Juan Eduardo Arrazola Cristobal

Expediente 824/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
824/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Eduardo Arrazola Cristobal

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, quien además se ostenta como heredero universal y albacea definitivo de su extinto progenitor, ********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 y Actuario de su adscripción; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número ********************, y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Causa notoria de improcedencia. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de ser el caso, lo que procede es desechar de plano la demanda. El citado numeral establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del numeral citado se desprende que el juez federal tiene la facultad de desechar de plano la demanda de garantías, para lo cual, es necesario que se esté en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En el entendido de que por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De ahí que, una causa de improcedencia manifiesta e indudable es aquella que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos, de tal manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese sentido, conviene precisar que tras una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1. El acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario ********************-antes ********************-, en el que el Tribunal Unitario responsable instruyó continuar con la ejecución de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil nueve; y, 2. La ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio agrario, por no haber sido llamado a juicio. Ahora bien, en la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Articulo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computaran a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se advierte que el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, el cual puede computarse a partir de tres momentos, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente al en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) El quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se ostente sabedor del acto. De lo anterior se advierte la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo debe ser a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, si la demanda se amparo no se presenta dentro del término de quince días, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse un consentimiento tácito de los actos reclamados, en términos del numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es importante destacar que los hechos o abstenciones narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en los que la parte quejosa precisa la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, es una confesión que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. De esa forma, no es necesario que existan constancias de la notificación del acto reclamado, para efectuar el cómputo del término respectivo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada, Séptima Época, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, registro digital 232213, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, situación que denota que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, había transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el arábigo 17 de la Ley de Amparo. Es así, porque al ostentarse sabedor de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el plazo de quince días para presentar la demanda inició a computarse a partir del día siguiente. Por lo que el citado plazo transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días intermedios diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de noviembre, tres y cuatro de diciembre, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veintiuno de noviembre, inhábil de conformidad con el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diez de agosto de dos mil veintitrés, resulta notorio que su presentación se realizó de manera extemporánea. De ahí que, al no combatir los actos que reclama dentro del plazo previsto para ello, consintió los actos de manera tácita, situación que actualiza la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido que, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que el propio quejoso ********************, por derecho propio y ostentándose como heredero universal y albacea definitivo de su finado progenitor, ********************, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós presentó demanda de amparo en términos similares a la demanda previamente analizada. De esa demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, quien por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite con el número ******************** y resolvió en sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico; esto es, la posesión legítima del inmueble que pretendió defender. Cabe precisar que la citada resolución se declaró firme por acuerdo dictado el siete de marzo de dos mil veintitrés, con independencia de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quien por auto de presidencia de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, lo registró con el número ******************** y desechó por extemporáneo, auto que se declaró firme mediante proveído de doce de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que el propio quejoso ********************, por derecho propio y ostentándose como heredero universal y albacea definitivo de su finado progenitor, ********************, el veintiséis de junio del dos mil veintitrés presentó demanda de amparo en términos similares a la demanda previamente analizada. De esa demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, quien por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se registró bajo el número ******************** y se desechó por extemporánea, auto que se declaró firme mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Lo anterior refuerza la actualización de la causa de improcedencia advertida, ante la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo. Finalmente, debe señalarse que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica denegar el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional, que no configura una denegación de justicia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes al no haber proporcionado cédula profesional. Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ CITATORIO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUAL SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, quien además se ostenta como heredero universal y albacea definitivo de su extinto progenitor, ********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 y Actuario de su adscripción; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número ********************, y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Causa notoria de improcedencia. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de ser el caso, lo que procede es desechar de plano la demanda. El citado numeral establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del numeral citado se desprende que el juez federal tiene la facultad de desechar de plano la demanda de garantías, para lo cual, es necesario que se esté en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En el entendido de que por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De ahí que, una causa de improcedencia manifiesta e indudable es aquella que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos, de tal manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese sentido, conviene precisar que tras una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1. El acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario ********************-antes ********************-, en el que el Tribunal Unitario responsable instruyó continuar con la ejecución de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil nueve; y, 2. La ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio agrario, por no haber sido llamado a juicio. Ahora bien, en la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Articulo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computaran a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se advierte que el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, el cual puede computarse a partir de tres momentos, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente al en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) El quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se ostente sabedor del acto. De lo anterior se advierte la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo debe ser a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, si la demanda se amparo no se presenta dentro del término de quince días, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse un consentimiento tácito de los actos reclamados, en términos del numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es importante destacar que los hechos o abstenciones narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en los que la parte quejosa precisa la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, es una confesión que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. De esa forma, no es necesario que existan constancias de la notificación del acto reclamado, para efectuar el cómputo del término respectivo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada, Séptima Época, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, registro digital 232213, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, situación que denota que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, había transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el arábigo 17 de la Ley de Amparo. Es así, porque al ostentarse sabedor de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el plazo de quince días para presentar la demanda inició a computarse a partir del día siguiente. Por lo que el citado plazo transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días intermedios diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de noviembre, tres y cuatro de diciembre, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veintiuno de noviembre, inhábil de conformidad con el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diez de agosto de dos mil veintitrés, resulta notorio que su presentación se realizó de manera extemporánea. De ahí que, al no combatir los actos que reclama dentro del plazo previsto para ello, consintió los actos de manera tácita, situación que actualiza la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido que, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que el propio quejoso ********************, por derecho propio y ostentándose como heredero universal y albacea definitivo de su finado progenitor, ********************, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós presentó demanda de amparo en términos similares a la demanda previamente analizada. De esa demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, quien por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite con el número ******************** y resolvió en sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico; esto es, la posesión legítima del inmueble que pretendió defender. Cabe precisar que la citada resolución se declaró firme por acuerdo dictado el siete de marzo de dos mil veintitrés, con independencia de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quien por auto de presidencia de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, lo registró con el número ******************** y desechó por extemporáneo, auto que se declaró firme mediante proveído de doce de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que el propio quejoso ********************, por derecho propio y ostentándose como heredero universal y albacea definitivo de su finado progenitor, ********************, el veintiséis de junio del dos mil veintitrés presentó demanda de amparo en términos similares a la demanda previamente analizada. De esa demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, quien por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se registró bajo el número ******************** y se desechó por extemporánea, auto que se declaró firme mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Lo anterior refuerza la actualización de la causa de improcedencia advertida, ante la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo. Finalmente, debe señalarse que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica denegar el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional, que no configura una denegación de justicia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes al no haber proporcionado cédula profesional. Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente

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