Juan Diego Morfín Servín
Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Diego Morfín Servín
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el acuerdo dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente de juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal mencionado en primer término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; consecuentemente, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE JORGE HERNÁN LÓPEZ PÉREZ ( EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA), o sus autorizados no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica (en un horario de las diez a las catorce horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el siete de marzo de dos mil veintidós; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Con el informe y documentales de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante ofertando como prueba de su dicho copia certificada de la constancia que integra el debido cumplimiento a lo solicitado en el expediente ordinario laboral número J-VII-307/2019, misma que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado consistente en: "Se reclama de la responsable el abstenerse sin justificación legal de emitir acuerdo mediante el cual se señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas, dada que la Celebración de la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas fue desde el 25 marzo de 2021, sin que hasta el momento se haya señalado fecha para el Desahogo de pruebas o se haya pronunciado respecto a la admisión o desahogo de las mismas" Esto es, los quejosos reclaman: La omisión de la responsable de señalar fecha para el desahogo de pruebas o emitir un acuerdo en el cual se pronuncie respecto de las mismas en cuanto a su admisión o desahogo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en esta data, se tuvo al Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, realizando lo siguiente: Rindiendo su informe justificado. Remitiendo copia certificada de la constancia que integra el debido cumplimiento a lo solicitado en el expediente ordinario laboral número J-VII-307/2019, esto es, un acuerdo de fecha catorce de febrero del año en curso, mediante el cual se proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Señalado lo anterior, se advierte que el acto de molestia reclamado por la parte quejosa ha cesado, ya que al haberse revocado el acto reclamado inicialmente por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el presente juicio de amparo, y con ello la afectación a la parte quejosa. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en el siguiente supuesto, a saber: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que del oficio y anexo de cuenta con los cuales la responsable dentro del juicio de amparo que nos ocupa, rinde su informe justificado, informa que se dictó un acuerdo en data catorce de febrero del año en curso, mediante el cual se proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. En ese sentido, es evidente que la "La omisión de la responsable de señalar fecha para el desahogo de pruebas o emitir un acuerdo en el cual se pronuncie respecto de las mismas en cuanto a su admisión o desahogo", fue legalmente destruida en virtud del acuerdo dictado en fecha catorce de febrero del año en curso, dentro de los autos del expediente ordinario laboral número J-VII-307/2019 del índice de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. De esta manera, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado; en mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, ES PROCEDENTE SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Con el informe y documentales de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante ofertando como prueba de su dicho copia certificada de la constancia que integra el debido cumplimiento a lo solicitado en el expediente ordinario laboral número J-VII-307/2019, misma que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado consistente en: "Se reclama de la responsable el abstenerse sin justificación legal de emitir acuerdo mediante el cual se señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas, dada que la Celebración de la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas fue desde el 25 marzo de 2021, sin que hasta el momento se haya señalado fecha para el Desahogo de pruebas o se haya pronunciado respecto a la admisión o desahogo de las mismas" Esto es, los quejosos reclaman: La omisión de la responsable de señalar fecha para el desahogo de pruebas o emitir un acuerdo en el cual se pronuncie respecto de las mismas en cuanto a su admisión o desahogo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en esta data, se tuvo al Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, realizando lo siguiente: Rindiendo su informe justificado. Remitiendo copia certificada de la constancia que integra el debido cumplimiento a lo solicitado en el expediente ordinario laboral número J-VII-307/2019, esto es, un acuerdo de fecha catorce de febrero del año en curso, mediante el cual se proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Señalado lo anterior, se advierte que el acto de molestia reclamado por la parte quejosa ha cesado, ya que al haberse revocado el acto reclamado inicialmente por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el presente juicio de amparo, y con ello la afectación a la parte quejosa. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en el siguiente supuesto, a saber: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que del oficio y anexo de cuenta con los cuales la responsable dentro del juicio de amparo que nos ocupa, rinde su informe justificado, informa que se dictó un acuerdo en data catorce de febrero del año en curso, mediante el cual se proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. En ese sentido, es evidente que la "La omisión de la responsable de señalar fecha para el desahogo de pruebas o emitir un acuerdo en el cual se pronuncie respecto de las mismas en cuanto a su admisión o desahogo", fue legalmente destruida en virtud del acuerdo dictado en fecha catorce de febrero del año en curso, dentro de los autos del expediente ordinario laboral número J-VII-307/2019 del índice de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. De esta manera, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado; en mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, ES PROCEDENTE SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Juan Diego Morfín Servín, contra actos que atribuye a la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE en la demanda de que se trata, en la inteligencia de que los actos reclamados de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que se hacen consistir en: "Se reclama de la responsable el abstenerse sin justificación legal de emitir acuerdo mediante el cual se señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas, dada que la Celebración de la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas fue desde el 25 marzo de 2021, sin que hasta el momento se haya señalado fecha para el Desahogo de pruebas o se haya pronunciado respecto a la admisión o desahogo de las mismas" Sin que se forme por separado el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase INFORME JUSTIFICADO a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. Se les hace saber que el correo electrónico oficial de este juzgado es 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx para esos fines. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Madrigal Martínez y María Elena Licea Méndez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Juan Manuel Madrigal Rodríguez y Alejandro Madrigal Rodríguez, a quienes se les autoriza en términos restringidos del numeral invocado. Por otro lado, la parte quejosa solicita se les autorice la reproducción de medios electrónicos para la obtención de registros del presente asunto, en ese sentido, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes restantes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y/o una cuenta de correo electrónico, para que en caso de ser necesario, establecer contacto para las videoconferencias que llegasen a ser necesarias. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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