Juan Esteban Santiago Santiago

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Esteban Santiago Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta al juicio de amparo 764/2020, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo de la ejecutoria que remite la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dictada el pasado veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 280/2022, de los autos originales del juicio de amparo indirecto 810/2022; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, como del contenido de la ejecutoria referida se advierte que el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida donde se sobreseyó en el juicio; al efecto se provee: I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los Archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto procédase a la destrucción de este expediente. V. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase a la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acusando recibo e informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. En otro aspecto, se ordena a la analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico en que se actúa a efecto de que sea vinculado con el amparo en revisión**** del control del colegiado oficiante. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el ocurso de cuenta, por medio del cual, el quejoso Juan Esteban Santiago Santiago, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, téngase a la parte quejosa interponiendo el medio de impugnación que hace valer, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las demás partes copia del escrito mediante el cual se interpone el medio de impugnación señalado y dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se integre el expediente remítase el original del escrito de expresión de agravios, una copia y este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del sumario. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

  4. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 810/2022, promovido por *** ANTECEDENTES En este juicio de amparo se analiza la legalidad de la determinación adoptada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020, por la que se negó el beneficio de la condena condicional al quejoso, dictada por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución. ANTECEDENTES Manifiesta la parte quejosa que el once de agosto de dos mil veinte se dictó sentencia en el procedimiento abreviado contra el quejoso, en la causa penal 49/2019, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, y portación de arma de fuego sin licencia, por lo que se le impusieron las penas de cuatro años de prisión y multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M. N.). Que, al no contar en ese momento con elementos para pronunciarse sobre la concesión de algún beneficio para el quejoso, se dejaron a salvo los derechos del sentenciado para hacerlos valer en otro momento, dado que también se encontraba procesado por el diverso delito de homicidio calificado en la causa penal 171/2020 del Juzgado de Control del circuito judicial del Istmo, sede Juchitán, Oaxaca. Que el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se decretó la libertad del quejoso en la citada causa penal, debido a que en la audiencia de debate la representación social no contó con elementos de prueba necesarios para sustentar la acusación, por lo que el disidente quedó privado de su libertad únicamente por lo que hace a los delitos por los que se le sentenció en causa penal 49/2019, y por los que se sigue la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020. Afirma el quejoso que el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, cubrió el monto de la sanción pecuniaria que le fue impuesta. Que el catorce de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia en la que se debatió sobre la procedencia y aprobación del beneficio de la condena condicional, en la que se determinó negar el citado beneficio. Lo anterior constituye el motivo de disenso en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Juan Esteban Santiago Santiago promovió juicio de amparo en contra de la determinación adoptada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020, mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 18 y 20, apartado A, fracción VII y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional; por auto de seis de julio de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 810/2022; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado y ordenó el emplazamiento de la tercera interesada. La audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El quejoso Juan Esteban Santiago Santiago fue notificado, en forma personal, de la resolución reclamada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, la notificación de la resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, surtió efectos en la propia fecha. Por tanto, el término de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para interponer la demanda transcurrió del quince de junio al cinco de julio de dos mil veintidós, al actualizarse la primera de las hipótesis fácticas que contempla el artículo 18 de la ley de la materia. Descontándose de dicho cómputo los días dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de junio, dos y tres de julio de dos mil veintidós, por ser días inhábiles de conformidad con lo estatuido en el artículo 19 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el cinco de julio de dos mil veintidós, se considera que es oportuna. V. LEGITIMACIÓN Juan Esteban Santiago Santiago se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en la carpeta de ejecución de origen tienen el carácter de sentenciado y la determinación reclamada le es adversa, dado que la autoridad responsable negó otorgarle el beneficio de la condena condicional solicitado. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, lo siguiente: La determinación adoptada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado que rindió, el cual se agregó en auto de doce de julio de dos mil veintidós; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó dicha autoridad, en copia certificada y en el disco certificado en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós. Medios de prueba que adquieren la naturaleza jurídica de documental pública y que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna; sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. El artículo en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo: [...]". Esa disposición legal prevé la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, el cual obliga al quejoso a agotar -antes a su presentación- los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El citado principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley. Lo anterior, porque si una persona está vinculada al procedimiento natural y, por eso, tiene salvaguardado su derecho de oponer los medios de defensa ordinarios contra los actos producidos en él, carece de justificación para acudir ante los órganos constitucionales a iniciar el procedimiento extraordinario para la defensa de los derechos. Ilustra lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, materia común, décima época, con registro 2017117, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa reclama la determinación del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, adoptada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020, en la que esencialmente determinó lo siguiente: "[...] R E S O L V I Ó: ÚNICO. Se NEGÓ a JUAN ESTEBAN SANTIAGO SANTIAGO el BENEFICIO DE CONDENA CONDICIONAL, establecido en el artículo 90 del Código Penal Federal. [...]". Del análisis del acto reclamado se advierte que el quejoso, en su calidad de sentenciado en la mencionada carpeta de ejecución, debió interponer en contra de dicha determinación el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". Ahora, de dichos preceptos se desprende que el sentenciado cuenta con legitimación para interponer el recurso de apelación contra la determinación adoptada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020, por la que se negó otorgarle el beneficio de la condena condicional solicitado. Sin que en el caso se advierta excepción al principio de definitividad, pues éste lo constituye el que se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, no así respecto de resoluciones dictadas, dentro de un procedimiento. Consecuentemente, al ser procedente el recurso de apelación contra el acto reclamado, conforme al principio de definitividad, el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 123/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, página 2226, Décima Época, de rubro y texto: "CONDENA CONDICIONAL. CONTRA SU DENEGACIÓN EN SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. SI ESA DENEGACIÓN SE DA EN VÍA INCIDENTAL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIONES I Y X DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). De la interpretación gramatical y lógica del citado precepto, se advierte que para el pronunciamiento sobre la condena condicional, el legislador previó que el juzgador, en el ejercicio de esa facultad, determine si la otorga o no en dos momentos: a) al dictar la sentencia de primera o de segunda instancia, ya sea a petición de parte o de oficio; y, b) mediante la vía incidental después de dictada la sentencia de primera o de segunda instancia; oportunidad que obedece a la inadvertencia del condenado o del tribunal. De lo anterior deriva que si en la apelación de la sentencia definitiva se confirma la decisión del juzgador sobre tal beneficio, no es el caso de promover el incidente de que se trata al ya existir resolución sobre ese punto. Así, la fracción X del artículo 90 del Código Penal Federal, conforme a la cual el incidente tiene lugar por inadvertencia del sentenciado o de los tribunales, se da cuando no hubo pronunciamiento al respecto en primera ni en segunda instancias. En consecuencia, cuando en la sentencia definitiva de primera instancia exista pronunciamiento sobre el beneficio de la condena condicional, procede recurrirla en la apelación, y contra la sentencia ejecutoria el acusado puede acudir al juicio de amparo directo. En cambio, cuando el sentenciado solicita el beneficio de la condena condicional en vía incidental, contra la resolución del juez procede apelación, pero en este caso, en contra de lo que se resuelva en la segunda instancia, procede amparo indirecto en cualquier tiempo por tratarse de una interlocutoria". Lo resaltado es propio de este Órgano Jurisdiccional. Sin que la improcedencia del juicio de amparo, en sí misma, conculque el derecho a la impartición de justicia, porque los gobernados están obligados a cumplir con los requisitos de procedencia, para lo cual se deben tener en cuenta las reglas que definen y delimitan la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005917, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." DECISIÓN En ese orden de ideas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVIII del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio promovido por***, en contra de la determinación adoptada en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución S.I.P.E. 512/2020 por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, por las razones precisadas en el apartado VIII de este fallo. NOTIFÍQUESE.

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