Juan Elías Ontiveros Gómez

Expediente 1387/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1387/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Elías Ontiveros Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    3.- Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de 08 de octubre de 2019, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ..Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al (la) Secretario(a) para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que desechó la demanda de amparo, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. .., hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. ..

  2. Principal

    3.- Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ..

  3. Principal

    3) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 08 DE OCTUBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite:  El testimonio de la ejecutoria dictada el 26 de septiembre de 2019, en el conflicto competencial 11/2019;  El juicio de amparo 1387/2019, de nuestro registro. Ahora, del testimonio de la ejecutoria dictada el 26 de septiembre de 2019, en el conflicto competencial 11/2019; se advierte que el citado cuerpo colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se declara competente al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para conocer del juicio de amparo promovido por *. TERCERO. Se ordena la remisión de los autos al juez a que se refiere el punto que antecede, para que se avoque a su conocimiento." Acuse. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por la recepción del testimonio. Ahora bien, se procede a proveer sobre la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En el entendido que de la parte final de la resolución dictada el 26 de septiembre de 2019, en el conflicto competencial 11/2019, se observa: "(.) Cabe precisar que esta determinación no prejuzga sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto de que se trata, teniendo en cuenta que el acto reclamado principal versa sobre la competencia de origen del Juez señalado como responsable". Por lo que bajo ese parámetro se resolverá sobre la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. *. B.- Tercero(s) interesado(s). 1.- *. C.- Autoridad(es) responsable(s). 1.- Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. Puebla. 2.- Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. D.- Acto(s) reclamado(s). 1.- El nombramiento del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla el cual estima es ilegal, al no cumplir con los requisitos para ser juez de primera instancia. 2. En vía de consecuencia, se reclama todo lo actuado dentro de la causa penal * de su índice, en la que el quejoso tiene el * en la comisión del delito de *. En el entendido que el acto reclamando se fija conforme a lo establecido por el Tribunal de Alzada en la resolución de dictada el 26 de septiembre de 2019, en el conflicto competencial 11/2019, en el que determinó que todo lo actuado dentro de la causa penal * de su índice, constituía un acto reclamado derivado de la impugnación realizada al nombramiento del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, es decir, no se reclamaba por vicios propios sino como consecuencia de ese nombramiento. Acuerdo y/o motivación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1.- Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2.- Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3.- Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4.- Que no exista excepción al principio de definitividad. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1.- El(los) acto(s) reclamado(s) fue(ron) emitido(s) por una autoridad(es) distinta(s) de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridad(es) administrativa(s), al caso, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. 2.- Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; al caso, se establece la existencia del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa en el Título Séptimo, Capítulos Quinto y Sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que puede iniciarse de oficio, o mediante queja o denuncia del interesado que tenga interés directo o indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura, conforme se describe en los preceptos siguientes: "Artículo 147.- El órgano encargado de investigar y conocer las quejas o denuncias por responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, es el Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría, en términos de lo dispuesto por la presente ley y demás disposiciones aplicables". "Artículo 148.- En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales". "Artículo 149.- El procedimiento para la investigación y determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, iniciará: I. Por queja o denuncia del interesado que tenga interés directo o indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura. Si el Consejo de la Judicatura estimare que la queja o denuncia fue interpuesta sin motivo, se impondrá al quejoso o a su representante o abogado, o a ambos, una multa equivalente a la cantidad de hasta sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; II. De oficio, cuando de las diligencias llevadas a cabo por las autoridades competentes en su facultad de investigación, de las actas levantadas a los subalternos o con motivo de las visitas practicadas a los órganos y oficinas del Poder Judicial, de las auditorías realizadas por el Órgano de Control del citado poder o de las propias actuaciones del servidor público involucrado, se adviertan irregularidades; y III. Por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en ejercicio de sus funciones. Las denuncias podrán ser anónimas, siempre y cuando se sustenten en prueba documental. Cuando se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones". "Artículo 150.- Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público, debiendo establecer los lineamientos para que las mismas sean atendidas y resueltas con eficiencia". "Artículo 151.- La autoridad competente tendrá acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos; en tratándose de faltas graves podrá incluirse aquélla información que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes". "Artículo 152.- Las autoridades competentes encargadas de la investigación podrán desahogar cualquier diligencia probatoria que consideren necesaria para el esclarecimiento de los hechos, así como ordenar la práctica de visitas de verificación, siempre que no sean contrarias a la ley". "Artículo 153.- Los servidores públicos que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, las personas físicas y morales, así como las autoridades federales, estatales o municipales, los fedatarios públicos, fiscalías, dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formule la autoridad competente. Para atender los requerimientos necesarios para la investigación se otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas". "Artículo 154.- Para el cumplimiento de las atribuciones que (sic) a que se refiere el presente capítulo, se podrán emplear los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; II. Auxilio de la fuerza pública, o III. Arresto hasta por treinta y seis horas. Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal". "Artículo 155.- Concluidas las diligencias de investigación se procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el que se presentará ante la Comisión de Disciplina. En el Informe de Presunta Responsabilidad, la Comisión de Vigilancia y Visitaduría podrá solicitar a la Comisión de Disciplina las medidas cautelares que estime pertinentes. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción o la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá el proyecto de resolución de conclusión y archivo del expediente, para ser sometido a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura; sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables". "Artículo 156.- La Comisión de Disciplina será la encargada de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial y elaborar el proyecto de resolución que deberá ser sometido al Pleno del Consejo de la Judicatura dispuestos por la presente ley y demás disposiciones aplicables." "Artículo 157.- En todo lo relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, será aplicable lo dispuesto en el Capítulo I y II del Título Segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas". "Artículo 158.- El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando la Comisión de Disciplina admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa". "Artículo 159.- Cuando la Comisión de Disciplina considere que no se debe iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o se deba modificar la calificativa de la falta, emitirá el proyecto de acuerdo respectivo, para ser sometido a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido se desprenda: I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de los asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones,. (sic) siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó; II. Que el acto u omisión fuere corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron, y III. Que de los datos que obran en la investigación no se adviertan indicios razonables que permitan suponer la presunta responsabilidad del servidor público en la falta que se le atribuye". "Artículo 160.- En caso de que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se adviertan hechos que entrañen posibles conductas delictivas, el Pleno del Consejo de la Judicatura, pondrá en conocimiento del Ministerio Público los hechos respectivos." "Artículo 161.- En todo lo no previsto en el presente Título se observará lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el ordenamiento aplicable en materia de responsabilidad administrativa del Estado, y en su caso el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla." De los preceptos transcritos se observa las fases de las que se integra el procedimiento administrativo de responsabilidad, entre ellas se contiene: a) Inicio, que prevé la posibilidad de formular denuncia o queja del interesado. b) Fase de investigación. c) Fase del procedimiento administrativo propiamente dicho. Asimismo, se establece que el Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría, será el órgano encargado de investigar y conocer las quejas o denuncias por responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial. 3.- A través del procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Puebla, se busca advertir si los servidores públicos incurrieron en alguna de las faltas previstas en los numerales 139 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que dicen: "Artículo 139.- Son faltas administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial: I. Incurrir en conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los miembros del Poder Judicial, o que pongan en riesgo su imparcialidad y su libertad para juzgar; (.) XXXIII. Dejar de cumplir las demás obligaciones que les imponga la presente ley y demás disposiciones aplicables." "Artículo 141.- Se considerarán faltas graves: I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro poder; II. Solicitar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, valores o cualquier otra dadiva, ya sea por concepto de gastos, gratificaciones, obsequios, remuneración por diligencias que se practiquen dentro o fuera de los recintos judiciales, sin importar que éstas se efectúen después de las horas de despacho o en días y horas habilitados legalmente; III. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial; IV. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; V. Tener una notoria ineptitud, abandono o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar; VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes; VII. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan en los procedimientos; VIII. Dictar sentencias o resoluciones contrarias o en exceso de lo que se emitió en sala de audiencias; IX. Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley que no admita interpretación, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio sin motivo justificado, y X. Aquellas previstas en las demás disposiciones aplicables". Ahora, la resolución dictada el 26 de septiembre de 2019, en el conflicto competencial 11/2019, se observa que el Tribunal de alzada, en cuanto a la naturaleza del acto reclamado, determinó: "(.) En ese sentido, este tribunal colegiado considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, se surte a favor del Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo presentada por el quejoso, se advierte que el acto reclamado destacado lo es el nombramiento del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el cual estima es ilegal, al no cumplir con los requisitos para ser juez de primera instancia; y, como consecuencia de ello, no por vicios propios se reclama todo lo actuado dentro de la causa penal número * de su índice, en la que tiene el * en la comisión del delito de *. Se afirma lo anterior, ya que en el apartado de actos reclamados de la demanda de amparo, el quejoso atribuyó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado: "...Ia resolución por la cual nombró y concedió adscripción al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, J*, quien carece de jurisdicción, facultades y competencia para fungir como Juez de lo Penal de primera instancia..."; y, por otro lado, del aludido Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: "... todas y cada una de sus actuaciones practicadas dentro de la causa penal * (...), ello por virtud de que dicho juez carece de jurisdicción y por ende de facultades y competencia para conocer de la causa penal que se instruye en mi contra..."; de lo que se sigue que si bien el solicitante del amparo reclama todo lo actuado dentro de la citada causa penal, ello es exclusivamente como consecuencia del nombramiento del juez de primera instancia, el cual estima es contrario a derecho. Máxime que no se advierte que el quejoso reclame algún acto en concreto dentro de la causa penal, como pudiera ser la orden de aprehensión o el auto de formal prisión; en consecuencia, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito requerido, el juicio constitucional no tiene por objeto la revisión del procedimiento penal derivada de la función y actuación del juez penal que instruye el procedimiento, sino por el contrario, el nombramiento del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al estimar que es ilegal, porque el titular no cubre el perfil requerido. Así las cosas, al reclamarse un acto formal y materialmente administrativo, como lo es el nombramiento de un juez de primera instancia, al derivar de un proceso interno de selección en el que interviene el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como el Consejo de la Judicatura local, tal y como lo establecen los numerales 96, fracción II, 184 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; es inconcuso que la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo Administrativa. (.) En consecuencia, no le asiste razón al Juez de Distrito en Materia de Amparo Administrativa, al considerar que al reclamarse todo lo actuado dentro del proceso penal *, se pretende dejar insubsistente el procedimiento penal y, por tanto, se trata de actos de naturaleza penal; toda vez que si bien se pretende dejar insubsistente dicha causa penal, se insiste, ello es derivado del nombramiento del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, que lleva la causa penal, el cual estima es ilegal, por razones de competencia originaria. Por tanto, si en la especie los actos reclamados en la demanda de amparo son formal y materialmente administrativos, pues se reclama al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el nombramiento de un juez de primera instancia, al estimarse que es ilegal: y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del proceso penal número *, del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se insiste, sólo en vía de consecuencia y no por vicios propios; es inconcuso que corresponde conocer de la misma al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y, por tanto, deben remitírsele los autos del juicio de amparo." En esa medida, se colige que el quejoso se duele del nombramiento otorgado del Juez natural ya que estima que carece de los requisitos de origen para desempeñar las funciones Juez de primera instancia en el fuero común. Lo que se colige si se toma en cuenta el contenido del precepto 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, señala: "Artículo 173.- Para ser Juez de primera instancia, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; II. Ser mayor de veintiocho años; III. Ser profesional del Derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de tres años; IV. Haber prestado, por lo menos un año, sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o que lo merezca por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica; V. Aprobar las evaluaciones que para tal efecto implemente el Consejo de la Judicatura, de conformidad con la presente ley y demás disposiciones aplicables, y VI. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de un año, pero si se tratare de cualquier otro delito que lastime seriamente su buena fama en el concepto público, quedará impedido para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. En tanto, que ese nombramiento deriva de un proceso interno de selección en el que interviene el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como el Consejo de la Judicatura local, tal y como lo establecen los numerales 96, fracción II, 184 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que señalan: "Artículo 96.- Son atribuciones del Consejo de la Judicatura: (.) II. Nombrar a los jueces de primera instancia; (.)" "Artículo 184.- El Pleno, dará posesión de sus cargos, al Presidente, a los magistrados, y a los jueces de primera instancia. El Consejo de la Judicatura, funcionando en Pleno, dará posesión de sus cargos a los consejeros de la Judicatura y a los integrantes del Comité Consultivo." De lo que se concluye que necesariamente el quejoso debía agotar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, antes de promover este juicio. 4.- No existe excepción al principio de definitividad. I.- Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. El anterior supuesto no se actualiza en la especie, puesto que de conformidad con lo narrado con el quejoso, contra éste se sigue el procedimiento penal del que deriva su inconformidad sobre el actuar el servidor público relativo. Aunado a que de acuerdo a lo estatuido en el artículo 149 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, el procedimiento para la investigación y determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, iniciará por queja o denuncia del interesado que tenga interés directo o indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura. II.- Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación. No se estima que el acto reclamado cuente con esa calidad, aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la irreparabilidad del (los) acto(s) reclamado(s) no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. III.- Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, conforme a los lineamientos del Tribunal de alzada el acto(s) reclamado(s) es(son) de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales, en tanto, que se estableció que el acto reclamado destacado lo constituye el nombramiento del Juez natural, y lo actuado en el procedimiento penal se reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios. IV.- Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. V.- Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas sino el nombramiento de un Juez de primera instancia del fuero común atento a su competencia originaria. VI. - Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se reclama cuestión relacionada a la fundamentación del acto reclamado, en todo, caso el quejoso se inconforma de que el nombramiento reclamado no se otorgó apegado a la normatividad aplicable al caso, lo que de suyo lleva, que el acto reclamado cuenta fundamentación. VII.- Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, conforme se señaló el quejoso se duele cuestiones de legalidad respecto a la legislación local que prevé los requisitos para acceder al cargo de juez de primera instancia en el fuero común, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción. X.- Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el procedimiento administrativo de responsabilidad de los servidores públicos se prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, en virtud de que no acudió a la queja o denuncia para dar trámite al procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Conclusión En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo a lo todo lo actuado al procedimiento penal de origen por no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia del nombramiento otorgado al Juez natural impugnado de forma destacada en esta instancia por el justiciable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    2) El Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, informa las gestiones tendientes a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Acuerdo 1.- Agréguese a los autos el oficio con anexo, para que obren como corresponda. 2.- Se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia de amparo. 3.- Requerimiento. Requiérase al Juez responsable, para que en el plazo de 24 horas, siguientes a la fecha que tenga contestación a su oficio * que envió al Juez de lo Civil Competente del Distrito Judicial de Morelos Tlaxco, Tlaxcala en proveído de 28 de agosto de 2019, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. 4.- Apercibimiento. Hágase de su conocimiento que subsisten los apercibimientos decretados en autos.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,863 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano