Juan Emmanuel Álvarez Fernández

Expediente 862/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
862/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Emmanuel Álvarez Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO JUAN EMMANUEL ALVAREZ FERNANDEZ: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "El Director de Ingresos y el Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, dejen insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 236, desde la diligencia de emplazamiento hasta su última actuación; debiendo restituirle al quejoso la propiedad del inmueble ubicado en calle de la Uva 67-B, del Fraccionamiento Quinta Laguna, tercera etapa, de esta ciudad de Torreón Coahuila, a la parte quejosa. Concesión que debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Notificador Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal y al Director Registrador del Registro Público, ambas con residencia en esta ciudad, al no reclamarse, por vicios propios y sí en cambio hallarse vinculados con los de las responsables ordenadoras, tenidos por inconstitucionales". Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables Tesorero Municipal, Directora de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila y Director Registrador del Registro Público, todos con sede en esta ciudad, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dichas autoridades dejaron insubsistente los actos reclamados, a partir de la inconstitucional notificación del crédito fiscal folio 20120920472 (236), con clave 057-168-103-000, con motivo del adeudo de impuesto predial, sobre el bien inmueble a nombre del quejoso Juan Emmanuel Álvarez Fernández, mismo que aparece como propietario del bien inmueble ubicado en calle de la Uva número 67-B, fraccionamiento Quintas Laguna, tercera etapa, de esta ciudad, con todos los derechos inherentes al carácter de propietario; asimismo, la autoridad responsable Director Registrador del Registro Público en Torreón, Coahuila, informó que dejó insubsistente el embargo y adjudicación del citado bien inmueble, el cual se inscribió en la partida 23437, libro 235, sección IV, regresando al estado actual el bien inmueble propiedad del quejoso, de los actos de molestia generados por diversas autoridades y las citadas autoridades remitieron las constancias respectivas (fojas 135 a 138, 161 a 163, 185 a 187 y 227 y 228). Lo anterior, sin que haya inconformidad con el cumplimiento decretado por las precitadas autoridades responsables, pese a que se le dio vista del mismo al quejoso y tercero interesado, en proveídos de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, ocho de febrero y ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 139, 188 y 229). Aunado a lo anterior, se tuvo por recibido el ocurso del licenciado Eduardo Ávila Vázquez, en su carácter de autorizado del quejoso Juan Emmanuel Álvarez Fernández, en el que manifestó estar conforme con el cumplimiento dado por las autoridades responsables (foja 142). Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por el solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se les constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.

  2. Principal

    Se agrega a sus antecedentes el ocurso del autorizado por la parte quejosa... y en cuanto a lo que solicita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos a que hace alusión en su escrito y que obran dentro del presente juicio de amparo, previa copia certificada, toma de razón y entrega que se deje en autos para constancia legal. Notifíquese.

  3. Principal

    se notiifica por lista al quejoso: Agréguese el oficio signado por la Directora Registradora del Registro Público, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio de cuenta y su anexo, dése vista a la parte quejosa, y tercero interesada por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibidas que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso... mediante oficio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, aparece que la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, informó lo relativo al cumplimiento del fallo protector, en el sentido de que canceló la inscripción del embargó y la escritura de adjudicación relativas al bien inmueble ubicado en... por concepto de adeudo del impuesto predial. Para tal efecto, la citada autoridad adujo que dicha cancelación quedó registrada bajo la partida 23437, libro 235, sección IV, remitiendo copia certificada de la constancia de esa constancia de inscripción y del certificado de libertad de gravamen correspondiente, en el cual si bien en este último aparece como propietario el referido quejoso respecto del citado inmueble; empero, no se advierte fehacientemente que se haya cancelado la inscripción del aludido embargo y la escritura de adjudicación. Lo anterior es así, pues al examinar la partida 23437 solo contiene una transcripción del oficio remitido por el Director de Ingresos y el Tesorero Municipal de esta ciudad, en el que solicitaron el auxilio para dejar sin efecto las inscripciones ya mencionadas, es decir, no aparece que el registro público haya ordenado expresamente dejar sin efecto los datos de las inscripciones del embargo y la escritura de adjudicación, puesto que no se advierte ninguna expresión en ese sentido, además de que tampoco se asentó en los antecedentes registrales del inmueble en cuestión, ya que el certificado de gravámenes no refiere dicha información. Consecuentemente, de conformidad con el diverso numeral 192 de la ley en la materia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada dentro de los autos en que se actúa, en el sentido de asentar expresamente que quedaron sin efectos los datos de las inscripciones relativas al embargo y la escritura de adjudicación del inmueble ya mencionado, con motivo del fallo protector otorgado al peticionario de amparo, cuyo hecho deberá inscribirlo en los antecedentes registrales de dicho inmueble, remitiendo la constancia que así lo acredite. Así las cosas, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no cumplir con el requerimiento, se le impondrá una multa, equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de este año. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

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