Juan Felipe Chavez Moral

Expediente 1017/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1017/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Felipe Chavez Moral

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que los oficios 10055/2021, 10056/2022 y 10057/2022, dirigidos a las autoridades responsables foráneas, no han sido entregados, toda vez que así se advierte del estudio integral del presente asunto. En tales condiciones, se ordena el reenvío de los citados oficios, dirigidos a las autoridades responsables, a efecto de que tengan conocimiento de la resolución de seis de julio de dos mil veintidós, en los que se notifica la sentencia dictada en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 287/2022 promovido por Gerardo Gallegos Sosa, en nombre y representación de la persona moral Carrocerías Gallegos, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el contenido de la certificación asentada por la Secretaría, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se presentara promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 86, 192 y 193 de la ley de la materia, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro respectivo y en los medios electrónicos adoptados para efectos estadísticos. 2. EFECTOS DE LA EJECUTORIA Ahora bien, en la referida sentencia se determinó que las autoridades responsables, están obligadas al cumplimiento del fallo protector, por lo que sin restar atención al contenido íntegro de la resolución constitucional se destaca lo siguiente: a) Las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica del quejoso Carrocerías Gallegos, Sociedad Anónima de Capital Variable, los artículos 13 a 18 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. b) Se dejen insubsistentes la cuantificación y cobro por conceptos de impuesto para el fomento educativo, contenidos en los comprobantes fiscales digitales con número de folio 43085, 65190 y 97028, expedidos el veintiuno de febrero, veinticuatro de marzo y veintiocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, por el Gobierno del Estado de Durango. c) La responsable deberá restituir las cantidades pagadas por los conceptos de Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, precisados en los recibos de pago aludidos con sus respectivas actualizaciones, ya que según se precisó, sus elementos esenciales están viciados de inconstitucionalidad por depender del pago de derechos que tienen el mismo vicio de inconstitucionalidad, y para esos casos, el Tribunal Supremo de la Nación ha establecido que de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir. En atención a lo anterior, en términos de los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo, queda firme la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la quejosa, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Durango; sin embargo, resulta inconducente requerir a dichas autoridades. Lo anterior es así, dado el sentido de la sentencia de amparo, y atendiendo al principio de relatividad de las sentencias contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es claro y contundente en señalar los efectos de las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo, las que sólo comprenden a los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto la ley que motivó el juicio de amparo. En tales condiciones, respecto a las autoridades que participaron en la creación de la ley resulta innecesario pretender exigir el cumplimiento del fallo protector; ya que el efecto de la concesión únicamente se constriñe a que no se aplique a la parte agraviada, los preceptos tildados de inconstitucionales. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación que es de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA NO PUEDE INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERAN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS"; tesis que es aplicable conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de la Amparo vigente. 3. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Requiérase al Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en lo que le compete relativo a los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, para lo cual deberá corrérsele traslado con copia de la sentencia y demanda de amparo, así como del diverso escrito registrado en la oficialía de partes con el folio 12820. Asimismo, se requiere a su superior jerárquico Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, con sede en Durango, para que le ordene cumplir con dicha ejecutoria de amparo. Sin que sea obstáculo que las autoridades mencionadas en párrafos que anteceden, no hayan sido señaladas como responsables en el presente juicio, sin embargo, las mismas tienen injerencia en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que están obligadas dentro de los límites de competencia, para realizar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con el artículo 197 de la ley en la materia. 4. APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo disponen los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como los artículos Primero y Tercero del Decreto que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia desindexación del salario mínimo publicado en el diario oficial de la federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en Turno del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior, con el objeto de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, previa vista que con tales constancias se dé a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Del estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran integradas las constancias que deban remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos, contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, remítanse al tribunal de alzada, el original y copia del escrito de agravios relativo al recurso de revisión.

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