Juan Emmanuel Rodríguez Castillo
Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Emmanuel Rodríguez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de expresión de agravios firmado electrónicamente por*** defensor del quejoso*** distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la determinación combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía ordinaria el original del citado escrito de agravios así como un disco de audio y video, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular*** emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Finalmente, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítase vía ordinaria el original del presente expediente con sus anexos, así como el original del escrito de agravios que se provee; lo anterior, a fin de que la superioridad cuente con las constancias necesarias para la substanciación del recurso de que se trata. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable y autoridad con el carácter de tercero interesada.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1020/2022, promovido por*** contra el acto de la licenciada*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz, que consideró violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos*** SEXTO. Son fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por ser el imputado quien acude al juicio biinstancial. En primer lugar, por razón de técnica, se analizarán las cuestiones relativas a las violaciones de forma de la resolución reclamada, pues de resultar fundadas, se haría innecesario el examen de aquellos motivos de inconformidad que se expresan en relación con el fondo de la cuestión planteada, porque serían materia de estudio, en su caso, en el nuevo acto que emitiese la autoridad responsable con motivo de la sentencia de amparo. Ahora, los delitos que se instruyen al quejoso en el proceso penal, que el juez responsable estimó acreditados, son el de incumplimiento del deber legal y el de evasión de presos, cometidos en agravio de la procuración y administración de justicia, previstos en los artículos 319, párrafo primero, y 339 del Código Penal para el Estado de Veracruz, respectivamente, numerales que textualmente disponen*** De ello deriva que la juez de control, al dictar el auto de vinculación a proceso, estimó acreditados dos tipos penales distintos; empero, se basó esencialmente en los mismos hechos, con lo que transgredió lo previsto por el artículo 23 constitucional en relación con el diverso 17 del Código Penal para el Estado de Veracruz, los cuales disponen*** De conformidad con lo previsto por el primer numeral, que tutela el principio non bis in idem, ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo delito, ya sea que en el mismo se le absuelva o condene. El fin objetivo de instaurar constitucionalmente este principio de seguridad jurídica es claro, y consiste en impedir la multiplicidad de juzgamientos y, por ende, la imposición de dos o más penas por un solo hecho. En ese orden, la referida garantía constitucional no debe entenderse en el sentido de que sólo opera tratándose de los juicios penales, como principio de cosa juzgada, esto es, que una vez juzgado*** un sujeto por determinados hechos, no se le podrá instruir proceso penal alguno y juzgar por el mismo evento. Esto es, la mencionada garantía constitucional tiene una aplicación mucho más amplia de la que literalmente podría desprenderse del artículo 23 constitucional, pues también rige para el supuesto de que el proceso de que se trate se encuentre en estado de resolver respecto de la situación jurídica del imputado al vencimiento del término constitucional y al momento de dictarse la sentencia respectiva. La forma en que cobra aplicación el principio non bis in idem en estos casos, se traduce en que durante un mismo proceso*** la autoridad jurisdiccional no puede imponer a una misma conducta una doble penalidad, pues incurriría en una recalificación de conducta. Así, cuando al analizar los hechos consignados por el fiscal, el juzgador se percate que una sola conducta desplegada por el imputado puede actualizar dos o más delitos, también debe determinar cuál de ellos debe subsistir y cuál deberá entenderse subsumido a éste, pues tener por acreditados dos o más injustos respecto de una misma conducta constituye una transgresión a la garantía individual consagrada en el artículo 23 constitucional. Es pertinente destacar que, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis antes citada, el principio de consunción consiste en optar por el tipo que colme en mejor forma la conducta ilícita del agente cuando ésta pueda apreciarse bajo dos o más delitos. El artículo 17 del Código Penal para el Estado de Veracruz, transcrito en párrafos precedentes, contempla el mencionado principio de consunción o absorción a la luz de diversas hipótesis; y reglamenta su aplicación en tratándose de los delitos del orden común, sancionados por la legislación punitiva estatal. Tales hipótesis son las siguientes*** Cuando una misma conducta esté tipificada en diversas leyes, la especial prevalecerá sobre la general*** Cuando una misma conducta esté tipificada en diversas normas (lo que debe entenderse como diversos preceptos de una misma ley), la de mayor alcance absorberá a la de menor amplitud y la principal excluirá a la secundaria. De acuerdo con los anteriores lineamientos, específicamente la parte resaltada, que es en la que se debe poner énfasis, a través de la aplicación del principio de consunción o absorción la acción de un tipo penal queda englobada en la más amplia de otro. Así, el tipo englobante desplaza al englobado, y el hecho único queda encuadrado en uno solo de los delitos actualizables, el que opera como desplazante. En el caso, como ha quedado expuesto, la juez de control vinculó al aquí quejoso, por considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de incumplimiento del deber legal y evasión de presos, en agravio de la procuración y administración de justicia, previstos en los artículos 319, párrafo primero, y 339 del Código Penal para el Estado de Veracruz, respectivamente. Lo anterior bajo los hechos que narró el fiscal en la audiencia inicial, que, en esencia, son los que se exponen a continuación*** La juez de origen estimó actualizado el delito de incumplimiento del deber legal, al considerar que con los datos de prueba se acreditó que el imputado es un servidor público, quien dejó de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión, porque con base en los artículos 132, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 214, fracción V y XXI, del Reglamento de la Fiscalía General del Estado, y 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incumplió con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, ya que desobedeció las órdenes encomendadas, pues su obligación era dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales que le habían instruido, como fue la de custodiar al evadido, y no lo hizo; además de que se justificó el perjuicio en detrimento de un tercero, como lo es la administración y procuración de justicia, pues al evadido*** se le sigue un proceso penal*** en perjuicio de la víctima de identidad resguardada*** En relación con el delito de evasión de presos, la juez de control estimó que con los datos de prueba se acreditaba que el imputado*** favoreció la evasión del procesado*** legalmente privado de su libertad con motivo de una orden de aprehensión que tenía en su contra en el proceso penal*** que al omitir cumplir con las previsiones y protocolos de seguridad para la custodia, dejó que dicho procesado se evadiera, pues éste aprovechó su negligencia para darse a la fuga. De ello deriva que la responsable, con una misma conducta estimó actualizados los hechos delictivos antes precisados, lo que, como se ha precisado, lleva a concluir que transgrede la garantía tutelada por los artículos 14, 16 y 23 constitucionales. Si bien los ilícitos referidos, por regla general pueden considerarse de naturaleza autónoma, ello no ocurre cuando, como en la especie, los hechos sobre los que recae su calificación son en esencia los mismos. Por tanto, si la autoridad responsable analizó los hechos y en forma ilegal estimó se actualizan dos supuestos ilícitos distintos; entonces, el estudio de los datos de prueba relativos a la probable responsabilidad del inculpado en la comisión de los injustos de trato, también deviene ilegal, pues se parte de una premisa errónea, por las consideraciones antes expuestas. De ahí que resulte improcedente analizar las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, toda vez que la concurrencia de los vicios formales precisados trae como consecuencia la anulación de la parte en que se aborda el fondo del acto reclamado. En ese sentido, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada, sólo por cuanto hace a*** con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, esto es*** Con base en los hechos materia de la imputación, y los datos de pruebas aportados, deberá establecer cuál es el delito que se encuentra acreditado, el de incumplimiento del deber legal o el de evasión de presos; ello en observancia a la garantía del artículo 23 constitucional. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** de la Ley de Amparo, se RESUELVE*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** respecto del acto reclamado de la*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz precisados en el considerando sexto, por los motivos y para los efectos precisados en el mismo. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y autoridad con el carácter de tercero interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio de amparo 1020/2022, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional; en consecuencia, fórmese cuadernillo, glósese la promoción de cuenta y respecto a su contenido, el asunto ya ha sido turnado para emitir la sentencia correspondiente, por tanto, una vez que las labores del juzgado lo permitan, se emitirá la misma y estará a su disposición a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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