Juan Enrique Baustista Corona

Expediente 785/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
785/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Enrique Baustista Corona
  • Director de Servicios Públicos Municipales del XXIII Ayuntamiento de Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere segundo párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia constitucional de seis de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, el fallo protector pronunciado en este juicio se concedió contra el acto atribuido a la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ? "Deje insubsistente el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 844/2020, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se impuso una multa por el equivalente al valor mensual de la unidad de medida y actualización (UMA), al quejoso Juan Enrique Bautista Corona -Director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Tijuana- y ? Con plenitud de jurisdicción, en el sentido de insistir en considerarlo necesario, dicte otro, en el que subsane las irregularidades advertidas en esta sentencia, respecto de la falta de fundamentación y motivación respecto a las conductas evasivas u omisiones de las autoridades administrativas para dar cumplimiento a la medida cautelar decretada, y una vez hecho lo anterior resuelva lo que en derecho procede." Concesión que se hizo extensiva respecto de los diversos actos reclamados consistentes en el mandamiento de ejecución para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta y su notificación, al ser actos que derivan de uno viciado. Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informe a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirva dar a la ejecutoria de amparo de que se trata, apercibida que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258 de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, éstas deberán, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra reza: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo."

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