Juan Domínguez Aguilar
Expediente 756/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/11/2017
Partes del expediente
- Juan Domínguez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente relativo se negó la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Asimismo, el duplicado respectivo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, dentro de los seis meses posteriores al dictado de este acuerdo, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 756/2017, promovido por Juan Domínguez Aguilar, contra actos del agente del Ministerio Público encargado de Agencia de la Coordinación Territorial MIL-2 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa Alta de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El inconforme narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 8°, 13, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El treinta y uno de agosto siguiente se registró la demanda bajo el orden 756/2017, y se previno al amparista a efecto de que indicara los motivos por los cuales había señalado a determinadas autoridades como responsables; aclarara si una de las omisiones reclamadas derivaba de dos comunicados relacionados, y precisara a qué autoridad le atribuía el acuerdo de acumulación destacado, en tanto era incongruente en ese sentido. IV. Desahogada la prevención, mediante acuerdo de seis de septiembre de este año, por una parte se desechó la demanda, y por otra se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracciones II y VII, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos impugnados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados de las autoridades responsables, son los siguientes: Del agente del Ministerio Público encargado de Agencia, la omisión o abstención de procurar justicia, y la omisión o abstención de emitir resolución que en derecho proceda en las averiguaciones previas FMIL/MIL-1/T3/00138/16-05 y FSP/B/T3/01438/16-05 D01; y De la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Trámite del Sistema Acusatorio 2 Sin Detenido, el acuerdo de quince de mayo del año en curso, en que se dio contestación a la petición de diez de marzo del mismo año, relacionada con las indagatorias en cita, y la omisión o abstención de emitir resolución que en derecho proceda en dichas averiguaciones previas. Ambas autoridades, de la Coordinación Territorial MIL-2 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa Alta de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. En la forma en que se planteó la demanda, no son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables mencionadas, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que se advierta medio de convicción alguno que permita establecer lo contrario. Al respecto, debe tomarse en consideración que cuando se reclaman omisiones de actuar y que por tal motivo, en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, correspondería a las responsables de que se trata demostrar su inexistencia, es preciso puntualizar que no se encuentran obligadas a lo imposible; de ahí que si niegan de manera categórica las abstenciones cuya inconstitucionalidad se les atribuyen, es indudable que le concernía a la parte quejosa probar lo contrario, que como se apuntó, no lo hizo. Y es que para determinar si se actualiza la abstención en que incurre una autoridad, debe verificarse previamente la existencia de la obligación correlativa conforme lo dispongan las normas legales, de modo que atento a las consideraciones expuestas, en el caso no se configuran las abstenciones destacadas, porque las autoridades responsables no son las encargadas de la integración de las referidas indagatorias. Lo anterior, en principio, porque en términos del artículo 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, es la institución del Ministerio Público que en su respectivo ámbito de competencia, se encarga de la integración y determinación de las indagatorias que tenga bajo su conocimiento, como se aprecia del reglamento de la referida ley orgánica en su artículo 6°; de ahí que el encargado de Agencia no se encontraba obligado a actuar en los términos alegados por el promovente de amparo, en el sentido de determinar la indagatoria. En relación con la omisión atribuida a la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Trámite del Sistema Acusatorio 2 Sin Detenido, se puntualiza que si bien dicha autoridad tiene la potestad de investigación de los delitos acorde con el dispositivo 21 constitucional, lo cierto es que en el caso particular, en que se evidencia de constancias que quien tiene a cargo la integración de las averiguaciones previas es una autoridad distinta a esta -no responsable-, no le es atribuible el hecho de que en su caso no se hubiesen determinado las indagatorias. Es por las razones hasta aquí asentadas que habrá de prevalecer el sentido de los informes correspondientes, y se reitera la inexistencia de los actos reclamados. En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Domínguez Aguilar, contra los siguientes actos reclamados: Del agente del Ministerio Público encargado de Agencia, la omisión o abstención de procurar justicia, y la omisión o abstención de emitir resolución que en derecho proceda en las averiguaciones previas FMIL/MIL-1/T3/00138/16-05 y FSP/B/T3/01438/16-05 D01; y De la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Trámite del Sistema Acusatorio 2 Sin Detenido, el acuerdo de quince de mayo del año en curso, en que se dio contestación a la petición de diez de marzo del mismo año, relacionada con las indagatorias en cita, y la omisión o abstención de emitir resolución que en derecho proceda en dichas averiguaciones previas. Ambas autoridades, de la Coordinación Territorial MIL-2 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa Alta de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, y anexos, en atención a su contenido, en principio, téngasele desahogando la vista otorgada con los informes justificados allegados al presente juicio, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de tenerlas por reproducidas en la audiencia constitucional. Respecto de la solicitud para que se corrija la denominación del agente del Ministerio Público integrador de las averiguaciones previas de origen, que inicialmente señaló como autoridad responsable y en consecuencia, se le emplace a este controvertido, no ha lugar a proveer de conformidad, en tanto del presente asunto no se advierte que se le hubiese dado vista con la inexistencia de aquella autoridad, que justificara actuar en el sentido que pretende. No obstante, este órgano de control constitucional no soslaya su intención real de incorporar a juicio a la autoridad que refiere con el carácter de responsable, que bajo el estado en que se encuentra este asunto, resulta improcedente, con base en las siguientes consideraciones: La ampliación de demanda de amparo es una figura jurídica que confiere a la parte quejosa el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación; sin embargo, ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, como son: No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el numeral 17 de la citada ley. En el supuesto de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Resulta ilustrativa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, cuyo rubro establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE". Así, la figura jurídica de ampliación de demanda tiene como base fundamental que la parte quejosa al momento de la presentación del escrito de demanda, o del escrito de desahogo, no tenga conocimiento de los actos o autoridad por los que pretende realizar la ampliación; sin embargo, dicho supuesto se encuentra condicionado a que los nuevos elementos aportados, en el caso una autoridad, su intervención se advierta de datos no conocidos por el promovente, lo que en la especie no acontece, en tanto que como se destaca de la copia del citatorio que adjuntó a la demanda, al promover este juicio el inconforme ya tenía conocimiento de que era diversa representación social a la señalada como responsable quien tiene a cargo la integración de las referidas indagatorias. De ahí se sigue que por auto de seis de septiembre de este año (fojas 33 a 36), se cerró la litis que integra este juicio, con base en los actos reclamados de las autoridades específicamente precisadas en el escrito de demanda, por lo que resulta improcedente incorporar a diversa autoridad como responsable cuando no existe justificación para ello. En consecuencia, se desecha la referida ampliación de demanda (adición de autoridad responsable), al no actualizarse alguna de las hipótesis necesarias para la procedencia de dicha figura jurídica, que incuestionablemente constituía el propósito del demandante del amparo. Consideraciones que imposibilitan proveer lo relativo a la suspensión solicitada, así como en relación con las diversas peticiones vinculas con tal señalamiento contenidas en el escrito de cuenta; por ello, hágase del conocimiento del quejoso que quedan a salvo sus derechos para promover diverso juicio de amparo contra el acto o actos de la autoridad que indica. En relación con la devolución de las documentales que en original fueron exhibidas, dado que se adjunta la copia simple correspondiente, se dejan a su disposición dichos documentos, por lo que se ordena resguardarlos en la secretaría de este juzgado.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, a las once horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
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