Juan Enrique Ceron Leonel

Expediente 1084/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1084/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Enrique Ceron Leonel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos de los que se desprende que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el que desechó la demanda promovida por ******* y otros, sin que haya promovido el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de notificar al quejoso el contenido del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que el domicilio señalado para tal efecto, es inexacto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejosa el proveído de veinticinco de octubre de la presente anualidad, por lista. Cabe mencionar que el proveído citado a la letra dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda presentada por ********** y otros, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades; regístrese bajo el número 1084/2021-III. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, respecto de los actos reclamados consistentes en los acuerdos de cabildo 021/2020 y 022/2020, de seis de marzo de dos mil veinte y como consecuencia la emisión del título de concesión 01/2020, para operar y explotar las calles mediante la instalación de parquímetros en el primer cuadro de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, así como en el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." De la interpretación relacionada de los artículos transcritos, se desprende como un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación de los quejosos de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo Ahora bien, conforme a los artículos transcritos, el juicio de amparo resulta improcedente en materia administrativa cuando contra el acto o actos que se reclamen proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para que se dé la causa de improcedencia mencionada, se requiere de la actualización de las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; y, d) Que para la suspensión no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Estableciéndose como excepciones que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así como las siguientes: Que no se trate de normas o disposiciones de carácter general (leyes, reglamentos, etcétera), que se reclamen por su sola vigencia (autoaplicativa) o con motivo de algún acto de aplicación (heteroaplicativa). Que los actos impliquen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Que se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Que se afecte a una persona extraña o una persona por equiparación a un extraño en un juicio o procedimiento. En tal sentido, debe decirse que respecto de los actos consistentes en los acuerdos de cabildo 021/2020 y 022/2020, de seis de marzo de dos mil veinte y como consecuencia la expedición del título de concesión 01/2020 para operar y explotar las calles mediante la instalación de parquímetros en el primer cuadro de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, se actualiza la hipótesis de improcedencia, atento a lo siguiente: A) Los actos reclamados sí provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues fueron emitidos por autoridades administrativas del Municipio de Ecatepec, Estado de México. B) Luego, el ordenamiento legal que rige el acto es el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuyo artículo 186, establece lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicable." De la transcripción se desprende que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado de México que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, es decir, los sujetos afectados por los actos de autoridad de la administración pública de esta entidad federativa pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, en contra de la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último siempre será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si los interesados eligen el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Por consiguiente, resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso administrativo de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los sujetos afectados agotar ese recurso antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria. Es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para otorgar la suspensión del acto administrativo en el juicio de nulidad, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." De igual forma es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXI (junio de 2013), tomo 1, Décima Época, del título y contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." De lo anterior se desprende que respecto a lo aquí reclamado, puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de inconformidad o por medio del juicio contencioso administrativo. Por tanto, es jurídicamente procedente sostener que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que éste es susceptible de impugnación en sede administrativa o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ya que los quejosos se encuentran obligados a interponer el recurso o promover el juicio previo a acudir a esta instancia jurisdiccional. Sin que en el caso se actualice la hipótesis de excepción al principio de definitividad relativo a que los quejosos combatan los actos reclamados con motivo de la falta de fundamentación y motivación del mismo, pues como se advierte del contenido integral de la demanda de amparo, no reclama dicha situación, aunado a que el acto reclamado se sustenta esencialmente en la expedición de los acuerdos de cabildo 021/2020 y 022/2020, cuyo fin es la instalación de parquímetros en el primer cuatro del Municipio de Ecatepec. De igual forma, en la especie tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad relativa a que sólo se combatan violaciones a la Constitución, pues del escrito inicial se colige que los agraviados formulan planteamientos tendentes a combatir cuestiones de legalidad del acto reclamado. Asimismo, sin que se actualice la diversa hipótesis relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé en su numeral 186, lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal." Es decir, que el recurso administrativo de inconformidad procede contra los actos o resoluciones dictadas por autoridades administrativas y de manera optativa el juicio de nulidad. Al caso es aplicable la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página noventa y cuatro, del tomo I (abril de mil novecientos noventa y cinco), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Además, los quejosos no impugnan en este asunto una norma general ni tampoco tienen el carácter de terceros extraños, pues los actos reclamados no derivan de algún procedimiento judicial o administrativo, lo que pone de manifiesto que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Por tales motivos, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda respecto de los reclamados, consistente en la expedición de los acuerdos de cabildo 021/2020 y 022/2020, de seis de marzo de dos mil veinte y como consecuencia la emisión del título de concesión 01/2020, para operar y explotar las calles mediante la instalación de parquímetros en el primer cuadro de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Por otra parte, debe destacarse que respecto de dichos actos reclamados, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo; pues la parte quejosa promovió la demanda con posterioridad al plazo a que se refieren dichos preceptos. El artículo 61, fracción XIV, de la ley citada establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." A efecto de demostrar la certeza de tal aseveración, es necesario tener presente que de la interpretación sistemática de los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos cuya impugnación no se realiza dentro de los plazos establecidos en el primero de los citados. Los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, prevén tres hipótesis para que la presentación de la demanda de amparo sea oportuna, es decir, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo se contará a partir del día siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos la notificación conforme a la ley que rija el acto reclamado. 2) El quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. 3) El promovente se haya ostentado sabedor del acto reclamado. Sobre el particular, debe destacarse que de los numerales en comento se desprende que las hipótesis sintetizadas son autónomas, es decir, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de ellos. En el caso, de la demanda se desprende que los promoventes bajo protesta de decir verdad, manifestaron que en el mes de agosto del año en curso, llevaron a cabo una manifestación en la que se expuso al Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, que no aceptaban la instalación de parquímetros a las afueras de sus viviendas y que el uno de septiembre fueron pintados los cajones a fuera de sus domicilios, lo que pone de manifiesto que al menos desde el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se hicieron sabedores de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que si la parte quejosa se hizo sabedora de los acuerdos de cabildo para la instalación de parquímetros y sus consecuencias, al menos desde la fecha citada, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del dos al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, todos de septiembre del año en curso, por ser inhábiles; mientras que la demanda fue presentada hasta el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, tal como se desprende del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, lo que hace evidente que transcurrieron con exceso los quince días a que se refiere el aludido artículo 17 y por ende, la presentación resulta extemporánea, sin que el acto reclamado encuadre dentro de las excepciones que prevé el anterior. Por consiguiente, al haberse demostrado la extemporaneidad en la impugnación de los acuerdos de cabildo reclamados, también procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Domicilio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda. Por otra parte, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, por así haberlo solicitado. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, téngase como representante común a JUAN ENRIQUE CERÓN LEONEL. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para la obtención de constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza son de carácter confidencial o reservada. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "EN LINEA". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal.

  3. Principal

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