Juan Eduardo Alpuche Aguirre
Expediente 261/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Eduardo Alpuche Aguirre
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Y mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Por otro lado, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atento a lo informado en la cuenta y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria da cuenta con el escrito inicial de demanda, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las copias certificadas de las constancias que la Servidora Pública adscrita a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán, designada en suplencia por ausencia del titular, adjuntó a su informe justificado, así como las copias certificadas de las constancias que la Directora en Yucatán de la Procuraduría Federal del Consumidor, ODECO Zona Metropolitana Mérida, adjuntó a su oficio PFC/DGODC/MME/OD/236/2020, de trece de octubre del año en curso. A lo que el Juez acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida y desahogada por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con que las partes no hicieron manifestación alguna, por lo que se cierra dicho periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 261/2020-VIII promovido por Juan Eduardo Alpuche Aguirre, contra los actos que reclama de la Procuraduría Federal del Consumidor, por violación a los artículos 14 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el doce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado Juan Eduardo Alpuche Aguirre, contra los actos que reclama de la Procuraduría Federal del Consumidor. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete y previo diferimiento se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclaman actos atribuibles a autoridades que residen dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de lo acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama esencialmente de la Procuraduría Federal del Consumidor, el acuerdo emitido el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente PFC.YUC.B.3/003857-2019 de su índice relativo a la queja interpuesta por el aquí quejoso en contra de INO TECHNOLOGY, en el cual señaló las nueve horas del tres de junio de dos mil veinte, para que se llevara a cabo la audiencia de conciliación entre las partes ahí involucradas. Tercero. Actos existentes. La Servidora Pública adscrita a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán, designada en suplencia por ausencia del titular, al rendir su informe justificado, admitió el acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación con el acto reclamado que le atribuye a la Procuraduría Federal del Consumidor, consistente en el acuerdo emitido el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente PFC.YUC.B.3/003857-2019 de su índice relativo a la queja interpuesta por el aquí quejoso en contra de INO TECHNOLOGY, en el cual señaló las nueve horas del tres de junio de dos mil veinte, para que se llevara a cabo la audiencia de conciliación entre las partes ahí involucradas, se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). También, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el plazo para la interposición de la demanda se contará, entre otro caso, a partir del día siguiente al en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Ahora bien, de la constancia que anexa la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable el veinte de diciembre de dos mil, diecinueve, en el expediente PFC.YUC.B.3/003857-2019 de su índice, relativo a la queja interpuesta por el aquí quejoso en contra de INO TECHNOLOGY, señaló las nueve horas del tres de junio de dos mil veinte, para que se llevara a cabo la audiencia de conciliación entre las partes ahí involucradas, el cual le fue notificada a la parte quejosa el catorce de enero de dos mil veinte. De ahí, es evidente que a fue partir de esa fecha, catorce de enero de dos mil veinte, que la parte quejosa quedó formalmente notificada de la determinación reclamada y estuvo en aptitud de combatir dicho acto en juicio constitucional. Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del dieciséis de enero de dos mil veinte (día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acuerdo reclamado) y feneció el siete de febrero del citado año, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de enero, uno, dos, tres y cinco de febrero del año que transcurre, por ser inhábiles por ley, sin que el impetrante hubiese promovido su demanda dentro de dicho término, pues su escrito inicial que dio origen a este juicio se presentó hasta el doce de febrero de dos mil veinte. En ese orden de ideas, es evidente que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Brinda apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Por consiguiente, si la demanda de amparo fue presentada hasta el doce de febrero de dos mil veinte, según se observa del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que se reitera, hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En las relatadas consideraciones, en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Eduardo Alpuche Aguirre, en contra del acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, por los motivos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Mariana Mariely Durán López, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la Directora en Yucatán de la Procuraduría Federal del Consumidor, ODECO Zona Metropolitana de Mérida, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de octubre de dos mi veinte. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte; en consecuencia se reanuda el procedimiento en este asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Ahora bien, toda vez que del contenido del informe justificado rendido por la Servidora Pública Encargada del Despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, se advierte que en la queja a la que se le asignó el número de orden 3,857, señaló audiencia de conciliación para el día tres de junio de dos mil veinte; en consecuencia, a fin de que este Juzgador se encuentre en condiciones de acordar lo que legalmente corresponda, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en relación con el 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la referida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir al en que 01/10/21 08:08:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.1f MARIANA MARIELY DURAN LOPEZ surta efectos la notificación del presente proveído, informe si ésta se verificó; con el apercibimiento que no atender este requerimiento, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Por otra parte, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las once horas con diez minutos del veinte de marzo de dos mil veinte, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con en el Acuerdo General 4/2020, modificado por diversos Acuerdos Generales, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
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