Juan Enrique Flores Gallegos

Expediente 467/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
467/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Juan Enrique Flores Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que las partes quejosa y tercera interesada, no se inconformaron en contra del proveído dictado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido; en consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General citado; sin embargo, deberán conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo ., del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número ., de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto uno de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión provisional, y por interlocutoria de siete de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión definitiva comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en que se concedió la suspensión provisional, así como la interlocutoria de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en que se concedió la suspensión definitiva. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 256), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto del oficio CJ/JEPSC/271/2018-J, signado por la Jueza de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversaria!, Región Istmo, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que remitió copia certificada del auto y de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictados en' el cuaderno de ejecución 60/2009 de su índice, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; plazo dentro del cual la parte quejosa desahogó la vista ordenada. Así las cosas, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si la autoridad responsable cumplió con tal ejecutoria, sin exceso ni defecto. 1. En resolución engrosada el doce de abril de dos mil dieciocho (fojas 64 a 72), dictada en este juicio de garantías, se sobreseyó el presente juicio de amparo. 2. Inconforme con dicha determinación el quejoso Juan Enrique Flores Gallegos, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mismo que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien por resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión R-643/2018, de su índice, resolvió revocar la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Enrique Flores Gallegos, respecto del proveído emitido por la Jueza de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio, con residencia en la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca (sic) en el cuaderno de ejecución 60/2009, para los efectos precisados en la presente ejecutoria." 3. En cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este expediente, la Jueza de Ejecución de la Región Istmo, con residencia en esta ciudad, por acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de ejecución 60/2009, de su índice, dejó insubsistente el auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 157 a 162)._ Por auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho este juzgado determinó que la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Istmo, con residencia en esta ciudad, no dio cumplimiento con la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, en consecuencia se le requirió nuevamente para que cumpliera con el fallo protector dictado en este juicio de amparo (fojas 276 a 279). 4.- Posteriormente; en cumplimiento a dicha ejecutoria, la Jueza de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Istmo, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 247 a 254), dictado en el cuaderno de ejecución 60/2009, de su índice, dejó insubsistente la resolución dictada en la audiencia celebrada el veinticinco de septiembre del año en curso, en el citado cuaderno de ejecución. Luego, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo determinó que resulta aplicable al citado cuaderno de ejecución de penas 60/2009, de su índice, la Ley Nacional de Ejecución Penal; y a fin de establecer si procede o no la concesión del beneficio de libertad condicionada por el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 137 de la citada Ley, tuvo al aquí quejoso solicitando iniciar la acción para modificar la pena de prisión consistente en la aplicación del beneficio de libertad condicionada. Ulteriormente, en su considerando sexto, determinó que el marco jurídico para la procedencia del beneficio solicitado, está conformado por los artículos 136 y 137 de la Ley en comento, que establecen: "Artículo 136. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico. Artículo 137. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riego (sic) objetivo para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos, y VIII. Que no se trate de delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas." Preceptos legales de los que dijo, se desprende que para la procedencia del beneficio solicitado se requiere que se acrediten los requisitos precisados en líneas que anteceden, los cuales en el caso en concreto no se encuentran justificados los señalados en las fracciones I a IV y VII, en razón, que con la declaración del sentenciado aquí quejoso Juan Enrique Flores Gallegos, única probanza, solo se justificó que solicitó el beneficio de libertad condicionada previsto en la Ley Nacional de Ejecución penal, es decir, no acreditó que: (I). No se le ha dictado diversa sentencia condenatoria firme; (II). Ni que no existe un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima, testigos que depusieron en su contra o para la sociedad; (III). Ni que ha tenido buena conducta durante su internamiento; (IV). Ni que ha cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades; (VI). Ni que no está sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva; (VII). Ni que ha cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos; lo anterior, no obstante que estuvo en aptitud de declarar sobre hechos propios, a preguntas que le fueron formuladas por su defensor particular, a las que respondía que no recordaba lo qué sele .preguntaba, siendo que era su obligación ofrecer los medios de pruebas pertinentes para probar que cumplía con todos y cada uno de ellos; pues al no existir prueba con la cual Juan Enrique Flores Gallegos, acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es motivo suficiente para concluir que no se encuentran justificados, por lo que determinó la improcedencia del beneficio de libertad condicionada planteada por Juan Enrique Flores Gallegos; asimismo, la autoridad responsable hace la observación que en proveído de diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictado en el citado cuaderno de ejecución, tuvo por cumplido el pago de la multa con trabajo comunitario; y en cuanto a la reparación del daño, en la citada audiencia Juan Enrique Flores Gallegos, manifestó que realizaría el pago; y por lo que respecta al requisito precisado en la fracción VIII, toda vez que Juan Enrique Flores Gallegos fue sentenciado por el delito de privación ilegal de la libertad (secuestro), resulta improcedente concederle el beneficio solicitado, lo anterior de conformidad con el artículo 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, determinó que le asiste la razón a la defensa, al manifestar que no le corresponde probar los requisitos establecidos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución penal, ni la diversa relativa a que las demás partes tenían la carga de la prueba en virtud de no haber manifestado nada una vez que se les corrió traslado con su petición, toda vez que conforme al artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde al solicitante, al momento de formular su controversia precisar los medios de prueba conducentes a justificar la petición planteada. Finalmente, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "RESUELVE: PRIMERO: Está Autoridad es competente para conocer y resolver la petición planteada por el peticionario en términos del considerando segundo. SEGUNDO. Resulta IMPROCEDENTE CONCEDER el beneficio de LIBERTAD CONDICIONADA al señor JUAN ENRIQUE FLORES GALLEGOS, en los términos establecidos en el considerando sexto de esta determinación. 11 En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que la autoridad responsable cumplió con la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo. Finalmente, por lo que respecta a lo manifestado por el quejoso en su escrito de tres de diciembre del año en curso, en cuanto a su inconformidad con el cumplimiento de la responsable, dígasele que en razón de que los efectos de la concesión del amparo fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente el proveído emitido el quince de noviembre de dos mil diecisiete, y siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, procediera a determinar que la ley aplicable al caso es la Ley Nacional de Ejecución Penal, asimismo, que determinara si procede o no la concesión del beneficio preliberacional relativo a la libertad condicionada, previsto en el artículo 137 de la Ley en comento; se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso Juan Enrique Flores Gallegos, mediante el cual, desahoga en tiempo la vista que se le dio en auto de veintiséis de noviembre del año en curso, y manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la sentencia que hace la autoridad responsable por los motivos que expone; mismos que serán tomados en consideración al resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de garantías

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