Juan Duay Huerta
Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2021
Partes del expediente
- Juan Duay Huerta
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el comunicado de cuenta, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual se transcribe el proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictado en el cuadernillo de varios 7/2021 de su índice, del que se advierte, que ese órgano de control de la constitucionalidad, comparte el criterio de esta juzgadora y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 34/2021-IV de esta estadística Por otra parte, téngase por recibido el escrito identificado con el folio 154, suscrito por *****, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, remítase el ocurso de cuenta al homólogo para que esté en condiciones de proveer lo que corresponda. Luego, a efecto de evitar dilaciones procesales remítase vía interconexión copia digitalizada de las constancias relativas al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 34/2021 de este índice, al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de que no existe promoción pendiente que acordar, una vez que se realice la entrega física de los cuadernos principal e incidentales al juzgado homólogo y obre el acuse respectivo, en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA Y VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.Visto el escrito de demanda de amparo signada por *****, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, Coordinación Territorial BJ2, Titular de la Unidad de Investigación Cinco Sin Detenido y Encargada de Cierres de Investigación *****; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro 34/2021-IV. Admisión. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda de amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Dado que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, con apoyo en los artículos 125, 128, 129, 138, fracción III, 139 y 140, de la ley de la materia, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo. En el caso no es procedente pronunciarse en torno a la suspensión de plano de los actos reclamados, no obstante que la parte quejosa haya indicado que pone en riesgo su salud e incluso su vida ".sin embargo, la Ministerio Público, conociendo la situación insalubre del inmueble y el peligro que representa la pandemia con motivo del virus SARS-COV2, por el cual las autoridades federal y local, han implementado acciones en aras de evitar la propagación y contagios de dicho virus, contrario a ello, determina imponer unilateral y arbitrariamente el día veintidós de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación *****, para que mis peritos se constituyan en el inmueble citado, para realizar diversas periciales, el cual se encuentra en condiciones insalubres y representa una fuente inminente de contagio, poniendo en riesgo nuestra salud incluso nuestra vida." (sic). Lo anterior, en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo, indica que la suspensión de plano debe concederse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; lo cual en el caso no se acredita ninguno de los supuestos establecidos para que se decrete la misma. Esto es así, ya que el acto reclamado consistente en el oficio de siete de enero de dos mil veintiuno en que se señala fecha y hora para el desahogo de una prueba pericial, no se encuentra dentro de los supuestos que señala el numeral antes invocado; aunado a que si bien la parte quejosa refiere que se pone en peligro su vida en caso de que se lleve a cabo la diligencia, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa la ciudad con motivo del Virus SARS COV-2 (COVID-19); también lo es que dicha diligencia tuvo su origen en el ofrecimiento por parte del propio promovente, máxime que se trata de una apreciación de la parte quejosa derivada de las condiciones físicas y de salud que refiere, esto es, no se trata de una orden que por sí misma conlleve el peligro por tanto, resulta improcedente decretar la suspensión de plano. Por otra parte, es un hecho notorio y de conocimiento general que en esta ciudad continúa el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19; por lo que con el objeto primordial de evitar su propagación y contagio, tanto de los servidores públicos, como de los litigantes; el Consejo de la Judicatura Federal determinó que los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación con residencia en la Ciudad de México regresen al esquema de contingencia; cuya función se rige por el "ACUERDO GENERAL 13/2020" del propio Pleno, así como de las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, así como el ocho y dieciséis de enero de dos mil veintiuno, respectivamente por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del mismo Consejo. En consecuencia, este órgano en observancia al referido acuerdo y en acatamiento a los postulados que rigen la función jurisdiccional en el plazo señalado (del cinco de diciembre de dos mil veinte al veinticinco de enero de dos mil veintiuno), provee: En ese sentido, esta autoridad observa que en el caso, la demanda de amparo fue promovida físicamente; aunado a que no se solicitó autorización para consultar el expediente electrónico y por ende, no se proporcionó nombre de usuario, tampoco para realizar las notificaciones que deriven del presente expediente de manera electrónica, lo que por momento, impide a la suscrita la posibilidad de seguir el trámite del juicio de amparo en línea. Con fundamento en los artículos 19, 22 y 115 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plazos y términos en este expediente a reserva de que se emita diversa disposición al respecto. Asimismo, se reserva proveer sobre las obligaciones legales respecto de las autoridades responsables y las partes, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal determine la reanudación de labores. Se reserva requerir los informes hasta en tanto se reanuden los plazos y términos en los órganos del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito. Por el momento, no es el caso llamar a juicio a tercero interesado alguno, hasta en tanto obren los informes que rinda la autoridad señalada como responsable, y verificar su existencia y si les recae tal carácter, en torno al establecido en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley en consulta. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictado en el cuaderno de varios correspondiente al año dos mil veinte, emitido con motivo de la intervención ministerial 29/2020; de conformidad con los numerales 17, Constitucional; 3 y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; 60, 66, 77 y 93, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza al representante social adscrito para que bajo su más estricta responsabilidad, pueda realizar la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, a través del nombre de usuario proporcionado: "*****". Además, para que por ese mismo medio se le realicen todas las notificaciones que deban ser personales. Por tanto, se instruye al oficial encargado del S.I.S.E. que lleve a cabo las acciones correspondientes para tal efecto. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica el quejoso ***** en el proemio de la demanda. Asimismo, se tienen por autorizados para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, *****, ***** y *****, en atención a que se encuentran dados de alta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Con relación a las diversas personas, se les tiene como autorizadas, en términos del segundo párrafo del citado numeral 12 de la ley de la materia, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos y no contarán con las facultades a que alude el primer párrafo del citado artículo, dado que no se encuentran registradas en dicho sistema, y no acreditaron fehacientemente que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; sin perjuicio de que una vez que así lo hagan se acuerde lo conducente. En aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como atendiendo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 13/2020, del Consejo de la Judicatura Federal (salvo que el Consejo determine lo contrario); se solicita a las partes que realicen las promociones que estimen pertinentes preferentemente a través de Firma Electrónica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en caso de que se presenten físicamente, una vez que se reanuden las labores del juzgado, lo deberán llevar a cabo en la Oficialía de Partes Común que se encuentre instalada en el edificio donde se encuentra este órgano. Asimismo, se solicita a las autoridades responsables que de no contar con firma electrónica, ponderen el envío de oficios y constancias por correo institucional al oficial de la secretaria encargada de este asunto arevi.arellano.vivar@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Por otra parte, en el citado Acuerdo General 13/2020, se estableció que a efecto de observar los principios de justicia pronta y expedita en las condiciones sanitarias actuales, es necesario que se recurra a las herramientas tecnológicas para la continuación de los sumarios, de ahí que la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Consecuentemente, con fundamento en dicho instrumento normativo, se exhorta a las partes (a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberán designar un nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Solo para el caso de que el Consejo de la Judicatura Federal permita el acceso del público a las instalaciones de este órgano, desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan y atendiendo a los lineamientos que en su momento establezca el propio Consejo. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda en las circunstancias precisadas con anterioridad. Asimismo, bajo la misma hipótesis anterior, esto es, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal permita a las partes la consulta física de expedientes dentro del órgano de amparo, se autoriza a las mismas el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Ahora, es importante destacar que es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-COV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado en el incremento de número de casos existentes en los países que han confirmado su presencia, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. Por lo que, el treinta de marzo de dos mil veinte, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General, en uso de su facultad prevista en el artículo 9o., fracción XVII, de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). En ese sentido, a fin de aplicar las medidas de contingencia correspondientes en los esquemas de trabajo de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del citado virus SARS-COV2 (Covid-19), se instruye al fedatario adscrito a este órgano de control de la constitucionalidad que le corresponda realizar notificaciones personales en este expediente, para que al momento de llevar a cabo las diligencias, lo haga con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; además, se abstenga de recabar la firma de la persona con la que se entiende, con el objeto de disminuir en mayor medida el intercambio de objetos (pluma y hojas), haciendo únicamente entrega física del auto respectivo y asentándolo de esa manera en su constancia de notificación; ello, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que -por tener fe pública-, faculta a los actuarios a fin de tener por hecha la notificación, no obstante de que se omita la firma correspondiente. Lo anterior, a fin de salvaguardar la integridad física de las fedatarias de la adscripción, así como de los justiciables derivado de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). Ahora, de conformidad con el artículo 2, fracción XII del Acuerdo General 13/2020, al encontrarnos en un caso de excepción y con el claro objeto de resguardar la integridad del personal de este juzgado y de los justiciables, se autoriza a los fedatarios de la adscripción, a remitir los oficios de las autoridades responsables por cualquier medio electrónico, con el que se cuente y se tenga la certeza de que éstas reciben comunicaciones oficiales por esa vía, debiendo recabar el acuse de recibo respectivo, y dejando razón en autos de lo anterior. Para el caso de no ser posible por esa vía, deberá realizarse la entrega física en el lugar que corresponda. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberán aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." e autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios respectivos. Existencia de diverso juicio de amparo. Con independencia de lo anterior y atendiendo a que las cuestiones de relación de turno no son jurisdiccionales, sino administrativas, se considera procedente proveer lo siguiente: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso *****, presentó demanda de amparo misma que fue turnada al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y registrada bajo el juicio de amparo ***** de su índice. Así, como se destaca en el citado antecedente, se observó que el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se presentó dicha demanda de amparo con las siguientes especificaciones: Fecha de recepción: lunes 18/01/2021. Turnado al Juzgado: Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Quejoso: *****. Autoridad: Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, Coordinación Territorial BJ2, Titular de la Unidad de Investigación Cinco Sin Detenido y Encargada de Cierres de Investigación *****. Número de carpeta de investigación: *****. Acto reclamado: Oficio en el que se ordena diligencia y comparecencia de peritos. Ahora, de la papeleta remitida a este órgano de control de la constitucionalidad con motivo del turno de la demanda de amparo que en esta data se recibe se advierte lo siguiente: Fecha de recepción: lunes 20/01/2021. Turnado al Juzgado: Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Quejoso: *****. Autoridad: Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, Coordinación Territorial BJ2, Titular de la Unidad de Investigación Cinco Sin Detenido y Encargada de Cierres de Investigación *****. Número de carpeta de investigación: *****. Acto reclamado: Oficio en el que se ordena diligencia y comparecencia de peritos. Adicionalmente a lo ya destacado en líneas que anteceden, debe decirse que de un estudio íntegro de la demanda de cuenta, se desprende que la parte promovente refiere como autoridades y acto reclamado a los siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDAD ORDENADORA La Lic. ***** Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez Coordinación Territorial BJ2, Titular de la Unidad de Investigación Cinco sin detenido y Encargada de Cierres de Investigación. V. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El oficio de fecha SIETE de enero de dos mil veintiuno, dictado en la Carpeta de Investigación *****, emitido por la Lic. ***** Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Cinco sin detenido y Encargada de Cierres de Investigación; por medio del cual se nos informa que el día veintidós de enero de dos mil veintiuno, a las 10:00 horas, se realizará la diligencia solicitada por mi defensa para ingresar al inmueble ubicado en *****, con los peritos autorizados para que realicen sus dictámenes correspondientes, sin considerar que la petición de mi defensa fue desde el trece de octubre de dos mil veinte.". En ese contexto, se colige que los actos reclamados en la diversa demanda de amparo promovida por ***** derivan de la carpeta de investigación *****, los cuales son coincidentes con los que dieron origen al presente sumario; lo anterior, toda vez que el acto reclamado en el presente asunto deriva de la citada carpeta, misma que, se advirtió que conoció el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, permite traer a colación que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió el veintidós de abril de dos mil quince el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, el cual instauró el turno de asuntos mediante los sistemas aleatorio y de relación, estableciendo en cuanto a este último (que es el relevante para este caso), la obligación de que previamente a la asignación aleatoria los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, como se advierte de la redacción de dicho acuerdo, cuyo numeral 45 establece en lo que importa: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Asimismo, el diverso artículo 46, el cual fue reformado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, y en lo que interesa dispone: Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: . II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; .IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas . Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. Lo anterior revela que, administrativamente, el Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter de órgano rector de la administración, disciplina y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral), instauró normas generales que regulan el turno entre los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito al tenor de los aspectos que puntualizó en el Acuerdo General descrito, advirtiéndose desde la perspectiva del "Sistema de Relación", que la fracción II, de dicho apartado sentó bases que determinan que la regulación a virtud de dicho supuesto se actualiza a favor de aquél órgano jurisdiccional que tenga asignado previamente otro asunto que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que el que se le está presentando; esto es, aquél que ya tenga en su índice un asunto previo con el que se encuentre relacionado el nuevo que se le presenta y que esa relación derive precisamente de la identidad del expediente del que ambos asuntos provienen y de la autoridad que emitió el acto. En esas condiciones, en observancia al presupuesto descrito y a que la finalidad del referido supuesto es aprovechar la relación de las constancias, se reitera que este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por cuestión de turno no debe conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince. Así, tomando en consideración la reforma indicada de catorce de marzo de dos mil dieciséis, el asunto debe remitirse al juzgado o tribunal que deba conocer, a efecto de que manifieste si acepta o no el trámite del mismo, y para el caso de que sea esto último, y se insista en que ese juzgado es el que debe conocer, se planteará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la forma que describen las citadas reglas expedidas por ese propio órgano. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 115/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de quince de junio de dos mil once, pendiente de publicación, con el rubro siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS.". Máxime, que como se advierte de la certificación secretarial que antecede se realizó una búsqueda en la página del Consejo de la Judicatura https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1, y se encontró que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México desechó la demanda de amparo ***** promovida por el quejoso *****. Desechamiento que no contraviene el sentido de esta determinación, toda vez que con independencia que en su caso el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, haya desechado de plano la demanda de amparo *****, las fracciones II y IV del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no exige el conocimiento de fondo o el sentido en que se resuelven los asuntos para que se actualice el criterio general de relación, sino que se reclamen actos derivados de la misma carpeta de investigación o carpeta judicial, lo cual acontece en la especie, como se ilustró en la presente determinación. Lo que se corrobora con la respuesta dada mediante oficio SECNO/261/2020 (del cual se adjunta copia al oficio que para tal efecto se gire al Juez de Distrito) emitida por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al resolver la consulta planteada por este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo ***** (en el que se precisa que se da contestación a lo planteado en cumplimiento a la sesión de veintiocho de septiembre de dos mil quince, al resolver dicha comisión la consulta *****). En ese sentido, ante la eventualidad de que no corresponda a este órgano de control de la constitucionalidad resolver en el presente asunto por las razones precisadas en párrafos que anteceden, con fundamento en los preceptos 45, fracción II, y 46 fracción II y IV, así como en los párrafos sexto y séptimo del último numeral en cita, del Acuerdo General multicitado, toda vez que la presente cuestión de turno administrativo no obedece a cuestiones jurisdiccionales; por tanto, remítanse vía interconexión copia digitalizada de las constancias relativas al juicio de amparo 34/2021 de este índice, al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que manifieste si acepta el conocimiento del presente juicio de amparo. Sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia que de conformidad con la Circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, aprobada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se haya determinado regresar al esquema de trabajo a distancia, así como de suspensión de plazos y términos previsto en el Acuerdo General 13/2020 para todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México; de ahí que, se ordene remitir el oficio y las constancias respectivas vía interconexión. De igual manera, se instruye al oficial encargado del S.I.S.E. para que permita la consulta o vinculación necesaria, a fin de que el Juzgador pueda realizar la revisión electrónica del presente expediente. En la inteligencia que de aceptar el conocimiento del presente asunto se le remitirá el expediente físico una vez que se permita el acceso de forma física a las instalaciones que albergan a este órgano de control de la constitucionalidad, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, conforme al propio Acuerdo General 13/2020. Solicítese atentamente al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, informe lo que tenga a bien determinar, y de ser el caso, remítase el expediente físico formado en este órgano de control de la constitucionalidad. Luego, como se hizo constar en la certificación secretarial de cuenta, al encontrarse suspendidos los plazos y términos, lo anterior, derivado del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021 emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho y dieciséis de enero de dos mil veintiuno, una vez que se reanuden las labores presenciales en este órgano de control de la constitucionalidad, se notificará personalmente a la parte quejosa el presente proveído y a partir de dicha diligencia comenzarán a correr nuevamente los plazos y términos, a efecto de evitar dilaciones procesales y en acatamiento a lo dispuesto por el numeral 17, Constitucional, referente a la impartición de una justicia pronta y expedita. No obstante, solo a efecto de que tenga conocimiento de la determinación tomada, notifíquese también por lista la integridad de este acuerdo al día siguiente hábil de la emisión del presente acuerdo.
- Incidental
En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 34/2021-IV, promovido por *****, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, Coordinación Territorial BJ2, Titular de la Unidad de Investigación Cinco Sin Detenido y Encargada de Cierres de Investigación *****; fórmese expediente físico y electrónico por duplicado del incidente de suspensión con dos copias simples de la demanda inicial. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, así como el ocho y dieciséis de enero de dos mil veintiuno, en los mismos términos que se ordenó en el cuaderno principal de donde deriva este incidente (no existen condiciones para la tramitación del juicio mediante el esquema en línea), se suspenden los plazos y términos de este expediente incidental. En consecuencia, este órgano en observancia al referido acuerdo y en acatamiento a los postulados que rigen la función jurisdiccional, con fundamento en los artículos 19, 22 y 138 de la Ley de Amparo, se reserva señalar fecha para la celebración de la audiencia incidental respectiva, hasta en tanto los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación reanuden actividades regulares en relación con la contingencia referida (a reserva de que se emita diversa disposición al respecto), o bien, la parte quejosa solicite expresamente la tramitación del juicio mediante el esquema en línea, proporcionando el nombre de usuario respectivo. Asimismo, se reserva proveer sobre las obligaciones legales respecto de las autoridades responsables y las partes. Se reserva requerir los informes hasta en tanto se reanuden los plazos y términos en los órganos del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito. Ahora, de una lectura del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio de siete de enero de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación *****, en el cual se fijaron las diez horas del veintidós de enero de dos mil veintiuno para que se lleve a cabo la intervención de los peritos de la parte promovente en el inmueble ubicado en calle ***** Ciudad de México y respecto el cual el quejoso aduce que para fijar esa fecha, la autoridad no atendió la petición que desde el mes de octubre realizó, atinente a que ordenara la limpieza del lugar, dado que no existen las condiciones sanitarias para la realización de la diligencia, aunado a que actualmente la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS COV2 (COVID-19). En ese orden, cabe destacar que los artículos 128 de la Ley de Amparo y 107, fracción X, constitucional disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y c) Que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, sea susceptible de suspenderse. d) Que de ejecutarse el acto reclamado, se causen al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. Al respecto, conviene puntualizar que mediante la ponderación de la apariencia del buen derecho se concede libertad a los Jueces para que puedan apreciar todas las especificidades del caso y decidan si se debe otorgar la suspensión, esto ante la dificultad para el legislador de prever supuestos formales y generales para la procedencia de la misma; de ahí que otorgue discrecionalidad a los Juzgadores de amparo para que solucionen los problemas concretos que se les plantean. Por otro lado, la medida cautelar se rige por los principios de protección al orden público e interés social, por esa razón, los Jueces deben ponderar estos principios contra la apariencia del buen derecho para determinar si procede concederla. En el caso, no se actualiza el inciso b), y para explicarlo, es necesario establecer que la etapa de investigación comprende las fases de: a) investigación inicial, y b) investigación complementaria; Al respecto, los artículos 323 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente señalan: "Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación." Ahora bien, de los referidos preceptos legales se advierte que una vez cerrada la investigación complementaria el Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular la acusación, para con ello continuar con la secuela procesal del juicio. Como se desprende de los numerales invocados, la etapa de investigación complementaria se rige por los plazos que un Juez de Control determinó al emitir el auto de vinculación a proceso, plazo dentro del cual las partes recaban aquellos actos de investigación que en su momento someterán a la etapa intermedia para la respectiva exclusión probatoria y después a juicio, donde finalmente serán desahogadas. Sin embargo, dicho plazo de investigación complementaria puede ampliarse debido a la propia solicitud de las partes y en el caso específico, de la propia parte imputada, quien ha solicitado diversas diligencias, tales como la intervención de peritos en el lugar de los hechos. Lo anterior lleva a establecer que las partes se deben ajustar a esos plazos autorizados por la autoridad judicial que vigila la investigación, de ahí que en el caso, no puede concederse la suspensión respecto a la diligencia señalada para el veintidós de enero de dos mil veintiuno, dado que las diligencias que ahí se ventilen se encuentran sujetas a determinados plazos. Se itera, no podría ordenarse que se suspenda la intervención de los peritos, ya que se contravendrían las normas que rigen la etapa intermedia en cuanto a los plazos para el cierre de investigación, aunado a que tal determinación implicaría que la propia parte imputada resulte perjudicada, precisamente porque aun suspendiendo la diligencia, esta autoridad no podría ordenar la suspensión del plazo para el cierre de investigación complementaria, ya que eso es una facultad del Juez de Control, quien además no se encuentra señalada como autoridad responsable. Tampoco podría concederse la suspensión para obligar a la autoridad a que lleve a cabo las diligencias de limpieza que el quejoso adujo haber solicitado en octubre de dos mil veinte, porque tal cuestión será la materia del fondo del asunto, ya que no se cuenta con mayores elementos que los expuestos en la demanda. De igual forma se afectaría el interés social, ya que el representante social tiene la facultad constitucional de investigar los delitos, misma que no es susceptible de paralizarse, eventualmente si se suspendiera dicha facultad se perturbarían los derechos fundamentales de las víctimas, dado que no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además de la continuación del procedimiento. En consecuencia, con fundamento en el numeral 128, de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a *****. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica el quejoso ***** en el proemio de la demanda. Asimismo, se tienen por autorizados para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, *****, ***** y *****, en atención a que se encuentran dados de alta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Con relación a las diversas personas, se les tiene como autorizadas, en términos del segundo párrafo del citado numeral 12 de la ley de la materia, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos y no contarán con las facultades a que alude el primer párrafo del citado artículo, dado que no se encuentran registradas en dicho sistema, y no acreditaron fehacientemente que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; sin perjuicio de que una vez que así lo hagan se acuerde lo conducente. Solo para el caso de que el Consejo de la Judicatura Federal permita el acceso del público a las instalaciones de este órgano, desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan y atendiendo a los lineamientos que en su momento establezca el propio Consejo. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda en las circunstancias precisadas con anterioridad. Asimismo, bajo la misma hipótesis anterior, esto es, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal permita a las partes la consulta física de expedientes dentro del órgano de amparo, se autoriza a las mismas el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Ahora, es importante destacar que es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-COV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado en el incremento de número de casos existentes en los países que han confirmado su presencia, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. Por lo que, el treinta de marzo de dos mil veinte, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General, en uso de su facultad prevista en el artículo 9o., fracción XVII, de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). En ese sentido, a fin de aplicar las medidas de contingencia correspondientes en los esquemas de trabajo de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del citado virus SARS-COV2 (Covid-19), se instruye al fedatario adscrito a este órgano de control de la constitucionalidad que le corresponda realizar notificaciones personales en este expediente, para que al momento de llevar a cabo las diligencias, lo haga con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; además, se abstenga de recabar la firma de la persona con la que se entiende, con el objeto de disminuir en mayor medida el intercambio de objetos (pluma y hojas), haciendo únicamente entrega física del auto respectivo y asentándolo de esa manera en su constancia de notificación; ello, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que -por tener fe pública-, faculta a los actuarios a fin de tener por hecha la notificación, no obstante de que se omita la firma correspondiente. Lo anterior, a fin de salvaguardar la integridad física de las fedatarias de la adscripción, así como de los justiciables derivado de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). Ahora, de conformidad con el artículo 2, fracción XII del Acuerdo General 13/2020, al encontrarnos en un caso de excepción y con el claro objeto de resguardar la integridad del personal de este juzgado y de los justiciables, se autoriza a los fedatarios de la adscripción, a remitir los oficios de las autoridades responsables por cualquier medio electrónico, con el que se cuente y se tenga la certeza de que éstas reciben comunicaciones oficiales por esa vía, debiendo recabar el acuse de recibo respectivo, y dejando razón en autos de lo anterior. Para el caso de no ser posible por esa vía, deberá realizarse la entrega física en el lugar que corresponda. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberán aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios respectivos. Luego, como se hizo constar en la certificación secretarial de cuenta, al encontrarse suspendidos los plazos y términos, lo anterior, derivado del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021 emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho y dieciséis de enero de dos mil veintiuno, una vez que se reanuden las labores presenciales en este órgano de control de la constitucionalidad, se notificará personalmente a la parte quejosa el presente proveído y a partir de dicha diligencia comenzarán a correr nuevamente los plazos y términos, a efecto de evitar dilaciones procesales y en acatamiento a lo dispuesto por el numeral 17, Constitucional, referente a la impartición de una justicia pronta y expedita. No obstante, solo a efecto de que tenga conocimiento de la determinación tomada, notifíquese también por lista la integridad de este acuerdo al día siguiente hábil de la emisión del presente acuerdo.
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