Juan Fernando Alva Ortiz
Expediente 1021/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/01/2022
Partes del expediente
- Juan Fernando Alva Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa a quien pudiere causarle perjuicio, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se sobreseyó en el juicio en que se actúa y se concedió la suspensión de plano y de oficio (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su depuración. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa, se enviará físicamente al archivo. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de cuenta por el que rinde informe justificado el Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Tenancingo, Estado de México. En ese sentido, con sustento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado y acorde con los ordinales 119 y 123 de la legislación invocada, por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que adjuntó la responsable consistente en copia del acuerdo de libertad de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación TGO/IXT/TGO/089/290449/21/10. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el presente asunto, el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en detención fuera de procedimiento, e incomunicación. De las constancias que se allegaron al informe justificado del Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Tenancingo, Estado de México, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que se exponen enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: Revocación; y 2. Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en supuesto y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para los efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. En ese sentido, de la constancia allegada por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Tenancingo, Estado de México, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, a las trece horas con treinta y cinco minutos, en la carpeta de investigación TGO/IXT/TGO/089/290449/21/10, se emitió un proveído en donde se ordena la inmediata libertad del aquí quejoso Juan Fernando Alva Ortíz, girándose la boleta de salida al Jefe de Grupo de la Policía de Investigación de Tenancingo, México, a efecto de que le permita la salida del área de seguridad. Por tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que a la fecha el quejoso ya no se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público responsable, pues se decretó su libertad; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En este orden, el acto reclamado, ha quedado sin efectos, esto es, como si no hubiere afectado la esfera jurídica del inconforme, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efecto alguno ni los surtirá, y que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que se deja sin efectos la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las catorce horas con cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós; así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y, su Gaceta Novena época, con número de registro 176813, de título, subtítulo y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, para el caso de que las autoridades a quienes se dirigen los oficios notificatorios del presente asunto se encuentren en período vacacional, se ordena su resguardo con el Actuario Judicial adscrito a fin de que los entregue hasta en tanto las respectivas autoridades reanuden labores. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que la audiencia constitucional fue fijada para el día de la fecha; empero, no se dan las condiciones necesarias para su celebración, toda vez que no obran copias de las constancias que acrediten la situación jurídica del impetrante del amparo Juan Fernando Alva Ortíz, mismas que se encuentran en la carpeta de investigación TGO/IXT/TGO/089/290449/21/21, las cuales se consideran necesarias para la resolución del asunto y fueron requeridas al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México, mediante proveído de siete de diciembre del año en curso; no obstante, en autos no obra aún el acuse de recibo del oficio que acredite se le haya hecho del conocimiento tal obligación, por lo que se está en espera de las mismas. Consecuentemente, con la finalidad de que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas fundamentales del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dado el horario establecido para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2 y los subsecuentes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado el diecisiete de noviembre del año en curso; pese a estar notificado de dicha solicitud. Por ende, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México, para que, en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe la situación jurídica del impetrante del amparo Juan Fernando Alva Ortíz; pues al rendir su informe de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada en este asunto, refirió que el quejoso se encontraba a su disposición en la carpeta de investigación TGO/IXT/TGO/089/290449/21/21, relativa al delito de portación, tráfico y acopio de arma prohibida, decretando su retención por el plazo de cuarenta y ocho horas a fin de resolver su situación jurídica. De igual manera, remita copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho, pues son indispensables para la resolución del asunto. Apercibido que en caso de ser omiso, se hará efectivo con el que se le conminó mediante auto de diecisiete de noviembre pasado, y se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente, debiendo verificar el Secretario firmante que se glosen las firmas electrónicas del presente proveído. Doy fe.
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