Juan Enrique Reyes Olvera
Expediente 51/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Enrique Reyes Olvera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintidós al veintiocho de enero de dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes Tratamiento cuaderno principal De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo; carece de valor jurídico, histórico y relevancia documental que amerite su conservación, y no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de quince de enero de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Continuación del trámite del juicio de amparo. Vista la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que decretó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, a IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y de conformidad con el punto II, de la Circular SECNO/1/2021 de dicha Comisión Especial, el cual determina que la operación de los órganos jurisdiccionales, precisados en dicha porción, se sujetara a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 25/2020, se acuerda: Continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea. Oficio Ahora bien, téngase recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en suplencia por ausencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo y este en representación del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y Comisionado de Autorización Sanitaria ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; por el cual, informa que dejó sin efectos el oficio *********** de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual desestimó la autorización sanitaria que la quejosa solicitó para llevar a cabo el consumo personal de marihuana para fines lúdicos y recreativos; y emitió otro en cumplimiento a los lineamientos marcados en la fallo protector. En consecuencia, con el referido oficio y anexos, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese personalmente.
- Principal
Demanda Téngase por recibida vía electrónica la demanda de amparo promovida por Juan ******, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Distrito y otra autoridad, conforme lo prevén el artículo 3, párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, se ordena a la responsable del Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 51/2021-5. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este Juzgado estima que respecto de la demanda de cuenta, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, y el arábigo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que por su orden establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 6°. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la Fracción I del artículo 5°, de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". El contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 6, en relación con el 5, ambos de la Ley de la materia, el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. De manera que, cuando el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, señala como parte del juicio de amparo al agraviado o agraviados, debe entenderse a la luz de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° del ordenamiento legal citado. Preceptos que señalan como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo que sea promovido a instancia de parte agraviada, es decir que la persona que resienta el agravio personal y directo, sea la que acuda al juicio de amparo, ya sea por sí o a través de su representante, esa voluntad debe ser exteriorizada expresamente a través del signo gráfico conocido comúnmente como la firma que estampe el quejoso en el escrito inicial de demanda o en documentos anexos a ella, pues es a través de la que se da validez a cualquier actuación escrita. En ese orden de ideas, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma electrónica (FIREL) Juan Enrique Reyes Olvera, quien promueve la demanda de amparo; se constata que no expreso su voluntad para dar trámite a la presente demanda, sin que sea el caso prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse. De ahí que, al no contener la firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Juan Enrique Reyes Olvera, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Distrito y otra autoridad. Al efecto se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, Tomo I, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Así como el diverso razonamiento sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 8/2019 Décima Época, publicada en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, Abril de 2019, Tomo I, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que pase inadvertido que a la demanda electrónica se haya adjuntado el soporte de demandas electrónicas; sin embargo, como ya precisó el promovente no agregó su firma electrónica vigente. Domicilio y autorizados De conformidad con los numerales 24, y 26, fracción III, en relación con el 27, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, se tiene únicamente como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, los estrados del juzgado; lo anterior, al tener en consideración que según lo plasmado en párrafos que precede se advierte que la demanda de amparo con la que se ha dado cuenta carece de firma de éste, lo que se traduce en la ausencia de la petición para acordar de conformidad el domicilio y personas señalados en el escrito de cuenta. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese.
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