Juan Elias Ontiveros Gomez
Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Elias Ontiveros Gomez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio III-4775/2019 signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Mediante la cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veintiséis de septiembre pasado, en el conflicto competencial-11/2019 de su índice, misma que en sus puntos resolutivos establece: PRIMERO.- Si existe el conflicto competencial a que este toca se refiere. SEGUNDO.-Se declara competente al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para conocer del juicio de amparo promovido por Juan Elías Ontiveros Gómez. TERCERO.-Se ordena la remisión de los autos al juez a que se refiere el punto que antecede, para que se avoque a su conocimiento. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente como asunto como totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto respecto del cual este juzgado declinó competencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 36107/2019 signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Al que acompaña el expediente 747/2019 de este juzgado, relativo al juicio de amparo indirecto promovido por Juan Elías Ontiveros Gómez, e informa que por auto de catorce de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1387/2019 de su índice, no aceptó la competencia planteada por este juzgado federal; acúsese recibo. En otro orden de ideas, este juzgador insiste en que la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo le corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, al no compartir el criterio del titular de tal juzgado. La juez oficiante no acepta la competencia planteada bajo el argumento que los actos reclamados derivan de la causa penal XXXXX/2014, aunado que también se combate el nombramiento del Juez José Refugio Alejandro León Flores estimando que la naturaleza de tal acto también es de índole penal, ello por ser la función y actuación que le fueron conferidos como Juez Penal. Del análisis de los antecedentes señalados se advierte que el quejoso combate la designación del cargo de Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, subsecuentemente, las actuaciones jurisdiccionales realizadas por el mismo, durante el cargo conferido, por lo que válidamente puede presumir a criterio del suscrito que se trata de un acto de naturaleza administrativa, ya que el mismo deriva del nombramiento que en su oportunidad fue conferido al servidor público, así como de la adscripción que tuvo, cuestiones que indudablemente se ubican en el campo de la materia administrativa. En relación con lo anterior, la cuestión primigenia es la designación del Juez de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla que derivado de las funciones que en ese momento le fueron conferidos recayó la causa penal 18/2014, que fueron validados por el citado Juez, dado a las potestades que se le atribuyeron, pero todo esto surge de un nombramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ya que, las designaciones para fungir como Juez son de carácter interno del Poder Judicial del Estado de Puebla. En ese orden de ideas, con fundamento el artículo 48 de la Ley de Amparo, se insiste en declinar la competencia del presente asunto al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. En tal virtud, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en el dispositivo legal invocado en el párrafo anterior, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, a fin de que resuelva quién debe conocer del presente juicio; haciéndole del conocimiento lo anterior al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para los efectos a que alude el citado numeral. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P.J. 31/95, visible en la página 26, del Tomo II, de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto veintinueve de junio de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se establece que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación, y no existen documentos originales en el mismo. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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