Juan Diego Hernández Arreola y Otros.
Expediente 1408/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1408/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2022
Partes del expediente
- Juan Diego Hernández Arreola y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
uxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que este asunto no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15 del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato 697/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. En atención a su contenido, téngase por presentada su opinión ministerial respecto de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por la responsable 1. Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, por conducto del Primer Secretario de Acuerdos, con el que remite la literalidad del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que se señalaron las trece horas con treinta minutos del día dieciséis de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, y remite diversas constancias relativas al juicio laboral 4874/2020, de su índice. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se dictó la sentencia definitiva, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos, de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaria de Hacienda, con sede en esa ciudad, y anexo, por el cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de octubre del año en curso, remite copia del memorándum *** de tres de noviembre del presente año, por el cual el Secretario de Hacienda del Estado, da respuesta a la solicitud hecha por Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, y hace de su conocimiento que, los ayuntamientos pueden realizar de forma directa los pagos de laudos y sentencias de amparo, ya que el presupuesto de egresos corresponde a cada Ayuntamiento; es decir, que es a consideración del Tesorero Municipal de quien emana el proyecto de presupuesto para ser aprobado por el Ayuntamiento, con base en sus ingresos disponibles; asimismo, recalcó que el citado municipio tiene la facultad de ejercer de manera directa y exclusiva sus funciones de administrar libremente su hacienda. Asimismo, precisó que dentro de sus ingresos, tiene recursos económicos provenientes del Ramo General 28, mismos que no se encuentran etiquetados; es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales, por lo que, tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica y la recaudación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Así también, hizo de su conocimiento que con sus atribuciones puede disponer de los recursos del Fondo General de Participaciones, disponibles en el precepto constitucional y conforme con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, por no estar estos bajo ninguna condición, es decir, son de libre disposición para los municipios; concluyendo la autoridad hacendaria que no cuenta con partida presupuestal autorizada para poder solventar los gastos, ni tampoco con disponibilidad presupuestal para asignación de recursos extraordinarios. Ahora bien, toda vez que de la contestación dada por la autoridad hacendaria, se advierte que los ayuntamientos pueden realizar de forma directa los pagos de laudos y sentencias de amparo, ya que el presupuesto de egresos corresponde a cada Ayuntamiento; sin embargo en el presente juicio la autoridad responsable Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, siempre ha manifestado que no existe negativa para dar cumplimiento a lo requerido por esta autoridad, toda vez que se encuentra imposibilitada para observar la ejecutoria de amparo, toda vez que no cuenta con recursos económicos para realizar pagos de adeudos, además, expone que no puede disponer de recursos del presupuesto que están etiquetados para un fin social en favor a la comunidad. Ahora bien, a dichas manifestaciones cabe recalcar la respuesta dada por la autoridad hacendaria, en la que expone diversas soluciones a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin disponer de recursos del presupuesto que están etiquetados para un fin social en favor a la comunidad, como lo afirma la responsable. Robusteciendo que es a consideración del Tesorero Municipal de quien emana el proyecto de presupuesto para ser aprobado por el Ayuntamiento, con base en sus ingresos disponibles; asimismo, recalcó que el citado municipio tiene la facultad de ejercer de manera directa y exclusiva sus funciones de administrar libremente su hacienda. Por todo lo anterior, se concluye que es al Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, a quien le corresponde realizar las gestiones a efecto de solventar el fallo constitucional, ya sea con las opciones dadas por la autoridad hacendaria o realizando el procedimiento a través de su Tesorero de quien emana el proyecto de presupuesto para ser aprobado por el Ayuntamiento, con base en sus ingresos disponibles. Lo anterior es así, ya que la responsable no deberá limitarse a girar comunicaciones, sino planes de acción, para dar celeridad al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ya que para considerar sus actuaciones eficaces, resulta necesario acredite que ha indicado a la autoridad hacendaria la decisión tomada con relación a las soluciones que le han sido propuestas, siguiendo los lineamientos que establece la normatividad que regula su actividad financiera, a efecto de agilizar el trámite y la observancia del fallo protector. De manera que es evidente que en realidad no existe una actuación relacionada con las indicaciones ordenadas por este órgano constitucional, a fin de acatar la sentencia constitucional y ello pone de manifiesto que la autoridad responsable mantiene una actitud pasiva ante los últimos requerimientos. Cabe precisar, que también es necesario adopte de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público) todas las medidas y sanciones necesarias para promover el curso normal del cumplimiento al fallo constitucional, pues en caso contrario las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna, esto para que pueda considerarse que son actuaciones efectivas a fin de observar la sentencia de amparo, Sirve de ilustración a lo anterior, la tesis I.3o.C.79 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES." SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Por lo anterior, con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la observancia del fallo protector, de conformidad con lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Santiago El Pinar, residente en esa localidad, así como a cada uno de los integrantes del citado Ayuntamiento ***, (Presidenta Municipal), ***, (sindico), ***, (regidor) ***, (regidor) ***, (regidor), ***, (regidor) *** e *** (regidor); para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo constitucional En el entendido, que para considerar que los actos resultan eficaces deberá acreditar lo siguiente: 1) Que opto por considerar las opciones dadas por la Secretaría de Hacienda; es decir, que se ha pronunciado sobre la disposición de los recursos económicos provenientes del Ramo General 28, mismos que no se encuentran etiquetados; disponer de los recursos del Fondo General de Participaciones, disponibles en el precepto constitucional y conforme con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; o en su caso, 2) Demostrar que realizó a través de su Tesorero, los trámites a efecto de incluir el gasto en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, ya que de él emana el proyecto de presupuesto para ser aprobado por el citado Ayuntamiento, con base en sus ingresos disponibles. Ahora bien, en caso de insistir en el incumplimiento a lo ordenado en líneas precedentes, de acuerdo a los preceptos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en atención a la actitud contumaz de la responsable se le impondrá a cada uno de sus integrantes, una multa por el equivalente a la suma de Quinientas Unidades de Medida y Actualización. Cabe precisar, dicha cantidad se establece acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. De igual forma, se le apercibe que de seguir con la actitud contumaz de no acatar el fallo constitucional, en términos del precepto 192 de la Ley reglamentaria, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante autoridad competente. Sirve de apoyo para lo anterior, la tesis 1a./J. 42/2022 (11a.), pronunciada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN UN CUERPO COLEGIADO REQUERIDO CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE AL JUZGADO DE DISTRITO Y NO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Por otra parte, agréguense a los autos los sobres devueltos por el servicio postal "Correos de México", que contienen los oficios 23367/2022, 23368/2022, 23369/2022, 23370/2022, 23371/20222 3372/2022, 23373/2022, 23378/2022, dirigido a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Santiago el Pinar, Chiapas, respectivamente, de los que se obtiene que no pudieron ser entregados por no querer recibir la correspondencia. En consecuencia, en atención a los motivos expuestos en los sobres devueltos, y toda vez que se advierte domicilio del Ayuntamiento del Municipio de Santiago el Pinar, Chiapas, en esta ciudad; en obvio de mayores dilaciones reenvíese los oficios en comento al domicilio ubicado en Avenida 27 de Noviembre número 595, colonia Natalia Venegas, esquina Rafael Pascacio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Finalmente, toda vez que en proveído de ocho de noviembre del año en curso, se ordenó girar el oficio 27682/2022, dirigido a la Secretaria de Hacienda del Estado, a efecto de dar cumplimiento en auto de veintiséis de octubre del actual; sin embargo, con esta fecha se tuvo a la citada autoridad dando contestación a dicho auto; por lo que, se deja sin efecto la citada misiva, en atención a la contestación dada por la citada autoridad responsable. Notifíquese.
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