Juan Edmundo Villar Cortés

Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
59/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Edmundo Villar Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada -----------, por medio del cual solicita se ordene el archivo definitivo del presente asunto y se proceda a su destrucción; atento a su contenido dígase a la ocursante que mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo, acordándose lo conducente en relación con el destino del mismo, por lo que deberá estarse a lo establecido en dicho proveído. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    .Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, acusa recibo de las copias certificadas del expediente de ejecución 1191/2020, de su índice, remitidas con el oficio 9992/2021, de este índice; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por ---------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo, y glósese únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 20 y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;." En este sentido, se estima que el expediente principal, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo y se negó la suspensión tanto provisional como definitiva. Además, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. Por otra parte, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Ahora bien, toda vez que ya no son necesarias las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 1191/2020, en un tomo; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no dar cumplimiento al presente requerimiento o informar la imposibilidad legal que tuviera para ello, dentro del plazo de veinticuatro horas, con fundamento en los artículos 158 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). En relación a los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, désele vista para que dentro del plazo de NOVENTA DÍAS computados legalmente, comparezca debidamente identificada al local de este juzgado a recibir dicho documento, el cual en caso de ser omisa, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando décimo primer del Acuerdo General mencionado con antelación. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para que pueda recoger sus documentos, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 59/2021-III, promovido por ----------, contra actos del Juzgado Segundo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades siguientes: "En su carácter de ordenadora: Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En su carácter de ejecutoras: C. Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. C. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, México. C. Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. b) Como responsable ejecutora, el C. Notificador adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán Izcalli del Poder Judicial del Estado de México." Actos reclamados. "1. Del Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se reclama lo siguiente: La falta y/o ilegal notificación y/o emplazamiento, así como todo lo actuado en el expediente número 1191/2020, relativo al procedimiento de violencia familiar promovido por ----------, en contra del hoy quejoso ----------. Así como todas las consecuencias de hecho y de derecho derivadas de dicho procedimiento, como lo son: La orden de desocupación y/o desalojo del suscrito ----------, del bien inmueble de mi propiedad ubicado en calle ----------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, c.p. 55120, dictada en auto de fecha trece de noviembre de dos mil veinte. La orden de prohibición impuesta al suscrito quejoso ----------, para acercarme al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro, donde se encuentren mis menores hijos de nombre -------- y ------------, ambos de apellidos ---------, dictada en auto de fecha trece de noviembre de dos mil vente. La orden por la cual se impide al suscrito, la enajenación, prenda o hipoteca de los bienes inmuebles de mi propiedad, dictada en auto de fecha trece de noviembre de dos mil veinte." SEGUNDO. Previo desahogo a la prevención, por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Seguida la secuela procesal se emplazó a la tercera interesada ----------. Por otro lado, en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable al "Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México". Finalmente, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que el acto reclamado fue emitido y ejecutado dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio son: La falta de emplazamiento al procedimiento de violencia familiar 1191/2020 promovido por ----------, en contra del hoy quejoso ----------. Las medidas de protección de urgencia, preventivas, y de carácter civil, consistentes en: la desocupación del inmueble ubicado en --------------, código postal 55120, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el señor ----------; prohibición al probable responsable ---------- de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios; la prohibición al presunto generador de violencia a intimidar o molestar a las víctimas; y, la prohibición de enajenar el inmueble. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, consistentes en haber emitidos las órdenes de protección. Asimismo, son ciertos los actos reclamados a la Notificadora Adscrita a ese juzgado y Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, consistentes en haber emplazado al quejoso y haber ejecutado las órdenes de protección. Lo anterior, por así haberlo señalado en sus informes justificados. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por la falta de emplazamiento al juicio de origen. En ese sentido, este juzgado advierte que por el acto consistente en la falta de emplazamiento al juicio de origen, se actualiza una causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ..." De acuerdo con el contenido de dichos preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; luego, interpretadas a contrario sensu esas disposiciones, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten a personas extrañas al procedimiento. De inicio, es necesario hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al examinar la procedencia del juicio de amparo promovido por quien se ostenta como tercera extraña al procedimiento por equiparación, respecto de la falta o del indebido emplazamiento, estimó que debían considerarse los siguientes parámetros: a. Cuando el quejoso tuvo conocimiento del juicio con motivo del dictado de la sentencia, que no ha causado ejecutoria. b. Cuando el quejoso tuvo conocimiento del juicio antes de la emisión de la sentencia. En relación con el primer supuesto, el Máximo Tribunal fijó jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo será procedente, incluso cuando el quejoso estuviera en aptitud de impugnar esa determinación mediante los recursos ordinarios que en su caso procedieran, en el que se pudiera hacer valer la violación procesal del indebido emplazamiento. Esto al considerar la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona regulado en el artículo 1º, párrafo segundo, constitucional, pues aun cuando en el recurso ordinario estuviera el quejoso en aptitud de controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarían sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza, de ahí la procedencia de ese medio de defensa extraordinario. Dicho criterio quedó contenido en la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 5, del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.' es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Respecto del segundo supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), en el sentido de que el juicio de amparo será improcedente. Ese criterio se sustentó en el hecho que al conocer el quejoso del procedimiento, previo al dictado la sentencia, no se podía considerar que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le ocasionó un total desconocimiento del juicio, pues al conocer de dicho procedimiento el quejoso estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. La jurisprudencia en comento es visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, del rubro y contenido siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Ahora, el quejoso, en su demanda de amparo en el capítulo de actos reclamados y de antecedentes, expuso lo siguiente: "1. Del Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se reclama lo siguiente: La falta y/o ilegal notificación y/o emplazamiento, así como todo lo actuado en el expediente número 1191/2020, relativo al procedimiento de violencia familiar promovido por ----------, en contra del hoy quejoso ----------. Así como todas las consecuencias de hecho y de derecho derivadas de dicho procedimiento, como lo son: La orden de desocupación y/o desalojo del suscrito ----------, del bien inmueble de mi propiedad ubicado en calle ----------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, c.p. 55120, dictada en auto de fecha trece de noviembre de dos mil veinte. La orden de prohibición impuesta al suscrito quejoso ----------, para acercarme al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro, donde se encuentren mis menores hijos de nombre -------- y ------------, ambos de apellidos ---------, dictada en auto de fecha trece de noviembre de dos mil vente. La orden por la cual se impide al suscrito, la enajenación, prenda o hipoteca de los bienes inmuebles de mi propiedad, dictada en auto de fecha trece de noviembre de dos mil veinte. 2. De las autoridades señaladas como ordenadoras C. Notificador adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México; c. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, México; y, C. Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México; se reclama de manera conjunta o separada, lo siguiente." Esas manifestaciones son suficientes para establecer que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Así resulta, porque conforme a las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecidas en la diversa jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), la cual es obligatoria para este juzgado, el quejoso no reúne los requisitos para ser considerado tercero extraño por equiparación al procedimiento de origen como se ostentó en la demanda de amparo. Al respecto, es de señalar que aun cuando en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia transcrita no se estableció en qué momento debía considerarse que la parte quejosa tenía el conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio, este juzgado estima que ello se verifica si el promovente en su demanda de amparo señala el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila e incluso el nombre de quien le demanda. Esa afirmación se sustenta en lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 332, la cual es aplicable en lo conducente, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." De tal forma, que si bien en el caso el quejoso sostuvo en su demanda de amparo que no había sido notificado ni emplazado a juicio, esa negativa se encuentra desvirtuada, pues lo que justifica declarar la improcedencia del juicio de amparo, cuando lo promueva quien se ostenta como persona extraña a juicio por equiparación, será suficiente con que éste tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra y que no se haya dictado sentencia definitiva en ese procedimiento, para que pierda el carácter con el que se ostentó. Luego, si en el caso el quejoso en la demanda de amparo indicó los datos que identificaban el juicio en el que se le emplazó, pues señaló el número (1191/2020) y tipo de juicio respectivo (procedimiento de violencia familiar), el juzgado (Juez Segundo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México) o tribunal ante el cual se ventilaba e incluso el nombre de quien la demandaba, es evidente que para aquélla eran conocidos esos datos de manera completa y exacta, pues quedaron debidamente indicados en su demanda inicial de amparo. Máxime, que tuvo conocimiento de las medidas de protección de urgencia, preventivas y de carácter civil, que fueron decretadas a favor de la tercera interesada. Con base en ese conocimiento del juicio de origen y de acuerdo con las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, este juzgado advierte que la quejosa promovió el juicio constitucional cuando aún no se dicta la resolución en el procedimiento de origen. Esto resulta, porque al acreditarse los dos elementos (conocimiento del juicio de origen y la promoción del amparo previo al dictado de la sentencia en ese procedimiento), entonces debe concluirse que el quejoso carecía del carácter de tercero extraño al procedimiento por equiparación. Así se afirma, pues conforme a lo precisado en la demanda de amparo no es posible admitir que el quejoso ignorara de manera total del juicio instaurado en su contra, pues en el citado escrito proporcionó los datos de dicho procedimiento. Es cierto que la quejosa en la demanda de amparo adujo que no había sido emplazada a juicio, por lo cual carecía de acceso al juicio y de información de lo actuado, sin embargo, ello carece de relevancia en el asunto, pues para la procedencia del juicio de amparo indirecto lo que interesa es el conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio, no si el quejoso sabía de los actos reclamados. Esto es así, porque la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que no sucede cuando en la demanda inicial se dan los datos suficientes del procedimiento del cual derivan los actos reclamados, como en el caso sucedió. De esa manera, la quejosa se ubicó en los supuestos jurídicos de la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA.", de ahí que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de esa ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 46/2020. Aunado a lo anterior, se destaca que el quejoso fue emplazado el nueve de marzo de dos mil veintiuno -veinte días después de haber presentado su demanda de amparo-; asimismo, no se ha dictado sentencia en el procedimiento de origen, porque la última actuación emitida por el juez fue del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, donde citó a las partes para llevar a cabo la audiencia inicial. Por lo tanto, válidamente el quejoso está en aptitud de comparecer al juicio con la finalidad de proteger sus derechos. Sobreseimiento por medidas de protección. Por otra parte, al desvirtuarse al quejoso el carácter de tercero extraño al procedimiento, ahora por lo que corresponde a las medidas de protección se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Ahora bien, en principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.)". De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados - en el entendido que el carácter de tercero extraño con el que se ostentó fue desvirtuado-, por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Así, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que el impetrante de amparo no esté obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Hecha tal precisión, contra lo que reclama el hoy quejoso en la presente vía constitucional, el artículo 2.3606 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dispone que son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.3557 de ese Código; las medidas de protección son clasificadas, como de emergencia, preventiva y de naturaleza civil. Por su parte, las de emergencia serán establecidas en el artículo 2.355 Bis8, entre otras, prevén la desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo; la prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del 6 Artículo 2.360.- Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código. 7 Artículo 2.355. Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser: I. De emergencia. II. De protección preventiva. III. De naturaleza civil. 8 Artículo 2.355 Bis. Son medidas de protección de emergencia las siguientes: I. Desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. II. Prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuente la víctima. domicilio de las y de los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuente la víctima; así como la prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Mientras que el artículo 2.355 Te9r, establece que son medidas de protección preventivas, el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. Finalmente, el artículo 2.355 quinquies10, prevé que son medidas de protección de naturaleza civil, la prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. Por otro lado, las medidas de protección decretadas al quejoso fueron de emergencia, preventivas y de carácter civil. "Auto. Ecatepec de Morelos, Estado de México, primero de diciembre de dos mil veinte. (.) 1. Con fundamento en el artículo 2.355-Bis fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, del código procesal civil de esta entidad, se ordena la desocupación del inmueble ubicado en --------------, código postal 55120, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el señor ----------. 2. Con fundamento en el artículo 2.355-Bis fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, del código invocado, se ordena la prohibición al probable responsable ---------- y aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuenten las víctimas. 3. Con fundamento en el artículo 2.355-Bis fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se le prohíbe al presunto generador de violencia a intimidar o molestar a las víctimas, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. 4. De conformidad con el artículo 2.355 Ter, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, emítase una orden de protección y auxilio policial con autorización expresa para ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima al momento de solicitar el auxilio para que brinde el apoyo necesario a las víctimas, quedando a disposición de la demandante una copia certificada de la misma." "Auto. Ecatepec de Morelos, Estado de México, primero de diciembre de dos mil veinte. Con el escrito de cuenta, visto su contenido, por presentada a ----------, con fundamento en el artículo 2.355-Quinquies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se previene a la señora ---------- a efecto de que se abstenga el generador de violencia al momento de emplazarlo de enajenar, dar en prenda, o hipotecar bienes de su propiedad y bienes que conforman la sociedad conyugal." Luego, si en el caso se reclama las medidas de protección impuestas al aquí quejoso ordenadas en los autos de trece de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, las cuales son susceptibles de impugnarse vía apelación de conformidad con el artículo 2.360 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: 9 Artículo 2.355 Ter. Son medidas de protección preventiva las siguientes: (.) VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. 10 Artículo 2.355 Quinquies. Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes: (.) II. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. a) La determinación reclamada es una resolución proveniente de tribunal judicial, del Juez Segundo Familiar de Ecatepec, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de apelación establecido en el numeral 2.360, del código adjetivo civil de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser modificado o revocado. De ahí que, las medidas de protección en esta instancia constitucional pudieron ser recurridas por el quejoso conforme a lo previsto por el artículo señalado, concretamente a través del recurso de apelación, por lo que, si no lo hizo es evidente que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente la vía constitucional. Por otro lado, en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, sino que tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, el quejoso debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el juicio de amparo por los actos en estudio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por -----------, por las consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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