Juan Erasmo Espinosa Vargas
Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/07/2023
Partes del expediente
- Juan Erasmo Espinosa Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del once de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil veintitrés. Parte quejosa no amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del Titular de la Dirección de Recaudación de la Secretaría mencionada. Ahora bien, dicha vista fue con la finalidad de que la parte accionante manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo en los términos indicados en el auto de referencia. No obstante lo anterior, el promovente fue omiso en realizar manifestación alguna al respecto, en consecuencia, se provee lo siguiente: *** Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *** Bajo esa óptica jurídica, se puntualiza que en relación con el acto reclamado, consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó la liberación del bien inmueble embargado con motivo del crédito fiscal determinado en el oficio *** de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del oficio SPF-SI-CGENyASF-DR-2543/2023 de dieciséis de mayo del presente año. Ahora bien, de dicha constancia se advierte que en la fecha en comento la autoridad responsable acordó el ocurso presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós por la parte quejosa, lo que implica que el acto reclamado cesó en sus efectos. Asimismo, de las constancias remitidas por la secretaría responsable se aprecia que la determinación en comento se le notificó a la parte quejosa el treinta de mayo del presente año. En consecuencia, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional está prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en los términos ahí precisados. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. En esa medida, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. *** Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de junio de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de tres de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: DECISIÓN En atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que se estiman vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Delegada de Programas para el Desarrollo, en el Estado de Puebla, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Emita una resolución sobre la solicitud de incorporación al programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, que presentó el quejoso el veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Fije un día y hora hábil -dentro de un plazo similar a cinco días hábiles- para que el solicitante de amparo, o su auxiliar designado, acudan a las instalaciones de la Delegación en Puebla para que se les haga del conocimiento dicha determinación. En caso de ser favorable, realice las gestiones, de manera urgente, para que en un plazo no mayor a veinte días hábiles, a partir de la comunicación de la respuesta, entregue al quejoso o su auxiliar designado, la tarjeta de débito para la entrega de los apoyos correspondientes. Inconforme, la autoridad responsable, Delegada de Programas para el Desarrollo, en el Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 385/2022, confirmó la sentencia amparadora y estableció como efectos los siguientes: "Se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, realice lo siguiente: a) Comunique al quejoso la resolución que contenga la respuesta a su solicitud de incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, la cual según lo expuesto por la autoridad invocada, fue favorable, pues ya se le incorporó a ese programa. b) Realice las gestiones, de manera urgente, para que en un plazo no mayor a veinte días hábiles, a partir de la comunicación de la respuesta, entregue al quejoso o su auxiliar designado, la tarjeta respectiva para la entrega de los apoyos correspondientes." Cumplimiento Atento a lo anterior, mediante proveídos de once y dieciocho de mayo de dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento a ésta y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Así, la Delegada de Programas para el Desarrollo, en el Estado de Puebla remitió las siguientes constancias: Copia simple de la que se advierte que el veinte de septiembre de dos mil veintidós se entregó a la parte quejosa, ********************, una tarjeta bancaria para el cobro de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Oficio ******************** de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se le notificó a ******************** que en relación con el seguimiento a la solicitud de incorporación que realizó al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se le confirmó que fue asignado el ID Padrón ********************, el cual lo acredita como derechohabiente. Asimismo, se le hizo del conocimiento que el veintidós de mayo citado presentó en el sistema informático oficial para consulta de información el estatus de "ACTIVO" con causal "NORMAL (ELEGIBLE) y con la emisión de la pensión en el medio de cobro asignado, siendo tarjeta bancaria. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; toda vez que la Delegada responsable resolvió y notificó al quejoso la respuesta a la solicitud de incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y le entregó la tarjeta correspondiente; por lo que sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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