Juan Felipe Hernández Martinez
Expediente 409/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Felipe Hernández Martinez
- Juez Segundo del Ramo Penal En San Luis Potosi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo en el presente juicio, la cual causó ejecutoria por auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, este expediente es susceptible de depuración; lo anterior deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado de incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal, sala sede, San Luis Potosí, los discos compactos que allegó al presente juicio. Notifíquese
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el estado de autos; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si ésta se encuentra cumplida. En primer término, es menester precisar que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, resolución que causó ejecutoria el nueve de agosto de dos mil dieciocho, para el efecto de que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí: I.- Deje insubsistente la orden de comparecencia librada en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en contra del quejoso Juan Felipe Hernández Martínez; y, II.- Señale nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia, en la que se cerciore, mediante la prevención prevista en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que la citación al quejoso fue hecha conforme a derecho, esto es, que el actuario se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto, no sólo por haberse constituido en la dirección que le fue indicada para tal efecto, sino también porque ahí se podía encontrar al buscado y, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda respecto a la solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación especializada en robo a casa habitación, industria y comercio. Mediante oficio recibido en este Juzgado el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, remitiendo para tal efecto, copia certificada de audio y video de la diligencia desahogada a las ocho horas con treinta y ocho minutos del diez de agosto de la misma anualidad, fijadas para la celebración de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia. De la reproducción del disco mencionado, en el minuto cuatro con dieciséis segundos, se advierte que el Juez referido dejó insubsistente la orden de comparecencia librada en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en contra del quejoso Juan Felipe Hernández Martínez, de lo que se advierte que se acató el punto I. Asimismo, se advierte que durante el minuto cinco con cincuenta y cinco segundos, el representante social manifestó su pretensión de desistirse de la forma de conducción al proceso, consistente en la orden de comparecencia en contra del aquí quejoso, ya que consideró que tal medida no era idónea ni pertinente para lograr su cometido, por lo que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, determinó que no había materia para el estudio de una nueva orden de comparecencia, por lo que se hacía innecesario hacer uso de la información proporcionada por el notificador respecto del domicilio del quejoso; de lo que se advierte que se acató lo ordenado en el II. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria emitida en este asunto, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si ésta se encuentra cumplida. En primer término, es menester precisar que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, resolución que causó ejecutoria el nueve de agosto de dos mil dieciocho, para el efecto de que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí: I.- Deje insubsistente la orden de comparecencia librada en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en contra del quejoso Juan Felipe Hernández Martínez; y, II.- Señale nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia, en la que se cerciore, mediante la prevención prevista en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que la citación al quejoso fue hecha conforme a derecho, esto es, que el actuario se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto, no sólo por haberse constituido en la dirección que le fue indicada para tal efecto, sino también porque ahí se podía encontrar al buscado y, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda respecto a la solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación especializada en robo a casa habitación, industria y comercio. Mediante oficio recibido en este Juzgado el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, remitiendo para tal efecto, copia certificada de audio y video de la diligencia desahogada a las ocho horas con treinta y ocho minutos del diez de agosto de la misma anualidad, fijadas para la celebración de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia. De la reproducción del disco mencionado, en el minuto cuatro con dieciséis segundos, se advierte que el Juez referido dejó insubsistente la orden de comparecencia librada en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en contra del quejoso Juan Felipe Hernández Martínez, de lo que se advierte que se acató el punto I. Asimismo, se advierte que durante el minuto cinco con cincuenta y cinco segundos, el representante social manifestó su pretensión de desistirse de la forma de conducción al proceso, consistente en la orden de comparecencia en contra del aquí quejoso, ya que consideró que tal medida no era idónea ni pertinente para lograr su cometido, por lo que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, determinó que no había materia para el estudio de una nueva orden de comparecencia, por lo que se hacía innecesario hacer uso de la información proporcionada por el notificador respecto del domicilio del quejoso; de lo que se advierte que se acató lo ordenado en el II. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria emitida en este asunto, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia del oficio de cuenta; en la inteligencia de que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital que allegó la autoridad responsable, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."
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