Juan Eladio Ortega Villa
Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Eladio Ortega Villa
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Se reitera al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, que en caso de que las autoridades responsables no hayan reanudado labores con motivo de la suspensión decretada para hacer frente al problema de salud generado por el SARS-Cov-2 (COVID-19) o por diverso motivo, haga entrega de los oficios que se generen en este asunto hasta en tanto reanude el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***por las razones y fundamentos contenidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el alegato número 79/2022, signado electrónicamente por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, sin perjuicio de que sea tomado en consideración en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo. En cuanto a la copia que solicita, expídasele una vez que se dicte la sentencia en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, en el que obra inserto el auto de dos de febrero de dos mil veintidós, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y al efecto remite el original del juicio de amparo 90/2022, de su índice y cuatro copias de demanda. Por tanto, con apoyo en el artículo 48, párrafo II, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al Juez declinante para los efectos legales procedentes. Acúsese recibo vía electrónica (SISE). Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 103/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial administrativo encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y sus anexos, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión y dilación procesal de la autoridad responsable de acordar las promociones de trece de marzo de dos mil veinte y diecisiete de enero de dos mil veintidós. Al respecto, debe decirse que respecto de la omisión de acordar el escrito citado en segundo término, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del artículo 107, fracción V, transcrito, se advierte claramente que la Ley de Amparo, no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En el caso concreto, la parte quejosa se duele que la autoridad responsable no se ha pronunciado sobre lo solicitado en la promoción de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dirigida al juicio laboral 1/2014 y acumulados, dentro del plazo establecido por la ley laboral; lo que, implica someterse a las reglas y a los términos contenidos en la legislación adjetiva o procesal, de modo tal, que si la autoridad responsable incumple con las formalidades ahí contenidas, en la hipótesis anunciada, existirá una violación adjetiva, pero no sustantiva. Así, una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, como lo establece la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; por lo que conforme a la nueva Ley de Amparo no es un acto de imposible reparación respecto del cual proceda el juicio de amparo indirecto, dada la fecha cercana de la promoción de la parte quejosa y la falta de su acuerdo, acto que este juzgador considera que no afecta derechos sustantivos. Es aplicable la Jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, que señala: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tal virtud, la sola omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito de diecisiete de enero de dos mil veintidós, que refiere la promovente, dentro del término previsto en la ley, no lleva a configurar de manera automática una abierta dilación procesal ni la paralización total del juicio. Es así, pues se debe diferenciar la dilación procesal, en estricto sentido, traducida en que una actuación no se emita dentro de los plazos legales, de la dilación abierta para efectos de procedencia del juicio de amparo, en la cual su temporalidad, tratándose de juicios laborales como el de origen, debe sujetarse al parámetro de cuarenta y cinco días fijado en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), antes transcrita. Además, debe señalarse que en el caso no se advierte una abierta dilación, dado que presentó el escrito de diecisiete de enero de dos mil veintidós, y desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse, han transcurrido veintidós días naturales, esto es del dieciocho de enero al ocho de febrero del año en curso. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII; 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se desecha parcialmente la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal por parte de la autoridad responsable en acordar la promoción de trece de marzo de dos mil veinte. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. En relación con la celebración de la audiencia constitucional, a fin de privilegiar la salud del personal y de los justiciables, se hace la precisión que si bien, conforme al numeral 124, de la Ley de Amparo, las audiencias son públicas, éstas no están supeditadas para su desahogo a que deban comparecer las partes; de ahí que pueden verificarse aún sin su asistencia. En este tenor, se invita a las partes para que, de no ser absolutamente necesaria su asistencia presencial para la celebración de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto; no obstante lo anterior, si es su deseo comparecer por considerarlo necesario, deberán solicitarlo expresamente a efecto de proveer lo conducente y ordenar su preparación vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, en razón de que el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el tres de agosto de dos mil veinte, privilegia el trabajo a distancia, con el fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma. En la inteligencia que de no manifestar expresamente su deseo de asistir a la celebración de la audiencia de mérito, una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, ésta se llevará a cabo sin su asistencia. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). Se le apercibe que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Se informa que las notificaciones serán practicadas por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a éste órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Así mismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 5, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Servicios Administrativos Wal Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o Operadora Wal Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o Nueva Wal Marte de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con domicilio en Calle Fernando Ríos Neri, número tres (3), Colonia Ciudad de los Servicios, de esta ciudad; en consecuencia, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), y 27, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio citado y con copia simple de la demanda, emplace al tercero interesado de referencia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados para tal efecto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las personas que para tal efecto menciona. Por otra parte, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como prueba de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. En términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como son un correo electrónico o teléfono móvil; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. Se hace saber a las partes que en caso de que requieran consultar físicamente el expediente, deberán generar una cita, lo que podrán realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del citado Acuerdo General 21/2020. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional y con apoyo además en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento a la parte tercera interesada, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este asunto, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del citado Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado conforme al diverso 37/2020, que entró en vigor el dieciséis de enero del año en curso. Igualmente para que de no haber reanudado labores las autoridades responsables por cualquier motivo, (COVID-19, entre otros), haga entrega de los oficios que surjan del presente juicio de amparo, una vez que ésta reanude el servicio al público. De conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Finalmente, hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal y a la parte tercera interesada
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