Juan Diego o Juan Padilla Moreno
Expediente 555/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2019
Partes del expediente
- Juan Diego o Juan Padilla Moreno
Actuaciones
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, en contra del auto de veintiséis de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por el licenciado Héctor Alejandro García Almaraz, defensor público federal del procesado Juan Diego Padilla Moreno o Juan Padilla Moreno; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado Héctor Alejandro García Almaraz, defensor público federal del procesado Juan Diego Padilla Moreno o Juan Padilla Moreno, en el que reclaman al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; en tal razón, regístrese la misma bajo el número 555/2019-II, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. A continuación, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables. Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz. Acto reclamado: "El auto de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el cual se resuelve de plano el recurso de revocación mismo que se declaró infundado, derivado del auto de fecha veintidós de mayo de la misma anualidad, en el que fue negada la petición de traslado a mi defendido Ricardo Hernández Díaz, del Centro Federal de Readaptación Social número cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz a los diversos Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe o al Centro Federal de Readaptación Social número uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez; deducido de la causa penal ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. En el cual se resolvió lo siguiente: en materia de recurso de revocación, el auto de veintidós de mayo del presente año, debe quedar firme por las razones antes marcadas, por ende, el auto recurrido debe prevalecer en las condiciones ahí señaladas." (sic) Ahora bien, de la certificación de cuenta se desprende que en el diverso juicio de amparo 554/2019-I, promovido por el licenciado Héctor Alejandro García Almaraz, defensor público federal del procesado Juan Diego Padilla Moreno o Juan Padilla Moreno, señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables. Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz. Acto reclamado: "El auto de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el cual se resuelve de plano el recurso de revocación mismo que se declaró infundado, derivado del auto de fecha veintidós de mayo de la misma anualidad, en el que fue negada la petición de traslado a mi defendido Ricardo Hernández Díaz, del Centro Federal de Readaptación Social número cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz a los diversos Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe o al Centro Federal de Readaptación Social número uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez; deducido de la causa penal ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. En el cual se resolvió lo siguiente: en materia de recurso de revocación, el auto de veintidós de mayo del presente año, debe quedar firme por las razones antes marcadas, por ende, el auto recurrido debe prevalecer en las condiciones ahí señaladas." (sic) Como se aprecia, en dicho juicio de garantías el citado quejoso reclama al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, el auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de su traslado. Circunstancias que se toman en cuenta como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme al segundo párrafo de su ordinal 2°, por referirse a actuaciones tramitadas en este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, junio de 2007, página 285, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En ese contexto, es pertinente hacer notar que el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; ." Se establece, que la Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia sujeta a estudio únicamente los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso; en contra de las mismas autoridades responsables y por igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Consecuentemente, se concluye que en el presente asunto, se acreditan plenamente los supuestos de litispendencia previstos en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en esencia, la causa de pedir del agraviado en el juicio de amparo 554/2019-I y en la demanda de garantías con que se da cuenta, consiste en el auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el que resuelve de plano el recurso de revocación, derivado del auto de fecha veintidós de mayo de la misma anualidad, en el que se negó la petición de traslado del quejoso directo, del Centro Federal de Readaptación Social número cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz a los diversos Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe o al Centro Federal de Readaptación Social número uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez; deducido de la causa penal ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. Además, el expediente en comento, dicho sea de paso, se admitió a tramite en esta misma data y se señalaron las diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por lo anterior, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo que se intenta por esta vía, se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encuentra apoyo a lo que antecede la tesis I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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