Juan Eduardo Serrano Reséndiz
Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Eduardo Serrano Reséndiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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agréguese a los autos el oficio firmado por la secretaria auxiliar de acuerdos de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que remitió al rendir su informe justificado. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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."Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, misma en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo; sin que las partes lo hayan hecho valer En consecuencia, ." se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. Devolución de constancias. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, la secretaria hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los conceptos de violación, sin que ello implique violación a las reglas del procedimiento o las disposiciones de la Ley de Amparo. En su único concepto de violación el quejoso argumenta que la autoridad responsable se abstuvo de valorar las circunstancias de hecho, consistentes en que si bien el demandado no resguardó los comprobantes de pago por concepto de pensión alimenticia, la realidad es que su descendiente no negó que cohabitó con él, lo cual exime su obligación de pago. Expone que el pago de los alimentos se encuentra garantizado con póliza de fianza, por lo que en el supuesto sin conceder que existiera incumplimiento, ésta pudo ser exigible desde el primer mes de adeudo. Aduce que la sala familiar omitió emitir pronunciamiento respecto a las posibilidades del quejoso para cubrir el monto reclamado, así como su estado de salud, que le impide pagar una cantidad mayor a la establecida por concepto de pensión alimenticia. Los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces. De las constancias que obran en autos, se observa que mediante resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de incumplimiento de convenio, el Juez Décimo Familiar de la Ciudad de México condenó a Juan Eduardo Serrano Reséndiz al pago de $292,500.00 (doscientos noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias adeudadas de abril de dos mil dieciséis a febrero de dos mil diecinueve. Inconforme con lo anterior, el enjuiciado interpuso recurso de apelación en el cual hizo valer, en esencia, los siguientes motivos de agravio: Primero. Expuso que Mónica Anayatzin Serrano Ramírez carecía de legitimación para promover el incidente de incumplimiento de convenio, debido a que en la sentencia definitiva de tres de marzo de dos mil seis, se le condenó al pago de alimentos a favor de ella, por la cantidad $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, ésta sería entregada en forma personal a su ex consorte Mónica Ramírez Gómez, por lo que ella es la única que puede accionar en su contra. Refirió que a fin de que su descendiente se encontrara legitimada en el proceso, previamente debió comparecer al juicio natural a fin de que se reconociera su capacidad de goce y ejercicio por haber alcanzado la mayoría de edad; y así el demandado se encontrara en posibilidad de cumplir con la obligación alimentaria realizando el pago directo a su acreedora. Segundo. Adujo que además de haber acreditado su capacidad de goce y ejercicio, debió interpelarlo judicialmente para el pago de las pensiones alimenticias, con el propósito de que fueran pagadas a partir de los treinta días siguientes a ese requerimiento, por lo que el cálculo retroactivo realizado por el juez del conocimiento carece de sustento. Del citado medio de impugnación, conoció la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, misma que dictó la sentencia que aquí se reclama, en la que confirmó la resolución recurrida, con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan: Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, Mónica Ramírez Gómez promovió incidente de pensión alimenticia en contra de Eduardo Serrano Reséndiz. Al citado ocurso, recayó el auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual el juez del conocimiento requirió a la actora para que proporcionara el domicilio de la acreedora Mónica Anayatzin Serrano Ramírez, toda vez que alcanzó la mayoría de edad y, por tanto, su progenitora dejó de representarla. Así, mediante comparecencia de doce de julio de dos mil diecisiete, Mónica Anayatzin Serrano Ramírez compareció e hizo suya la demanda incidental; de ahí que el a quo reconoció su derecho para intervenir en juicio, debido a que como persona mayor de edad, es libre de disponer de sus bienes. Por tanto, contrario a lo manifestado por el recurrente, Mónica Anayatzin Serrano Ramírez sí tiene personalidad jurídica para promover el incidente de incumplimiento de convenio, puesto que como se advierte de la sentencia definitiva de tres de marzo de dos mil seis (en la que se aprobó el convenio celebrado entre las partes) el juez natural condenó al demandado al pago de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pensión alimenticia definitiva mensual, a favor de su descendiente; por lo que su hija es la titular del derecho alimentario. La síntesis anterior revela que en la sentencia reclamada no existe algún pronunciamiento en torno a lo que aduce el impetrante en su demanda de amparo; sin embargo, ello encuentra sustento en que tales cuestiones no fueron planteadas en el recurso de apelación, pues del escrito de agravios se advierte que únicamente combatió la legitimación procesal de Mónica Anayatzin Serrano Ramírez para promover el incidente de incumplimiento de convenio de donde emana el acto reclamado. Aunado a lo anterior, se debe precisar que el quejoso dirige sus argumentos a combatir la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual el Juez Décimo Familiar de la Ciudad de México lo condenó al pago de las pensiones alimenticias adeudadas por la cantidad de $292,500.00 (doscientos noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); no obstante, tales motivos de inconformidad debió plantearlos en su recurso de apelación, sin que se aprecie que lo hubiere realizado, de modo que su concepto de violación también resulta novedoso. Al margen de lo anterior, aun supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de violación resulta insuficiente para destruir la legalidad del acto reclamado. En efecto, de las constancias que obran en el juicio de divorcio 105/2006 se advierte que, mediante sentencia de tres de marzo de esa anualidad, el Juez Décimo Familiar de la Ciudad de México dictó sentencia definitiva en la que, entre otras cuestiones, condenó a Juan Eduardo Serrano Reséndiz al pago de una pensión alimenticia definitiva mensual a favor de la entonces menor Mónica Anayatzin Serrano Ramírez, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional). Posteriormente, Mónica Ramírez Gómez demandó de Juan Eduardo Serrano Reséndiz el pago de $102,000.00 (ciento dos mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias adeudadas. Al citado ocurso recayó el auto de veintiocho de junio siguiente, por virtud del cual el juez natural requirió a la actora para que proporcionara el domicilio de la acreedora Mónica Anayatzin Serrano Ramírez, debido a que alcanzó la mayoría de edad (actualmente cuenta con veintitrés años, tal como se advierte del atestado de nacimiento que obra a foja 74 del tomo III) y, por tanto, su progenitora dejó de representarla. El doce de junio posterior, el a quo tuvo a Mónica Anayatzin Serrano Ramírez haciendo suya la demanda, por lo que ordenó dar vista al demandado para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. Por tanto, tal como lo adujo la autoridad responsable la tercera interesada sí cuenta con legitimación y capacidad de ejercicio para promover el incidente de donde emana el acto destacado. IX. DECISIÓN En las relatadas consideraciones, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Eduardo Serrano Reséndiz, por propio derecho, contra el acto del Juez Décimo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando VII de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Eduardo Serrano Reséndiz, por propio derecho, contra el acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan de las constancias remitidas mediante oficio remitido vía correo electrónico por la Juez Décimo Familiar de la Ciudad de México. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar el presente proveído a las autoridades responsables, pues de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a éstas se les deberá notificar forzosamente por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable a quien se le notificará de manera personal (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, por lo que si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de proveídos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III del citado precepto, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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