Juan Esteban Cetina Martínez
Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Esteban Cetina Martínez
Actuaciones
- Incidental
Mesa 2. TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se archiva el presente incidente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1331/2022-2; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. En proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se aperturó el presente incidente de suspensión, en virtud de la demanda de amparo promovida por Juan Esteban Cetina Martínez, a través de su abogado defensor, licenciado Ruddy Geova Oxte Pech, contra actos del Juez de Control de la VII Región Militar en esta ciudad, y otra autoridad, por lo que este Juzgado ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se difirió en una ocasión, por lo que se señaló nuevamente para llevarse a efecto la referida audiencia en esta hora y data, al tenor del acta que antecede; acto el cual hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS Auto de vinculación a proceso dictado en la resolución de la audiencia inicial de veinte de julio de dos mil veintidós, en el expediente 607/2022, por los ilícitos de Robo de efectos o valores pertenecientes al Ejército y Asociación Delictuosa. La medida cautelar impuesta, consistente en la prisión preventiva justificada. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Secretario Técnico Jurídico del Juzgado Militar de Control, residente en esta ciudad. Admite los actos reclamados. 2 Director General de la Prisión Militar I.R.M., con sede en la Ciudad de México. Presumen ciertos los actos reclamados. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Secretario Técnico Jurídico del Juzgado Militar de Control, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado, aduciendo que en veinte de julio del presente año, llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal 607/2022, de su índice, y previa formulación de imputación realizada por el Agente del Ministerio Público Militar Judicializador, resolvió dictar Auto de Vinculación a Proceso en contra del aquí quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, y le impuso como medida cautelar "prisión preventiva", contenida en la fracción XIV del artículo 153 del Código Militar de Procedimientos Penales, por su probable participación en los ilícitos de Robo de efectos de lo perteneciente al Ejército, previsto y sancionado por el artículo 249, fracciones III, IV y V, inciso a) del Código de Justicia Militar y Asociación Delictuosa con la agravante de pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas en Servicio Activo, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal, en aplicación supletoria de los artículos 57 y 58 del Código adjetivo de la materia. Ahora, como de autos se advierte que aún no obra el informe previo de la autoridad responsable denominada 1) Director General de la Prisión Militar I.R.M., con sede en la Ciudad de México, en virtud de que el oficio con el cual le fue solicitado éste se encuentra en tránsito hacia su destino, según se obtiene del rastreo realizado a la guía de Correos de México con número de código MA020501859MX, en la página electrónica http://www.correosdemexico.net/sepomex-rastreo; sin embargo en base a lo manifestado por la autoridad responsable Secretario Técnico Jurídico del Juzgado Militar de Control, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo, en el que aceptó la existencia del acto reclamado, en el sentido de que en veinte de julio del presente año, llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal 607/2022, de su índice, y previa formulación de imputación dictó Auto de Vinculación a Proceso en contra del aquí quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, y le impuso como medida cautelar "prisión preventiva", contenida en la fracción XIV del artículo 153 del Código Militar de Procedimientos Penales, por su probable participación en los ilícitos de Robo de efectos de lo perteneciente al Ejército, y Asociación Delictuosa con la agravante de pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas en Servicio Activo; se hace extensiva dicha aceptación en cuanto a la autoridad de referencia, por lo que con fundamento en el artículo 142 de la ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se reclaman a la mencionada autoridad ejecutora. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora, a fin de que este juzgado se pronuncie respecto a la solicitud de la parte quejosa para que se le conceda la suspensión definitiva del acto reclamado, en principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión dentro del juicio de amparo se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se origina al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Asimismo, de conformidad con la fracción X, del artículo 107 constitucional para la suspensión de los actos reclamados participa la apariencia del buen derecho, la cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Asimismo, es menester destacar que la suspensión del acto reclamado es la institución jurídica que obliga a las autoridades señaladas como responsables en el libelo de garantías, a detener su actuar, durante el tiempo que está en trámite el juicio de derecho fundamentales, evitando con ello que se consume el acto con efectos irreparables y que el juicio quede sin materia. En otras palabras, consiste en la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que, si éste no se ha producido, no nazca y, si ya inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen. En ese sentido, no todos los actos autoritarios permiten, dada su naturaleza, que opere en cuanto a ellos la suspensión. Tales actos pueden ser positivos o negativos. Los primeros se traducen en una actuación, en una conducta activa, en un hacer o en un dar, actos que sí pueden ser suspendidos, en tanto que los segundos constituyen una abstención, una inacción de la autoridad y que por lo tanto no son suspendibles. De igual modo, otra de las características de la medida suspensional es que carece de efectos destructivos o restitutorios, por lo que se limita a conservar la situación existente al producirse el acto reclamado. Sin embargo, cabe insistir en que la suspensión no es destructiva y, por lo mismo, es incapaz de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjeran los actos que se reclaman en el juicio constitucional, ni tampoco es constitutiva de derechos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/12, con número de registro 204894, Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Junio de 1995, página 368, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 236958, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 11, Segunda Parte, página 45, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." Precisado lo anterior, por no reunirse los requisitos antes citados, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en la resolución de la audiencia inicial de veinte de julio de dos mil veintidós, en el expediente 607/2022, por los ilícitos de Robo de efectos de lo perteneciente al Ejército, y Asociación Delictuosa con la agravante de pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas en Servicio Activo, así como la medida cautelar impuesta, consistente en la prisión preventiva justificada; ya que se tratan de actos consumados, contra los cuales no es dable conceder la medida cautelar, en razón que de concederse, equivaldría a darles efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en definitiva en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial número 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1029, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1-Reglas generales, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Con fundamento en los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 y 168 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, por lo que hace a las consecuencias del auto de vinculación a proceso emitido dentro de la continuación de la audiencia celebrada el veinte de julio de dos mil veintidós. EFECTOS Ahora bien, debe señalarse que el artículo 163 de la Ley de Amparo, establece que cuando se solicita el amparo contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca el amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Asimismo, el ordinal 168 de la ley de la materia, en lo que aquí interesa, dispone que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. Empero precisa, que no se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de la ley invocada. Precisado lo anterior, debe indicarse que en cuanto a los efectos de la resolución impugnada, dado que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la causa penal número 607/2022, con fundamento en los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 y 168 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la parte quejosa Juan Esteban Cetina Martínez, por lo que hace a las consecuencias del acto. Asimismo, respecto a los efectos de la concesión definitiva del acto reclamado, es menester indicar que el quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, se encuentra recluido por la probable comisión en los ilícitos de Robo de efectos de lo perteneciente al Ejército, previsto y sancionado por el artículo 249, fracciones III, IV y V, inciso a) del Código de Justicia Militar y Asociación Delictuosa con la agravante de pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas en Servicio Activo, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal, en aplicación supletoria de los artículos 57 y 58 del Código adjetivo de la materia, delitos que si bien no son graves, se estimó que sí ameritaban prisión preventiva justificada, la cual procede cuando se considera que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para el desarrollo de la investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.83 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, materias común, penal, página 2596, con registro digital 2019121, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CON EFECTOS RESTITUTORIOS, NO OBSTANTE QUE EL QUEJOSO AFIRME QUE SE TRATA DE UN CASO EXCEPCIONAL. Las solicitudes de medidas cautelares, según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resolverán por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En consecuencia, para su emisión ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal. Por tanto, si el quejoso, con el objeto de que se le pusiera en libertad, solicitó la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional por presentar un "trastorno mental" que le impide permanecer privado de su libertad, es improcedente concederla contra dicha orden coactiva con los efectos solicitados, porque ello implicaría atentar contra la finalidad propia de esta medida cautelar del juicio amparo, la cual consiste en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretarla y no puede tener efectos restitutorios de derechos, en virtud de que ello es materia exclusiva de la sentencia de fondo, cuando en el caso proceda la protección constitucional, por lo que, en todo caso, acorde con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concederá para el único efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juez responsable, por cuanto al procedimiento penal concierne". Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XVII, último párrafo y 163 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, al quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, para el efecto que en cuanto a su libertad personal, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que se encuentre recluido y al del Juez de su causa para la continuación del procedimiento penal que se le atribuye, que por ser de orden público no puede detenerse; pero que deberá ser suspendido una vez concluida la etapa intermedia, esto es, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, como lo estatuye el párrafo tercero del artículo 344 del Código Militar de Procedimientos Penales, hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoriada que se emita en el juicio del que deriva esta incidencia, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo. Esto es así, atendiendo al artículo 107 de la Constitución Federal, que entre otras cosas, en su fracción X, establece que para suspender los actos reclamados en los juicios de amparo, deberá vigilarse que no se contravengan disposiciones de orden público. Siendo menester precisar, que si bien, la suspensión definitiva concedida debe prevalecer hasta el dictado de apertura a juicio oral, la cual como se dijo, se verifica en la etapa intermedia; esa circunstancia no resulta una limitante para que el Juez responsable resuelva cuestiones concernientes a soluciones alternas y formas de terminación anticipadas previstas en el libro segundo, del procedimiento, título I, del Código Militar de Procedimientos Penales, en dado caso, la parte quejosa opte por alguna de ellas. Sin que deba confundirse el término auto de apertura a juicio oral, con el de apertura de la audiencia de juicio oral, ya que ésta se verifica en la etapa de juicio, la que una vez iniciada, de conformidad con los artículos 8, 388, 394, 397 y 398 del Código Militar de Procedimientos Penales, bajo el principio de concentración, recae en una sentencia, la cual ocasionaría un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.62 P (10a.), Décima Época, con número de registro 2015123, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Página 1987, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal". Por otro lado, en el caso, no se exige garantía alguna al quejoso en virtud de que los efectos de la medida cautelar que nos ocupa son los previstos en el artículo 163 de la ley de la materia, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 168 último párrafo del mencionado ordenamiento jurídico. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO: Se niega a Juan Esteban Cetina Martínez, la suspensión definitiva que solicitó, por las autoridades señalada en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO: Se concede a Juan Esteban Cetina Martínez, la suspensión definitiva que solicitó, por las autoridades señalada en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por el licenciado Ruddy Geova Oxte Pech, abogado defensor del quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, contra actos del Juez de Control de la VII Región Militar en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 19 constitucionales. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME PREVIO De conformidad con el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su notificación, debiendo expresar si son o no ciertos los actos reclamados, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibiéndolas de que en caso que omitan rendir su informe, se les presumirá cierto el acto y se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós, en términos del artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, así como la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 695, bajo el rubro: "INFORME PREVIO, MULTA POR NO RENDIRLO O ENVIARLO EXTEMPORÁNEAMENTE". Asimismo, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberán precisar la clasificación jurídica que realice, el tipo penal que se atribuye a la quejosa, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación FIJACIÓN DE HORA Y FECHA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Acorde al artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa solicita suspensión del acto reclamado consistente en: Auto de vinculación a proceso dictado en la resolución de la audiencia inicial de veinte de julio de dos mil veintidós, en el expediente 607/2022, por los ilícitos de Robo de efectos o valores pertenecientes al Ejército y Asociación Delictuosa. La medida cautelar impuesta, consistente en la prisión preventiva justificada. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora, a fin de que este juzgado se pronuncie respecto a la solicitud de la parte quejosa para que se le conceda la suspensión provisional del acto reclamado, en principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión dentro del juicio de amparo se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se origina al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Asimismo, de conformidad con la fracción X, del artículo 107 constitucional para la suspensión de los actos reclamados participa la apariencia del buen derecho, la cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Asimismo, es menester destacar que la suspensión del acto reclamado es la institución jurídica que obliga a las autoridades señaladas como responsables en el libelo de garantías, a detener su actuar, durante el tiempo que está en trámite el juicio de derecho fundamentales, evitando con ello que se consume el acto con efectos irreparables y que el juicio quede sin materia. En otras palabras, consiste en la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que, si éste no se ha producido, no nazca y, si ya inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen. En ese sentido, no todos los actos autoritarios permiten, dada su naturaleza, que opere en cuanto a ellos la suspensión. Tales actos pueden ser positivos o negativos. Los primeros se traducen en una actuación, en una conducta activa, en un hacer o en un dar, actos que sí pueden ser suspendidos, en tanto que los segundos constituyen una abstención, una inacción de la autoridad y que por lo tanto no son suspendibles. De igual modo, otra de las características de la medida suspensional es que carece de efectos destructivos o restitutorios, por lo que se limita a conservar la situación existente al producirse el acto reclamado. Sin embargo, cabe insistir en que la suspensión no es destructiva y, por lo mismo, es incapaz de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjeran los actos que se reclaman en el juicio constitucional, ni tampoco es constitutiva de derechos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/12, con número de registro 204894, Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Junio de 1995, página 368, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 236958, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 11, Segunda Parte, página 45, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." Precisado lo anterior, por no reunirse los requisitos antes citados, se niega la suspensión provisional solicitada respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en la resolución de la audiencia inicial de veinte de julio de dos mil veintidós, en el expediente 607/2022, por los ilícitos de Robo de efectos o valores pertenecientes al Ejército y Asociación Delictuosa, así como la medida cautelar impuesta, consistente en la prisión preventiva justificada; ya que se tratan de actos consumados, contra los cuales no es dable conceder la medida cautelar, en razón que de concederse, equivaldría a darles efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en definitiva en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial número 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1029, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1-Reglas generales, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Con fundamento en los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 y 168 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, por lo que hace a las consecuencias del auto de vinculación a proceso emitido dentro de la continuación de la audiencia celebrada el veinte de julio de dos mil veintidós. EFECTOS Ahora bien, debe señalarse que el artículo 163 de la Ley de Amparo, establece que cuando se solicita el amparo contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca el amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Asimismo, el ordinal 168 de la ley de la materia, en lo que aquí interesa, dispone que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. Empero precisa, que no se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de la ley invocada. Precisado lo anterior, debe indicarse que en cuanto a los efectos de la resolución impugnada, dado que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta dentro de la causa penal número 607/2022, con fundamento en los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 y 168 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado a la parte quejosa Juan Esteban Cetina Martínez, por lo que hace a las consecuencias del acto. Asimismo, respecto a los efectos de la concesión provisional del acto reclamado, es menester indicar que el quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, se encuentra recluido por la probable comisión de los delitos de robo previsto y sancionado por el artículo 249 fracciones III, IV y V, inciso a), del Código de Justicia Militar; y asociación delictuosa con la agravante de pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas en servicio activo previsto y sancionado en el numeral 164 del Código Penal Federal, delitos que si bien no son graves, se estimó que sí ameritaban prisión preventiva justificada, la cual procede cuando se considera que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para el desarrollo de la investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.83 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, materias común, penal, página 2596, con registro digital 2019121, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CON EFECTOS RESTITUTORIOS, NO OBSTANTE QUE EL QUEJOSO AFIRME QUE SE TRATA DE UN CASO EXCEPCIONAL. Las solicitudes de medidas cautelares, según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resolverán por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En consecuencia, para su emisión ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal. Por tanto, si el quejoso, con el objeto de que se le pusiera en libertad, solicitó la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional por presentar un "trastorno mental" que le impide permanecer privado de su libertad, es improcedente concederla contra dicha orden coactiva con los efectos solicitados, porque ello implicaría atentar contra la finalidad propia de esta medida cautelar del juicio amparo, la cual consiste en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretarla y no puede tener efectos restitutorios de derechos, en virtud de que ello es materia exclusiva de la sentencia de fondo, cuando en el caso proceda la protección constitucional, por lo que, en todo caso, acorde con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concederá para el único efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juez responsable, por cuanto al procedimiento penal concierne". Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XVII, último párrafo y 163 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, al quejoso Juan Esteban Cetina Martínez, para el efecto que en cuanto a su libertad personal, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que se encuentre recluido y al del Juez de su causa para la continuación del procedimiento penal que se le atribuye, que por ser de orden público no puede detenerse; pero que deberá ser suspendido una vez concluida la etapa intermedia, esto es, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, como lo estatuye el párrafo tercero del artículo 344 del Código Militar de Procedimientos Penales, hasta en tanto, se notifique al Juez señalado como responsable la resolución que se dicte acerca de la suspensión definitiva, de conformidad con el último párrafo de la fracción XVII de la Ley de Amparo. Esto es así, atendiendo al artículo 107 de la Constitución Federal, que entre otras cosas, en su fracción X, establece que para suspender los actos reclamados en los juicios de amparo, deberá vigilarse que no se contravengan disposiciones de orden público. Siendo menester precisar, que si bien, la suspensión provisional concedida debe prevalecer hasta el dictado de apertura a juicio oral, la cual como se dijo, se verifica en la etapa intermedia; esa circunstancia no resulta una limitante para que el Juez responsable resuelva cuestiones concernientes a soluciones alternas y formas de terminación anticipadas previstas en el libro segundo, del procedimiento, título I, del Código Militar de Procedimientos Penales, en dado caso, la parte quejosa opte por alguna de ellas. Sin que deba confundirse el término auto de apertura a juicio oral, con el de apertura de la audiencia de juicio oral, ya que ésta se verifica en la etapa de juicio, la que una vez iniciada, de conformidad con los artículos 8, 388, 394, 397 y 398 del Código Militar de Procedimientos Penales, bajo el principio de concentración, recae en una sentencia, la cual ocasionaría un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.62 P (10a.), Décima Época, con número de registro 2015123, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Página 1987, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal". Por otro lado, en el caso, no se exige garantía alguna al quejoso en virtud de que los efectos de la medida cautelar que nos ocupa son los previstos en el artículo 163 de la ley de la materia, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 168 último párrafo del mencionado ordenamiento jurídico. COMUNICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADO En atención a que en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, se pudieran causar daños y perjuicios a los terceros interesados, acorde al contenido de la tesis XXVII.3o.43 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el tomo II, julio de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO EL AUTO EN QUE SE CONCEDA AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Además de la tesis XIII.P.A.23 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, localizable en la página 3232 del tomo II, libro 63, febrero de 2019 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO EL AUTO QUE LA CONCEDE, CONTRAVIENE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL QUE OBLIGA A REPONERLO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso k), en relación con el diverso ordinal 97 fracción I, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificar vía oficio el presente proveído a los terceros interesados: 1.- Elsi Noemí Marrufo Castillo, Sargento 1/o Auxiliar Oficinista, representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional, perteneciente al Cuartel General de la X Región Militar, en Mérida, Yucatán, con domicilio ubicado en el Campo Militar 32-A, calle 42 sur sin número colonia María Luisa, Mérida, Yucatán. 2.- Adolfo Medina Reyes, Teniente Coronel de Justicia Militar y licenciado, Agente del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Juzgado Militar de Control de la VII Región Militar, ubicado en las instalaciones de la 30a. Zona Militar en esta ciudad. Finalmente, se indica que las interpretaciones jurídicas sobre normas y casos concretos realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito con anterioridad a la entrada de vigor del Acuerdo General número 1/2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el inicio de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación se invocan por su carácter orientador, tomando en consideración que en el sistema jurídico mexicano constituye fuente formal del derecho, el cual puede ser invocada para sostener las determinaciones jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado al licenciado Marco Antonio Pérez Ascencio, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, al siguiente usuario: "Ruddy1979" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. DELEGADO Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, de conformidad con los dispuesto en los artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable, así como a los terceros interesados.
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