penal al denunciante, querellante u ofendido, por lo que debe atenderse a dicho código adjetivo para llevar a cabo el cómputo del término de diez días que establecen los diversos numerales 21 y 68 del reglamento y acuerdo citados, respectivamente, para que aquéllos puedan inconformarse en contra de dicha determinación. En ese sentido, si el artículo 57 del código indicado dispone que los plazos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, en consecuencia, el cómputo del término de diez días para que el denunciante, querellante u ofendido puedan inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, debe contarse a partir del día siguiente al de la fecha en que ésta se haya notificado personalmente". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente los actos reclamados. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 ya reproducido, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado consistente en el auto de plazo constitucional -dentro de un procedimiento-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido precepto de la ley de la materia. En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta la causal de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Finalmente, respecto de la copia certificada que remitió la superioridad a este juzgado, consérvese por separado y resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se determine lo relativo al archivo de este expediente...

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