Juan Dorantes Garcia

Expediente 923/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
923/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Dorantes Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA V. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente V-643/2018, del índice de este Juzgado y copia certificada de la resolución pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el toca R-455/2018 del índice de ese Cuerpo Colegiado de Circuito, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Jorge Luis Novelo Góngora, en su carácter de apoderado general de la persona moral quejosa OLEOPROTEINAS DEL SURESTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida; en el segundo decretó que la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a la citada parte quejosa, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, glósese el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Acúsese recibo. Asimismo, debido a la voluminosidad del expedientillo provisional formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, se ordena desglosar las copias fotostáticas que lo integran y agregar las restantes actuaciones judiciales a los presentes, dejando bajo resguardo de esta Secretaría las copias fotostáticas extraídas; lo anterior para dar cabal cumplimiento a las políticas de austeridad dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al Punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que el presente expediente existen documentos, por lo cual, de conformidad con el punto vigésimo del capítulo quinto del acuerdo de mérito, notifíquese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días para que comparezca a este Juzgado a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos seguirán la suerte de este expediente principal; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado Punto Décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del Punto Décimo séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del Punto Vigésimo primero Capítulo Quinto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el párrafo segundo del artículo 19 del Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, modificado, por el diverso acuerdo general 76/2003, del propio Consejo, que obliga a este Órgano Jurisdiccional a hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes en el presente asunto no manifestaron oposición alguna para la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento; en consecuencia publíquese el acuerdo respectivo en forma íntegra, incluyendo los datos personales de las partes. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos la copia certificada del expediente 14/25376-16-01-02-05-OT, consistente en un tomo, el cual fue exhibido por el Presidente y por la Secretaria de Acuerdos, ambos adscritos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado con residencia en esta ciudad, a su informe de Ley; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Dorantes García, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se acuerda: Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado como juicio de amparo VI-923/2019. Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que la quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia consistente en la omisión de proveer sobre su demanda presentada ante la autoridad responsable el cinco de junio del presente año. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la denegación que se reclama a la responsable deriva de la omisión por parte de la responsable de proveer respecto de su demanda presentada ante ella el cinco de junio del presente año, por lo que entre esa promoción y la fecha de la presentación de la demanda de amparo (cinco de julio de dos mil diecinueve), únicamente han transcurrido treinta días naturales. Así, se estima que respecto de tal acto, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impactan en algún derecho sustantivo de la parte quejosa; en cambio, constituye una violación de naturaleza intraprocesal, que no afecta ningún derecho fundamental de la quejosa. A mayor abundamiento, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 24/1992, publicada en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Esto es así, porque los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, ya que con él, como ya se dijo, sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente y no aquellos de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. En conclusión, la omisión de la autoridad respecto de pronunciarse sobre la demanda presentada el cinco de junio de la presente anualidad por el ahora quejoso en el juicio de origen, sólo implica la infracción de derechos adjetivos, los cuales no son susceptibles de ser impugnados por medio del juicio de amparo biinstancial, precisamente porque éste únicamente procede en tratándose de afectación a derechos sustantivos, tal y como quedó especificado a lo largo del presente proveído, máxime que solo han transcurrido treinta días naturales, lo que se traduce en un término razonable y no como una denegación de justicia. Ahora, no obstante que la citada violación no pueda alegarse en amparo directo, no por ello indefectiblemente hace procedente el amparo indirecto, pues el amparo judicial biinstancial contra actos dentro de juicio está limitado por la fracción III, inciso b), del artículo 107, de la Ley de Amparo, que dispone que solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y éstos son los que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución; circunstancia que no acontece en la especie, cuenta habida que la omisión de acordar el escrito de mérito, no incide ni trastoca sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 2ª./J.48/2016, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así como, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019400 de la Décima Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Consecuentemente, al no ser una omisión que afecte derechos sustantivos ni que constituya el supuesto de excepción previsto por la norma, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Juan Dorantes García, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como autorizados para tal fin en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elisa Sosa Echeverría y Christian Josué Canul González. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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