Juan Eusebio Ramirez Campos
Expediente 165/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juan Eusebio Ramirez Campos
Actuaciones
- Principal
MESA 4-B.- Téngase por recibido y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Titular de la Delegación Chiapas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual informa que designa al licenciado Humberto Salmerón Nájera, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que patrocine al quejoso en el presente juicio de amparo, sin que haya necesidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, al haberse tenido por no presentada la demanda.
- Principal
MESA 5-B. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al promovente en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE Se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que se constituya al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y notifique de forma personal al promovente de que se trata. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado pero dentro de esta jurisdicción; por tanto, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 156 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
MESA 5-B. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Eusebio Ramírez Campos, contra actos de las siguientes autoridades: a) Juez Primero del Penal en esta ciudad. b) Director General del Centro de Readaptación Social del Estado de Chiapas (sic). c) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México. d) Director y los encargados de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince CPS Chiapas, residente en Villa Comaltitlán. e) Director General de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince CPS Chiapas, residente en Villa Comaltitlán ACTOS RECLAMADOS La parte promovente reclama lo siguiente: "Primero: el traslado injustificado que se realizo en fecha 30 de septiembre de 2020 y que por orden tildo de inconstitucional el haver violado mi garantia de Audiencia y Fundamento. Segundo: La negatividad de esta autoridades para trasladarme a un lugar más sercano a mi domicilio y donde residen mis sirculos familiares primarios y secundari como derecho humano que me haciste y Corresponde por lo que solicito mi traslado inmediato. (sic)." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 165/2021 5-B. PREVENCIÓN El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. En ese sentido, a fin de proveer lo que corresponda respecto del escrito inicial de demanda, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 108, fracción IV y V de la ley en la materia, así como en el diverso 114, fracciones I y IV, de la citada legislación1 , requiérase a la parte promovente para que en el acto de la notificación del presente proveído, o bien, dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Precise a qué se refiere con exactitud al reclamar la "negatividad" de las autoridades responsables de trasladarlo a un lugar más cercano a su domicilio y familia, así como a qué autoridad se lo atribuye en concreto. Lo anterior, puesto que de su demanda de amparo se advierte que lo señala de manera ambigua. 2. Aclare o amplíe los antecedentes del acto reclamado, pues si bien señala como autoridad responsable al Juez Primero del Penal en esta ciudad, y como actos los ya precisados anteriormente, lo cierto es que, en ninguna parte de su demanda precisa en qué causa penal fueron emitidos tales actos, así como el estado procesal que guarda, es decir, si se encuentra a su disposición para la continuación de su proceso, o bien, para la ejecución de las sanciones que se le hayan impuesto. Por lo que, deberá precisar cuál es la causa penal donde fueron emitidos los actos que reclama, así como el estado procesal en que se encuentra, es decir, si está en periodo de instrucción o si ya fue sentenciado. Orienta este criterio, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, pagina 990, abril de 2006, número de registro electrónico 175345, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. (...) 5. Cosa que sucede. 6. (...) Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla (...)". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "(...) 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "(...) Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "(...) Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o bien, no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la ley en la materia, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no obstante en la presente determinación se estima procedente prevenir a la parte promovente para que aclare su escrito de demanda, lo cierto es que este órgano Jurisdiccional debe pronunciarse en torno a la suspensión de plano solicitada, en tanto que se debe analizar, si atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, procede o no su concesión, a fin de evitar en perjuicio de dicha parte ante la posible ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orienta este criterio, la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema BCorte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia común, página 827, registro 2017844, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido." Así, toda vez que la parte promovente refiere en sus conceptos de violación que el acto reclamado se encuentra previsto en la hipótesis de un acto prohibido por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como es causarle daños con secuelas irreversibles, debido a la lejanía con su lugar de origen y derivado de bajos recursos económicos, no puede recibir visita ya que la distancia del lugar en que se encuentra su familia es en el Estado de Michoacán y, en razón del lugar en que se encuentra implica un "tanto económico y mucho tiempo" para poder estar con sus seres queridos, es necesario que este juzgador se pronuncie en torno a la suspensión de oficio y de plano, por disposición del artículo 126, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe señalar que la suspensión constituye una medida cautelar cuyo objeto no es sólo preservar la materia del juicio mientras se resuelve el asunto, al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación, sino también evitar que se causen daños al solicitante de difícil reparación. El artículo 126 de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." A su vez, el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)" De lo expuesto, se advierte que la suspensión de oficio se concede cuando se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República. Además, que dada su naturaleza, no admite condición o restricción alguna que impida que surta sus efectos, por lo que debe comunicarse de manera inmediata y por cualquier medio que permita su cumplimiento. En esas condiciones resulta evidente, que dada la verdadera naturaleza de los actos que reclama la parte quejosa en este sumario constitucional, lo procedente es negar la suspensión de plano, en virtud de que éstos no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 22 Constitucional. Se cita como apoyo la tesis aislada XVI,1o.a.35 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable a página 2818, Tomo III, Mayo 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2019894, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA MATERIA. La suspensión en el amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional que tiende a preservar la materia del juicio. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse de oficio o a petición de parte. Procede de oficio y de plano, en aquellos casos en que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa facultad de los juzgadores no es irrestricta, porque en su ejercicio no pueden desconocer los requisitos previstos en el numeral 128 de la propia ley, como que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, porque a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y de la expedición de la Ley de Amparo vigente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, se generó un sistema equilibrado, orientado a darle mayor eficacia a la preservación de la materia del juicio, pero a la vez dotado de mayores elementos de control para evitar el abuso de la medida y que su otorgamiento lesione el interés social, entendido éste como el conjunto de principios o bienes jurídicos relevantes, objeto de tutela, cuya preservación es prioritaria para el orden público, en función de los cuales, se acotan las decisiones sobre la suspensión del acto reclamado y que, además, es irreductible ante las pretensiones e intereses individuales. Es decir, el hecho de que la suspensión proceda de oficio no justifica que conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normativa que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas, pues ello desnaturalizaría el propósito de la suspensión y convalidaría conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad." Por lo que, este juzgado como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el promovente y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En el caso concreto, se insiste, la parte quejosa, señala como actos reclamados el traslado ejecutado en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, al parecer del Centro Federal de Readaptación Social número dos "Occidente", El Salto Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social No. 15, de Villa Comaltitlán, Chiapas; así como la "negatividad" de las autoridades señaladas como responsables para trasladarlo a un lugar más cercano a su domicilio y donde residen sus círculos familiares primarios y secundarios; por lo que, se estima que dada la naturaleza de los actos reclamados, resulta improcedente conceder la medida cautelar referida. Ello, pues de su contenido, no se advierte que como consecuencia de los actos reclamados se materialice alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cita como apoyo la tesis I.3º.A.J/7, del Tercer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito, consultable a página 951, Tomo III, Enero Junio 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 229397, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada VI.1.A.19K, del Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable a página 1458, Tomo XX, Diciembre 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179731, que dispone: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." No es inadvertido para el suscrito que la parte promovente del amparo únicamente refiere que se encuentra en presencia de un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional (causarle daños irreversibles ante la lejanía de su lugar de origen, así como el que no pueda recibir visita); sin embargo, no basta que el quejoso manifieste reclamar un acto consistente en alguno de los prohibidos por el artículo constitucional en cuestión, sino que es preciso que de la propia demanda y, de las pruebas que a ella se acompañen se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye una de las penas prohibidas por el arábigo en mención. En este orden de ideas, aun cuando el quejoso invoque el artículo 22 de la Constitución, si de la demanda se inadvierte que se está en presencia de los actos prohibidos por el constituyente, entonces el Juez de amparo estará relevado de otorgar de oficio la suspensión a que se refiere el artículo 126 de la ley de la materia, cuya aplicación dependerá en todo caso de las circunstancias y condiciones de cada caso en particular. Entenderlo de otro modo, teniendo por satisfecha la exigencia del legislador con la sola afirmación del solicitante de la medida cautelar, conduciría a desconocer al Juez de amparo como el órgano encargado de aplicar las reglas del juicio de amparo, dejando esta función al simple arbitrio de las partes; empero, del contenido de la demanda de amparo, no se advierte que como consecuencia de los actos reclamados se materialicen malos tratos, tortura, segregación y demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, el pronunciamiento al que se arriba no irroga perjuicio al promovente de amparo, en tanto que, ante la eventual tramitación de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito se encontrara en aptitud de pronunciarse en torno al incidente de suspensión a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión del promovente. SOLICITUD DE DEFENSOR PÚBLICO En otro aspecto, por cuanto que el promovente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en Tuxtla Gutiérrez, esto para que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine al aquí promovente en la tramitación del presente juicio de amparo; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. Remítase copia de la demanda de amparo, para los fines propios de su competencia. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)
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