Juan Domingo Castañón Félix

Expediente 831/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 43 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
831/2017
Año
2017
Actuaciones
43
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • José Castañón Rodríguez
  • Juan Domingo Castañón Félix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución dictada dentro del presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa depurable. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, la constancia que remitió en apoyo a su informe justificado, con que se formó el tomo I, agregando a los presentes autos, la carátula que la contenía. Por último, requiérase al quejoso Juan Domínguez Castañón Félix, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de doce de febrero de este año, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 831/2017 y su acumulado 326/2018. El licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Hilda Patricia Gaytán de la Torre, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, la secretaría realiza una lectura íntegra al escrito relativo a las demandas de amparos, y en esa guisa procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos; al respecto, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Oficial Notificadora en funciones de Ministro Ejecutor del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (foja 48); y, Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 109 a 169 y 324); informes de ambas autoridades, a los que se acompañó copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 93/2017. A continuación, el secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; con las constancias relacionadas por la Secretaría, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso Juan Domingo Castañón Félix, consistentes en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017, mismo que obra en copia certificada en el presente juicio; también se da cuenta con las constancias reseñadas por la Secretaria; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo; finalmente, sin más pruebas que relacionar, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que obran los pedimentos 1292/2017, 1291/2017 y 290/2017, signados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por medio de los cuales formula alegatos (fojas 180 a 185 y 327 y 328); así como el escrito por medio del cual el quejoso Juan Domingo Castañón Félix, hace lo propio (fojas 186 a 188); alegatos que se tienen por expresados para los efectos legales correspondientes; finalmente se hace constar que de las demás partes no se recibió promoción alguna; por lo que, sin alegatos diversos que relacionar, se cierra este periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de que hacer relación, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 831/2017 y su acumulado 326/2018. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Domingo Castañón Félix, por propio derecho y en representación de José Castañón Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridades responsables, que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 831/2017; previa prevención y su desahogo, por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, se desechó por el acto ahí precisado y se admitió a trámite por otro diverso; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Fátima Domínguez Belmontes, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad responsable, que más adelante se precisan. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 326/2018; por auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. QUINTO. El dos y tres de julio de dos mil dieciocho, respectivamente, se ordenó abrir a trámite el incidente de acumulación de los juicios de amparo 831/2017 y 326/2018, del índice de este juzgado; luego, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia y resolución de incidente de acumulación, ordenando acumular el juicio de amparo 326/2018, al diverso 831/2017. SEXTO. Seguido el juicio, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman actos atribuidos a una autoridad judicial, cuyos efectos ocurren en donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, Juan Domingo Castañón Félix, reclama lo siguiente: El auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, donde no se le reconoció personalidad en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017; y, por ende se le negó el acceso a dicho expediente. Por su parte, la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, relativa al recurso de revocación dentro del juicio mercantil ejecutivo 93/2017. Actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Ahora bien, no obsta a lo anterior que en su escrito inicial de demanda, el quejoso Juan Domingo Castañón Félix, reclamara también la diligencia de requerimiento judicial de pago, emplazamiento y embargo, atribuido al ministro ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas; no obstante, como quedó reseñado en el resultando segundo de esta sentencia, por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo respecto de ese acto (fojas 38 a 41); de ahí que no se analizará el informe justificado rendido por la Oficial Notificadora en funciones de Ministro Ejecutor del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (foja 48). TERCERO. Certeza del acto. Sí son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, toda vez que así lo manifestó al rendir sus informes justificados (fojas 109 y 324). Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Certeza que se acredita además con las constancias que remitió la propia responsable como complemento a su primer informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 93/2017; probanza con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio (causales de improcedencia). Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso concreto, con relación a la demanda de amparo interpuesta por la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, se estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que de autos se advierte que, dentro del término concedido, dicha quejosa no acreditó haber entregado los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez. Para mejor ilustración conviene transcribir, en lo conducente, el contenido de los preceptos que sirven de sustento a la presente determinación, los cuales establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". De la interpretación literal y armónica de los artículos transcritos, se obtiene que cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; asimismo, se establece que procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. En ese sentido, una vez que ha sido admitida la demanda de amparo y se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia; el juzgador de garantías dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa, lo anterior por así disponerlo el artículo 27, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice las gestiones necesarias para la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento, tal y como lo ha sostenido la doctrina o como un presupuesto de validez del proceso. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de interés en realizar las gestiones necesarias para la publicación de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la carta magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En el caso concreto, se destaca que por auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, para que informara si tenía conocimiento si hasta esa fecha se había realizado la denuncia de la sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez, a fin de ser llamado a juicio; luego, como la quejosa no desahogó esa vista, mediante auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó que el emplazamiento del tercero interesado sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez, se practicara por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales quedaron a su disposición en la secretaría del juzgado, para que acudiera a recogerlos, realizara su publicación y acreditara haber gestionado el trámite correspondiente, para tal efecto se le concedió del término de veinte días. Posteriormente, mediante diverso proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó de nueva cuenta el emplazamiento del tercero interesado sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndola nuevamente por el término de veinte días, para que recogiera tales edictos; una vez lo anterior, tenía un plazo igual para acreditar ante este juzgado su publicación. Los edictos fueron entregados a la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios, el catorce del mismo mes y año, tal como obra en la constancia de entrega correspondiente (foja 463). Por tanto, el término para que la quejosa acreditara la publicación de los edictos, transcurrió del quince de febrero al catorce de marzo de esta anualidad, sin que la misma, haya acreditado su publicación. De ahí que, si en autos no existe constancia que demuestre que la parte quejosa hizo la publicación de los edictos, ordenados mediante auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, para emplazar al tercero interesado sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez, procede entonces, como se adelantó, decretar el sobreseimiento en el juicio. Se considera así, porque la parte quejosa Fátima Domínguez Belmontes, no cumplió con el deber de publicar los edictos dentro del plazo otorgado, ya que no lo acreditó y no expuso alguna causa legal o justificada para ello; en ese sentido, la intención que demuestra es la de mantener en estado de inactividad el procedimiento y sin que exista promoción alguna en la que se hubiera manifestado la imposibilidad económica para sufragar los gastos de dicha publicación. Sirve de apoyo al sentido de la presente determinación la Tesis Aislada (Común), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Sin que pase inadvertido para este juzgado el contenido de la Jurisprudencia (Común), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a. /J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior, en virtud de que el supuesto de excepción que establece la tesis antes transcrita no se actualiza en el caso concreto, habida cuenta que, la parte quejosa en ningún momento compareció al juicio de garantías a manifestar su imposibilidad para lograr la publicación de los edictos; mientras que lo que sí se advierte del sumario es su notorio desinterés por continuar con la secuela procesal. Por todo lo anteriormente expuesto, y como se ha anticipado, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto que reclamó Fátima Domínguez Belmontes. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación hechos valer por Juan Domingo Castañón Félix. En otro aspecto, ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio, lo procedente ahora es entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante de amparo Juan Domingo Castañón Félix, con relación al acto reclamado consistente en el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, donde se le negó el acceso al expediente mercantil ejecutivo 93/2017, en razón a que no se le reconoció personalidad en dicho juicio. Los motivos de disenso que hace valer Juan Domingo Castañón Félix, aquí quejoso, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda de garantías, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia (Común) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Se precisa que la parte quejosa en síntesis argumenta en su apartado de conceptos de violación, lo siguiente: (i) Que la responsable viola en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se está negando a su padre José Castañón Rodríguez, el derecho a defenderse y ser oído legalmente en juicio (por conducto del propio quejoso); en razón a que en el auto combatido se le negó el acceso al expediente, al que compareció en calidad de hijo responsable al cuidado de su padre; y que es a esa autoridad a quien le correspondía suplir la incapacidad de José Castañón Rodríguez, conforme a lo dispuesto por el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, sin que le fuera recocida esa personalidad. (ii) Que el juez responsable, ante las pruebas ofrecidas, debió incluso de oficio nombrar un tutor especial para el demandado carente de capacidad, para que fuera representado en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017, tal como lo prevé el artículo 462, del Código Familiar en vigor en el Estado; de ahí que, al no hacerlo, se le privan sus garantías de legalidad, audiencia y debido proceso. Son infundados los conceptos de violación reseñados. Lo anterior, en razón a que el quejoso combate el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, donde no se le reconoció personalidad en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017; en dicho auto, en lo que aquí interesa no se acordó de conformidad su petición, en el sentido de representar a su padre José Castañón Rodríguez, toda vez que no se surtían los supuestos a que se refiere el artículo 1056 del Código de Comercio, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y términos conducentes. Se precisa, que el juez de origen, estableció que si bien existen enfermedades que impiden a una persona gobernarse por sí mismo, para ello existen figuras de protección, solo un juez y por las causas dispuestas por ley, puede determinarlas; asimismo, que la incapacidad de una persona a través de un juicio, trae como consecuencia que quien sea designado como representante de ésta, pueda promover las acciones legales que convengan a los intereses de su representado. Por lo que concluyó la responsable, que los certificados médicos exhibidos por el aquí quejoso, no eran suficientes para tener por acreditada la incapacidad de una persona y que está sujeta a interdicción, sino que todo ello deriva de una presunción; asimismo, que el hecho que el quejoso Juan Domingo Castañón Félix, presentara un parentesco de consanguinidad con José Castañón Rodríguez, ello no implicaba que estuviera facultado para representar a su padre en el juicio de origen (fojas 155 y 156). Entonces, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer en el sentido que se negó al quejoso el derecho a defender a su padre José Castañón Rodríguez, en juicio y, por ende, que éste sea oído legalmente, violentando el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Lo anterior, porque si bien el citado precepto legal establece que cuando una persona no tenga capacidad procesal, comparecerán sus representantes legítimos, o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho; así como que, en los casos en que la ley lo determine, el juez de oficio o a petición de la parte legítima o del Ministerio Público, proveerá para los menores e incapacitados, el nombramiento de tutor especial para un juicio determinado; ello no debe interpretarse como una facultad discrecional del juez, para nombrar un representante de quien no cuente con capacidad legal, inmediatamente que se solicite; pues para ello se requiere una resolución judicial que, en primer término, determine la incapacidad legal de una persona y, en segundo, se nombre el representante de ésta. Sostener lo contrario, implicaría que, en tratándose de una enfermedad que no permita a alguien tomar decisiones por sí, cualquier persona podría acudir a juicio alegando ser el representante de quien no cuenta con capacidad legal; que al no seguirse un procedimiento judicial en el que exista resolución en la que se nombre un representante, quien se autonombrara representante del incapaz, podría velar por sus propios intereses, ya sea legales, económicos o patrimoniales, antes que de los de la persona a quien representa. Ahora, en nuestro régimen jurídico, la declaración de interdicción tiene por objeto la protección de la persona y los bienes del mayor de edad que ha caído en estado de incapacidad, proveyendo para esa finalidad la designación de un tutor o un curador para quien no puede gobernarse por sí mismo, ni atender debidamente a la administración de su patrimonio. Para ello, debe llevarse a cabo un procedimiento judicial, en el cual sea un juez quien declare el estado de interdicción de una persona incapaz. En ese sentido, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, prevé en los artículos 605 a 611, el procedimiento que debe realizarse para declarar a un incapaz en estado de interdicción, los cuales establecen: "605.- La demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de una persona, deberá contener los siguientes datos: I.- Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia del denunciado; II.- Nombre, apellido y residencia del cónyuge y parientes dentro del cuarto grado, y nombre del tutor o curador, que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita; III.- Los hechos que dan motivo a la demanda; IV.- Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, formulado por el facultativo que lo asista, acompañando el certificado o certificados relativos; V.- Especificación de los bienes conocidos como propiedad del incapaz y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial, y VI.- Especificación del parentesco o vínculo que une al denunciante con el denunciado. 606.- Recibida la demanda, el juez dispondrá lo siguiente: I.- Que se notifique al Ministerio Público; II.- Nombrar al incapacitado un tutor interino. Para hacer la designación se preferirá al padre, cónyuge, madre, abuelos o hermanos del incapacitado y si no los hubiere se nombrará persona de reconocida honorabilidad, que además no tenga relación de amistad o comunidad de intereses con el denunciante; III.- Dispondrá que dos peritos médicos, preferentemente alienistas, examinen al incapacitado, y emitan opinión acerca del fundamento de la demanda. El tutor puede nombrar un médico para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Puede el juez, además, requerirles opinión preliminar a los médicos; IV.- Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se consideren útiles, y V.- Que se practique el examen en presencia del juez, del Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción anterior así como del demandante. El juez interrogará, si es posible a la persona cuya interdicción se pide, y escuchará la opinión de los médicos y demás personas citadas, formulando a éstas las preguntas que considere oportunas. Puede ordenar de oficio las medidas de instrucción útiles a los fines del juicio. 607.- Las personas para quienes se pide la interdicción e inhabilitación pueden comparecer en el juicio y cumplir por sí todos los actos procesales, incluidas las impugnaciones, aun cuando se les haya nombrado tutor o curador. 608.- Además del examen en presencia del juez, los médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión las siguientes circunstancias; I.- Diagnóstico de la enfermedad; II.- Pronóstico de la misma; III.- Manifestaciones características del estado actual del incapacitado, y IV.- Tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. 609.- Recibido el informe, o antes si fuere necesario, el juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste. 610.- Cumplidos los trámites que se establecen en los artículos precedentes, y si el juez tuviere la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela del incapacitado, así como a la patria potestad o tutela de las personas que estuvieren bajo la guarda del mismo. Nombrará, asimismo, curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Si no adquiere convicción de ese estado, podrá sobreseer los procedimientos o mantener por un plazo razonable el régimen de protección de administración establecido en el expediente. 611.- Las declaraciones que el juez hiciere en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo en que varíen las circunstancias. Cada año se hará un nuevo examen del declarado en estado de interdicción y el tutor que no promueva este examen será separado de su cargo." De lo anterior se destaca, en primer término, que para solicitar la interdicción de una persona, se debe presentar una demanda, que contendrá los requisitos a que se refiere el artículo 605 transcrito; luego, cumplidos los trámites que se establecen en los artículos mencionados, y si el juez tuviere la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela del incapacitado, así como a la patria potestad o tutela de las personas que estuvieren bajo la guarda del mismo; asimismo nombrará curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Pues bien, como ha quedado establecido, para que al aquí quejoso Juan Domingo Castañón Félix, le fuera reconocida su personalidad en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017, debió exhibir constancia que lo acreditara como tutor o representante de José Castañón Rodríguez, la cual únicamente puede ser definida por un juez mediante sentencia judicial, previos trámites a que se refieren los artículos 605 a 611, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, lo que dicho sea, incluso puede ser una declaración de tutor interino, en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 606, del código en cita. Luego, de las constancias que obran en autos, se obtiene que el quejoso Juan Domingo Castañón Félix, con el fin de que le fuera reconocida su personalidad en el juicio de origen, esto es, que se le reconociera como representante o tutor legal de José Castañón Rodríguez, exhibió ante la autoridad responsable un certificado médico expedido a nombre de su padre; así como su acta de nacimiento y la de su padre (fojas 141 a 154); constancias por sí, resultan insuficientes para acreditar el estado de interdicción de Juan Domingo Castañón Félix y para acreditar la tutoría o representación legal que dice el quejoso tener sobre éste último. Lo anterior, porque se insiste, para acreditar esa tutoría o representación, se debió allegar al juicio de origen, resolución judicial que determinara que, en efecto, José Castañón Rodríguez, se encuentra en estado de interdicción y que Juan Domingo Castañón Félix, es quien lleva su tutela, lo que no se hizo; de ahí que fue correcto el actuar de la responsable en no reconocer la personalidad del quejoso, en el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017. En otro aspecto, resulta infundado el concepto de violación en el sentido que el juez responsable debió nombrar de oficio, un tutor especial, para que el demandado carente de capacidad fuera representado en el juicio mercantil ejecutivo 93/2017, tal como lo prevé el artículo 462, del Código Familiar en vigor en el Estado; que dice: "ARTICULO 462.- Siempre que por cualquier circunstancia, no existiere tutela ni quien ejerciere la patria potestad, en tanto se provee a la tutela que corresponda, le será nombrado un tutor dativo por el Juez de Primera Instancia del lugar." Lo anterior, por la básica razón que dicho artículo se refiere a la tutela dativa en tratándose de menores; esto es, el artículo en cita prevé una hipótesis completamente diferente al caso que nos ocupa; de ahí que resulte infundado que el juez de origen, por el solo hecho que le fuera presentado un escrito donde el aquí quejoso expuso que su padre José Castañón Rodríguez, se encontraba en un estado incapaz, debía nombrar de oficio un tutor especial; y, por ende, resulta inexacto que a la citada parte quejosa, le hayan sido privadas sus garantías de legalidad, audiencia y debido proceso. Lo anterior sin que sea inadvertido que el Código de Comercio, en su artículo 1056, establece que aquellos que no se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, comparecerán a juicio por medio de sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho; no obstante, como ya quedó dicho, para el caso concreto, la interdicción por incapacidad debió ser declarada por un juez mediante sentencia judicial y esa misma autoridad judicial debió ser quien nombrara un tutor o representante. De ahí que la representación que dice tener Juan Domingo Castañón Félix, sobre su padre José Castañón Rodríguez, no tiene sustento jurídico alguno, al no obrar en autos constancia que acredite que llevó a cabo el trámite que establecen los artículos 605 a 611, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Juan Domingo Castañón Félix. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fátima Domínguez Belmontes, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Domingo Castañón Félix, por propio derecho y en representación de José Castañón Rodríguez, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y del oficio CCJ/ST/0112/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando ante la licenciada Hilda Patricia Gaytán de la Torre, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta y anexo, que suscribe el licenciado Héctor Hugo Ortiz Lara, en su carácter de autorizado de la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; al que anexa los edictos ordenados por auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, sin que haya lugar a dictar mayor proveído al respecto. No pasa inadvertida la manifestación que realiza el promovente en el sentido que su representada no contó con los recursos económicos para sufragar el gasto de la publicación de dichos edictos; sin embargo, ni de su afirmación de insolvencia, ni de los elementos que obran en autos, se advierten indicios suficientes que demuestren que, en efecto, la quejosa no tiene la capacidad económica para sufragar el pago para la publicación de los edictos ordenados en el presente juicio, máxime que la citada quejosa, adquirió los servicios de un abogado particular; por lo tanto, no ha lugar a dictar mayor proveído respecto de la publicación de los citados edictos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Ma. de los Ángeles Huerta Vázquez, con quien actúa y da fe. L'MAHV*vbg

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por el licenciado Héctor Hugo Ortiz Lara, en su carácter de autorizado de la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, por el que en atención al requerimiento hecho por este Juzgado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, exhibe el original del edicto de doce de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, toda vez que aun obra en los estrados de este juzgado el edicto que por tal motivo se generó, retírese de los mismos y agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como corresponde. Por otra parte, como lo solicita el promovente y en atención a las manifestaciones que expone, con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la ley de la materia y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se ordena notificar al presente juicio de amparo, a quienes les asista derecho a heredar de la sucesión a bienes de José Castañón Rodríguez, por medio de edictos a costa de la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República "Reforma", haciéndole saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibido que de no comparecer a imponerse de los autos las siguientes notificaciones se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado. Asimismo, se ordena fijar en los estrados de este Tribunal una copia del edicto hasta en tanto se tenga por legalmente notificado a la tercero interesada de referencia. Se deja a disposición de la quejosa Fátima Domínguez Belmontes, en la Secretaría de este Juzgado, el edicto de referencia, a efecto de que proceda a recogerlo para su publicación correspondiente. Se apercibe a la citada parte quejosa que en caso de no presentarse a recoger el edicto, en el término de veinte días conforme al párrafo segundo, inciso b), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, acreditar en igual término que pagó su publicación el que comenzará a contar a partir de la recepción de los edictos, y exhibir la constancia correspondiente ante este Juzgado, dentro del término que al efecto se señala, se le impondrá el medio de apremio establecido en la fracción I del artículo 237 en relación con el 238 y 259 todos de la Ley de Amparo, consistente en una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis registrada con el número 2006570, materia común, VI.2º.C.13 K (10ª.), Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, ES PARA RECOGERLOS, ENTREGARLOS PARA SU PUBLICACIÓN Y HACER EL PAGO CORRESPONDIENTE, SIN QUE LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DENTRO DEL MISMO PLAZO, CONDUZCA AL SOBRESEIMIENTO." Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, y por economía procesal se difiere desde este momento la audiencia constitucional que se encontraba señalada para diez horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve y se fijan para su verificativo, las diez horas del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

Quedan 39 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano