Juan Felipe Hernández Martínez

Expediente 491/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
491/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Juan Felipe Hernández Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintitrés de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el diecisiete de noviembre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que respecto de las autoridades responsables, no haya transcurrido el término de ley, pues dado el sentido de la sentencia emitida en el presente expediente, es claro que en nada agravia la misma a dichas autoridades, y la única parte que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quién no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y el cuaderno incidental de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico. En virtud de lo anterior, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el numeral 18 del Acuerdo en comento, dentro de los noventa días siguientes, se ordena llevar a cabo la depuración del original del incidente de suspensión, y solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el numeral 21 del Acuerdo en comento, dentro de los treinta días siguientes, se ordena llevar a cabo la destrucción de este expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    La suscrita María del Pilar Morales Zúñiga, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte.- Doy Fe.- María del Pilar Morales Zúñiga. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa María del Pilar Morales Zúñiga, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 491/2020-3, promovido por ***, contra actos de los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscritos al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede Primera Región Judicial, San Luis Potosí y otras autoridades. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancias de emplazamiento a las autoridades responsables e informes justificados rendidos por éstas. Se da cuenta que por acuerdos de veintidós y treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo como inexistentes a las autoridades responsables que el quejoso denominó como: Agente del Ministerio Público adscrito Unidad de Investigación y Litigación dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado; y, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y/o Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. En virtud de que por acuerdos de veintidós y treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo como inexistentes a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito Unidad de Investigación y Litigación dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado; y, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y/o Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, tómese en consideración dicha circunstancia al dictar sentencia en este juicio de amparo. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta de las constancias que obran en el sumario y que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno al presente juicio de amparo. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no hizo uso de ese derecho; y, con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita que obra agregado en autos; y que no existen diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 491/2020-3, promovido por *****, contra actos de los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscritos al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede Primera Región Judicial, San Luis Potosí y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Juan Felipe Hernández Martínez, por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital del mismo nombre, turnado en la propia fecha a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y/o Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Estratégica de Investigaciones y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y/o Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio. Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sada Sede Primera Región Judicial en San Luis Potosí. Procurador General de Justicia del Estado. Director de la Policía Ministerial del Estado y/o Comisario General de la Policía Ministerial del Estado. Titular o Director de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, detención, retención, comparecencia, arraigo y cualquier orden que ponga en riesgo la libertad personal del quejoso, y su ejecución SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En el propio acuerdo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento de las partes los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que en el caso las partes hayan hecho uso de ese derecho, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos que se reclaman se atribuyen a autoridades residentes en territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: La orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, detención, retención, comparecencia, arraigo y cualquier orden que ponga en riesgo la libertad personal del quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al 1) Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede Primera Región Judicial en San Luis Potosí; 2) Fiscal General del Estado; 3) Director General de Métodos de Investigación; 4) Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Estratégica de Investigación y Análisis; 5) Agente del Ministerio Público de Investigación y Litigación Especializado en Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio; y 6) Director General de Seguridad Pública del Estado; en su denominación oficial correcta, toda vez que en sus respectivos informes justificados negaron expresamente los actos reclamados, sin que el aquí quejoso haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. No se soslaya para la anterior determinación que del contenido del informe justificado que rinde el Gestor del Centro Integral de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí, en representación de los Jueces de Control y de Tribunal de Justicia Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede Primera Región Judicial en San Luis Potosí, se desprenda que en contra del quejoso se siguen las causas penales que enseguida se precisan: ".RI/SLP/CP-53/2017.- El 25 de abril de 2017 fue conducido a proceso en cumplimiento de una orden de aprehensión por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, y el día 28 de abril de 2017, diverso Juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso en su favor, por lo que se ordenó su inmediata libertad. RI/SLP/CP-172/2017.- El 11 de julio de 2018 fue conducido a proceso en cumplimiento a una orden de aprehensión por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, asimismo hago de su conocimiento que el 24 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una audiencia en la cual se autorizó el Acuerdo Reparatorio de efecto inmediato en favor de Juan Felipe Hernández Martínez, por lo que una vez que se realizó la reparación del daño, en la citada audiencia, se declaró la extinción de la acción penal para los efectos de un sobreseimiento y se decretó su inmediata libertad, solo por lo que hace a la causa penal mencionada. RI/SLP/CP-432/2018.- El 5 de junio de 2018 fue conducido a proceso por medio de solicitud de audiencia de control de la legalidad de la detención, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, así mismo hago de su conocimiento que el 11 de junio de 2018, se llevó a cabo una audiencia en la cual se autorizó el acuerdo reparatorio de efecto inmediato en favor de Juan Felipe Hernández Martínez, por lo que una vez que se realizó la reparación del daño, en la citada audiencia, se declaró la extinción del acción penal para los efectos de un sobreseimiento y se decretó su inmediata libertad, solo por lo que hace a la causa penal mencionada. RI/SLP/CP-537/2018.- El 27 de junio de 2018 fue conducido a proceso en cumplimiento a una orden de aprehensión, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, así mismo hago de su conocimiento que en audiencia intermedia celebrada el 15 de julio de 2019, se autorizó la suspensión condicional del proceso en favor de ****, en la cual se comprometió a cumplir con las condiciones previstas en las fracciones I, II, VIII, IX y X, del artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el acto de un año, por lo que se fijaron a las 10:00 horas del 16 de julio de 2020, para llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas, de la cual se advierte que no compareció el citado impetrante. RI/SLP/CP-656/2018.- El 17 de agosto de 2018, fue conducido a proceso por medio de citación para formular imputación en libertad por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, y al día de la fecha se encuentra en la etapa de ejecución a consecuencia de la causa penal referida, con número de ejecución asignado RI/SLP/CE73/2019, de la cual se desprende que al citado quejoso se le autorizo la suspensión condicional de la pena de prisión, por lo que se ordenó su inmediata libertad, quedando supeditado al cumplimento de diversas medias, y además deberá comparecer a la unidad de medidas preliberacionales mensualmente a pasar revista RI/SLP/CP-664/2018.- El 26 de octubre de 2018, fue conducido a proceso en cumplimiento de una orden de aprehensión por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, asimismo hago de su conocimiento que, en etapa de juicio oral, específicamente en audiencia del 23 de septiembre de 2019, el Tribunal de enjuiciamiento dictó fallo absolutorio en favor del ahora quejoso, por el hecho que la ley señal como delito de robo calificado agravado, por lo que se ordenó su inmediata libertad, solo por lo que se refiere a la causa penal aludida. RI/SLP/CP-710/2018.- El 31 de agosto de 2018, fue conducido a proceso por medio citación para formular imputación en libertad por el hecho que lay señala como delito de robo calificado, asimismo hago de su conocimiento que al día de la fecha no se ha formulado imputación, en razón de que la víctima manifestó su deseo de llegar a una salida alterna, por lo que diverso Juez de Control, accedió a remitir la citada causa penal, al Centro de Solución de Controversias, por lo que el mencionado quejoso se encuentra en libertad por lo que a la causa penal señalada." Causas penales de las que aparece se instruyen en contra del quejoso Juan Felipe Hernández Martínez, por el delito de robo calificado, así como el estado que guardan las mismas actualmente; sin embargo, como lo refiere el Gestor del Centro Integral de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí, en el informe justificado que rindió en representación de los Jueces de Control y de Tribunal de Justicia Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede Primera Región Judicial en San Luis Potosí, de éstas no aparece la existencia de los actos reclamados por el quejoso consistentes en la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, detención, retención, comparecencia, arraigo y cualquier orden que ponga en riesgo la libertad personal del quejoso. Negativa que se robustece con la documental que el Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, anexó al informe que rindió en representación del Fiscal General del Estado, consistente en la certificación relativa a la búsqueda efectuada en los archivos de la Coordinación de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que evidencia que no se encontró registro alguno en relación a los actos reclamados por el quejoso, a la cual se le otorga eficacia demostrativa plena a la luz de los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de un documento expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, no objetado por las partes. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 491/2020-3, promovido por ****, los actos que reclama a las autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos Vista la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que le fue formulado en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, dentro del término de tres días que para tal efecto se le concedió en el acuerdo de que se trata. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo a la parte quejosa, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de catorce de octubre de la presente anualidad, y en consecuencia, se tiene como autoridades inexistentes al "Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado" y "Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y/o Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí", en tal virtud, suspéndase toda comunicación con las citadas autoridades.... Notifíquese.

  4. Incidental

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Oficio Téngase por recibido el oficio del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Unidad Especializada del Combate al Narcomenudeo COE Centro de Operaciones Estratégicas del Sistema Penal Tradicional, a través del cual hace del conocimiento de este Juzgado que dicha representación social no fue legalmente notificada de la demanda que dio origen al juicio de amparo 491/2020-3 de donde deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por lo que no rindió su informe previo y justificado. Como se solicita por la autoridad oficiante, téngasele haciendo las manifestaciones que plasma en el oficio con el que se ha dado cuenta, para los efectos legales a que haya lugar dicho oficio, toda vez que en la interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, en la que se presumieron ciertos los actos que se atribuyeron a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó: Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno en cuanto a la autoridad oficiante Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Unidad Especializada del Combate al Narcomenudeo COE Centro de Operaciones Estratégicas del Sistema Penal Tradicional en esta ciudad. Notifíquese.

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