Juan Domínguez Domínguez
Expediente 157/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Juan Domínguez Domínguez
Actuaciones
- Principal
ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Toluca, México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa y el tercero interesado, no desahogaron la vista formulada en proveído de diecisiete de enero del presente año (foja 11), en relación con la forma en que la autoridad responsable Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la quejosa ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 54 a 75), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Iliana Castillo Caraza en beneficio de sus hijos Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia." 2. Determinación que causó ejecutoria el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y en esa misma fecha se requirió cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 79 y 80). 3. Ahora bien, la concesión de amparo fue para el efecto de que la responsable Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, cumpliera con lo siguiente: "1). Deje intactos la audiencia y el auto de veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, respectivamente, dictados dentro del expediente 502/2017. 2). Emita otra determinación, en la cual, exponga de manera fundada y motivada: a. Que en el sentido más amplio de protección a los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, ordene que los referidos menores y sus progenitores Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda; conjunta o separadamente, reciban terapias psicológicas, con enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. b. De no llevar a cabo lo señalado en el inciso que antecede, haga efectivas las medidas necesarias a los progenitores de los menores, Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda; incluyendo en su caso la imposición de hasta por treinta y seis horas de arresto, como lo señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles, la suspensión o perdida de la guarda y custodia, por parte de los progenitores, conforme el artículo 4.102, fracción III, del Código Civil, ambos del Estado de México, para evitar que se sigan cometiendo contra los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos. c. Que la participación de los referidos menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo en el juicio debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el menor deponga sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación; c.1. Que esa preparación que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el menor quede lo más protegida posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales; c.2. Que en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal del menor en el proceso judicial, debe definirse, previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parada el lapso de espera). c.3. Que los referidos lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite al menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes. d. Que todo lo anterior, lo haga del conocimiento a la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación NUC: TOL/TOL/VIT/034/084092/16/10 y, tenerlo presente al resolver en definitiva sobre el régimen de convivencias al que tienen derecho los padres; para evitar que se sigan cometiendo contra los menores, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos; asimismo, que e. Se reanuden las convivencias entre el progenitor y sus menores hijos." (SIC) Ahora, mediante oficio 22, presentado el nueve de enero de este año en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México (fojas 84 a 91), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho remitió copias certificadas del acuerdo de ocho de enero del presente año, emitido en el expediente 502/2017, a través del cual se advierte que cumple con los efectos señalados con los números ( 1 y 2), así como a los incisos (a, b, c.1, c.2, c.3, d y e), toda vez que: Dejó intactos la audiencia y el auto de veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictados en el expediente 502/2017. Ordenó que los progenitores Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda y los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, reciban terapias psicológicas conjunta o separadamente. Giró oficio al Director de la Clínica Juan Ramón de la Fuente, a efecto de que brinden a dichas personas la atención especializada solicitada. Apercibió a los progenitores que en caso de inasistencia a las terapias correspondientes, se les impondrá un arresto de treinta y seis horas y la suspensión o pérdida de la guarda y custodia de los menores. Refirió que para el caso de que sea necesaria nuevamente la participación de los menores, la audiencia correspondiente deberá estar previamente preparada y diseñada con asistencia profesional anterior a la cita judicial. Hizo del conocimiento de la Agente del Ministerio Publico adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación TOL/TOL/VIT/034/084092/16/10, el contenido de dicho proveído. Ordenó reanudar las convivencias entre el progenitor Eduardo Bofill Aranda y los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo. De lo cual que se puede apreciar que la autoridad responsable cumplió con lo encomendado en sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el presente asunto. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Alejandra Domínguez Santos, que autoriza y da fe. Doy fe
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SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE 31/01/2018, QUE EN SÍNTESIS DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Domínguez Domínguez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 157/2018. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que el promovente de amparo señaló como acto reclamado en el presente asunto la determinación emitida por el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en la audiencia principal de diez de enero de dos mil dieciocho, celebrada en el expediente 256/2016, relativo a la controversia familiar sobre cesación de pensión alimenticia promovido por el quejoso contra Juan Manuel Domínguez Cruz, mediante la cual ordena el desahogo de una prueba pericial en materia de psiquiatría a cargo del citado demandado Juan Manuel Domínguez Cruz. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la determinación emitida por el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en la audiencia principal de diez de enero de dos mil dieciocho, celebrada en el expediente 256/2016, relativo a la controversia familiar sobre cesación de pensión alimenticia promovido por el quejoso contra Juan Manuel Domínguez Cruz, mediante la cual ordena el desahogo de una prueba pericial en materia de psiquiatría a cargo del citado demandado Juan Manuel Domínguez Cruz, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en perjuicio de la parte quejosa, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues sólo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de violaciones procesales que podrán ser reparables en caso de obtener una sentencia favorable al resolverse el expediente 256/2016, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio de natural; ello, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la determinación emitida por el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en la audiencia principal de diez de enero de dos mil dieciocho, celebrada en el expediente 256/2016, relativo a la controversia familiar sobre cesación de pensión alimenticia promovido por el quejoso contra Juan Manuel Domínguez Cruz, mediante la cual ordena el desahogo de una prueba pericial en materia de psiquiatría a cargo del citado demandado Juan Manuel Domínguez Cruz. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en perjuicio de la parte quejosa, pues se insiste, se trata esencialmente de la determinación emitida por el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en la audiencia principal de diez de enero de dos mil dieciocho, celebrada en el expediente 256/2016, relativo a la controversia familiar sobre cesación de pensión alimenticia promovido por el quejoso contra Juan Manuel Domínguez Cruz, mediante la cual ordena el desahogo de una prueba pericial en materia de psiquiatría a cargo del citado demandado Juan Manuel Domínguez Cruz, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 3a. 20/90, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1990, Octava Época, con número de registro 207226, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de 'EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.'. Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Finalmente, es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 76, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 205484, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En abundamiento, la práctica de una prueba pericial en psicología y/o psiquiatría implica que al tomar en cuenta las bases del conocimiento de la psiquis normal y las desviaciones de la normalidad, se determinará si el individuo a quien se practicará dicha probanza se encuentra en los parámetros de lo que la ciencia califica como normal para así otorgar un diagnóstico del problema de la persona a quien se le practique, pues dicha prueba es ofrecida con el objeto de determinar la personalidad y perfil psicológico de una persona y de su interrelación con los que lo rodean, en la cual se evidencian características y condiciones diversas vinculadas con cuestiones que pertenecen a la más absoluta intimidad personal, lo que desde luego implica una intromisión o invasión a su individualidad. Además, se podrían poner al descubierto aspectos o características psicológicas que tal vez nada tengan que ver con el objeto de la prueba, como tampoco con los derechos cuestionados en el juicio correspondiente; por ende, es dable afirmar que la práctica de dicha prueba afecta la privacidad del sujeto a quien se le practicará pues se trata de una medida restrictiva de la inviolabilidad propia de todo ser humano respecto de su cuerpo y mente, en razón del derecho a la intimidad e individualidad en lo más íntimo de su persona. De ahí que si en el presente asunto acude Juan Domínguez Domínguez, parte actora en el juicio del cual emana el acto reclamado, y el desahogo de la prueba pericial en materia de psiquiatría corre a cargo de su contra parte Juan Manuel Domínguez Cruz, este órgano de control constitucional estima actuar es éstos términos, toda vez que el derecho sustantivo que podría resultar afectado con motivo de la práctica de la misma (consistente en la inviolabilidad del cuerpo y mente a que tiene derecho todo ser humano), no le resulta afectado al promovente de amparo. Es aplicable en sentido contrario y en lo conducente la tesis aislada I.3o.C.738 C, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2047, Tomo XXX, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2009, Novena Época, Materia Civil, con el registro 166854, que establece: "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICARÁ EL EXAMEN, POR LO QUE RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La práctica de una prueba pericial en psicología y psiquiatría implica que al tomar en cuenta las bases del conocimiento de la psiquis normal y las desviaciones de la normalidad, se determinará si el individuo a quien se practicará dicha probanza se encuentra en los parámetros de lo que la ciencia califica como normal para así otorgar un diagnóstico del problema de la persona a quien se le practique, pues dicha prueba es ofrecida con el objeto de determinar la personalidad y perfil psicológico de una persona y de su interrelación con los que lo rodean, en la cual se evidencian características y condiciones diversas vinculadas con cuestiones que pertenecen a la más absoluta intimidad personal, lo que desde luego implica una intromisión o invasión a su individualidad, habida cuenta que se podrían poner al descubierto aspectos o características psicológicas que tal vez nada tengan que ver con el objeto de la prueba, como tampoco con los derechos cuestionados en el juicio correspondiente. Por ende, es dable afirmar que la práctica de dicha prueba afecta la privacidad del sujeto a quien se le practicará pues se trata de una medida restrictiva de la inviolabilidad propia de todo ser humano respecto de su cuerpo y mente, en razón del derecho a la intimidad e individualidad en lo más íntimo de su persona. De ahí que pueda sostenerse que, esencialmente, el derecho sustantivo que podría resultar afectado con motivo de la práctica de las mismas es el de la inviolabilidad del cuerpo y mente a que tiene derecho todo ser humano, mismo que se encuentra contemplado en el artículo 16 constitucional, que señala: 'Nadie puede ser molestado en su persona ...', puesto que tales cuestiones personales reveladas serán plasmadas en el resultado del peritaje, mismo que será puesto a la vista de las partes, inclusive a la indiscreción de cualquier persona que tenga acceso al expediente, con lo cual se ventilan aspectos de su intimidad e integridad física, con independencia del acto de molestia ocasionado al tener que acudir al consultorio médico para su desahogo. En virtud de lo anterior, procede el juicio de amparo indirecto en contra del auto que admite y ordena el desahogo de dichas pruebas por implicar una afectación de imposible reparación sin que en el caso deba agotarse el principio de definitividad, ya que el auto que admite pruebas no resulta apelable salvo que se trate de probanzas cuyo ofrecimiento se encuentre prohibido por los artículos 285 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, además porque no es lógico subordinar un valor fundamental como es la integridad personal a un criterio meramente procesal." Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Juan Domínguez Domínguez, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, por notoriamente improcedente. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de cuenta. Luego, acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Israel Colín Villalobos y Adriana Valencia Flores, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a las personas restantes señaladas en la demanda de cuenta, se tienen por autorizadas en términos restringidos del citado precepto legal, esto es, únicamente a efecto de recibir notificaciones, toda vez que carecen de registro en dicho sistema, restricción que se realiza hasta en tanto acrediten el registro relativo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
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