Juan Feliciano Reyes Cruz
Expediente 948/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Feliciano Reyes Cruz
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo promovida por Juan Feliciano Reyes Cruz para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
VISTO QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE EL AUTO DE NUEVE DE AGOSTO DE 2017, DICTADO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR LISTA EL PROVEIDO ANTES REFERIDO, EL CUAL DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por JUAN FELICIANO REYES CRUZ, promovida contra actos del Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, por considerarlos violatorios del artículo 8 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 948/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de dar contestación por escrito a la petición formulada mediante escrito de seis de julio de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De lo anterior se colige, que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, la omisión de dar contestación por escrito a la petición formulada mediante escrito de seis de julio de dos mil diecisiete, considerando con ello que se transgredió el derecho fundamental consagrado en el ordinal 8 Constitucional. Luego, las manifestaciones de la citada promovente destacadas en el párrafo precedente, constituyen una confesión expresa, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, apta para acreditar plenamente ese extremo, así como la documental que exhibió como prueba, misma que contiene sello de recibido original por parte de la responsable, la cual tiene valor probatorio, de conformidad con los preceptos 133, 203, 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, conforme a las disposiciones legales transcritas, el juicio de derechos no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Ello es así, toda vez que del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, se aprecia que la demanda de derechos fue presentada el nueve de agosto de dos mil diecisiete, es decir, dentro del plazo de tres meses con que cuenta la autoridad responsable, a efecto de que la misma esté en condiciones de dar una respuesta a la aquí quejosa, tal y como a continuación se observará. Precisado lo anterior, los ordinales 16 y 17, todos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla; II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes; III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos; IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos; V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes; IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." De los artículos transcritos, en lo que al caso concierne, se advierte: Que la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, regula la justicia administrativa en dicho Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo Federales y organismos descentralizados de carácter federal; b) Que no podrá exceder de tres meses posteriores a la fecha de su presentación o recepción el tiempo para que las autoridades del Poder Ejecutivo, de los organismos descentralizados de carácter federal resuelvan las peticiones de los particulares. En ese tenor, se tiene que el Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, cuenta con un tiempo máximo de tres meses para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que las autoridades administrativas de referencia, resolvieran las peticiones formuladas por los particulares. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de tres meses aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. Al particular, es aplicable la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXIII, página 39, materia constitucional, sexta época que es como sigue: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO" Así como la diversa jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época registro ius número 162603, página 2167 de rubor y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS" Y, en su parte conducente, la tesis I.4o.A.507 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y uno, tomo XXIII, enero de dos mil seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA." De ahí que, si la solicitud de mérito fue presentada por la quejosa el día seis de julio de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable y la demanda de derechos, en la que se reclama la omisión y/o falta de dar respuesta en breve término a dicha petición, fue presentada el referido nueve de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos, es evidente que no ha transcurrido el mencionado plazo de tres meses de que disponen las autoridades responsables, para dar respuesta a la petición del aquí quejoso. Es aplicable, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." También resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de refiere: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL." Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, promovida por JUAN FELICIANO REYES CRUZ, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Precisión criterios jurisprudenciales Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como lugar para que la parte quejosa oiga y reciba notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en los términos citados a las personas que refiere. Se habilitan días y horas inhábiles. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente."
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por JUAN FELICIANO REYES CRUZ, promovida contra actos del Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, por considerarlos violatorios del artículo 8 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 948/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de dar contestación por escrito a la petición formulada mediante escrito de seis de julio de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De lo anterior se colige, que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, la omisión de dar contestación por escrito a la petición formulada mediante escrito de seis de julio de dos mil diecisiete, considerando con ello que se transgredió el derecho fundamental consagrado en el ordinal 8 Constitucional. Luego, las manifestaciones de la citada promovente destacadas en el párrafo precedente, constituyen una confesión expresa, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, apta para acreditar plenamente ese extremo, así como la documental que exhibió como prueba, misma que contiene sello de recibido original por parte de la responsable, la cual tiene valor probatorio, de conformidad con los preceptos 133, 203, 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, conforme a las disposiciones legales transcritas, el juicio de derechos no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Ello es así, toda vez que del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, se aprecia que la demanda de derechos fue presentada el nueve de agosto de dos mil diecisiete, es decir, dentro del plazo de tres meses con que cuenta la autoridad responsable, a efecto de que la misma esté en condiciones de dar una respuesta a la aquí quejosa, tal y como a continuación se observará. Precisado lo anterior, los ordinales 16 y 17, todos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla; II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes; III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos; IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos; V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes; IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." De los artículos transcritos, en lo que al caso concierne, se advierte: Que la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, regula la justicia administrativa en dicho Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo Federales y organismos descentralizados de carácter federal; b) Que no podrá exceder de tres meses posteriores a la fecha de su presentación o recepción el tiempo para que las autoridades del Poder Ejecutivo, de los organismos descentralizados de carácter federal resuelvan las peticiones de los particulares. En ese tenor, se tiene que el Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, cuenta con un tiempo máximo de tres meses para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que las autoridades administrativas de referencia, resolvieran las peticiones formuladas por los particulares. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de tres meses aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. Al particular, es aplicable la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXIII, página 39, materia constitucional, sexta época que es como sigue: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO" Así como la diversa jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época registro ius número 162603, página 2167 de rubor y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS" Y, en su parte conducente, la tesis I.4o.A.507 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y uno, tomo XXIII, enero de dos mil seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA." De ahí que, si la solicitud de mérito fue presentada por la quejosa el día seis de julio de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable y la demanda de derechos, en la que se reclama la omisión y/o falta de dar respuesta en breve término a dicha petición, fue presentada el referido nueve de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos, es evidente que no ha transcurrido el mencionado plazo de tres meses de que disponen las autoridades responsables, para dar respuesta a la petición del aquí quejoso. Es aplicable, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." También resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de refiere: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL." Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, promovida por JUAN FELICIANO REYES CRUZ, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Precisión criterios jurisprudenciales Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como lugar para que la parte quejosa oiga y reciba notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en los términos citados a las personas que refiere. Se habilitan días y horas inhábiles. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado CESAR DAVID BEJARANO MAGAÑA, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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