Juan Diego Calvo Tamayo
Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2021
Partes del expediente
- Juan Diego Calvo Tamayo
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Ciudad de México.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Promoción. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, por medio del cual acusa recibo del diverso 617/ADMVO-V, de veintisiete de abril de del año en curso, con el que se le remitió por incompetencia el juicio de amparo 273/2021, promovido por *****, comunicando que aceptó la competencia planteada. Archivo. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del presente cuadernillo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso j), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se remitió por incompetencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Remisión. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Carátula. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Galdámez Blanco, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por encontrarse con licencia el titular del juzgado, de acuerdo al oficio CCJ/ST/0635/2021 de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Pleno del Consejo de la Judicatura, asistido de Jorge Fernando García Barragán, Secretario de Juzgado, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de abril de dos mil veintiuno.Promoción. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Juan Diego Calvo Tamayo, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 273/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cuestión previa. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado de distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, como a continuación se expondrá. Del estudio de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión No. 66, Colonia el Parque, C.P. 15696, Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. 2) CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. 3) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA con domicilio en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 4) COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur #1143, Colonia Nochebuena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, de la Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1) De la CAMARA DE DIPUTADOS y de la CAMARA DE SENADORES Del Congreso de La Unión se les reclama por inconstitucional la APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, que contiene la adición de la FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 180 Ter., publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de abril de 2021 (edición vespertina), que se tilda de inconstitucional. 2) Del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA se le reclama por inconstitucional la PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN del DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, que contiene la edición de la FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 180 Ter., publicado en el diario Oficial de la Federación con fecha 16 de abril de 2021 (edición vespertina), que se tilda de inconstitucional. 3). Del COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES se le reclama por inconstitucional la EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, que contiene la adición de la FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 180 Ter, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de abril de 2021 (edición vespertina), que se tilda de inconstitucional. Por su parte, los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen lo siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. [.]" "LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LAFEDERACIÓN Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; [.]" "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De lo expuesto, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Adicionalmente, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo." En atención a lo anterior, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO GENERAL 22/2013 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN"; el cual en sus artículos SEGUNDO y SEXTO determinó lo siguiente: "SEGUNDO. A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones". Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, circunstancia que no se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables el artículo 180 Ter., de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contiene la adición de la Fracción VI de dicho artículo, publicado en el diario Oficial de la Federación con fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que establece: "Artículo 180 Ter. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá sobre casa línea telefónica, la información siguiente: I. Número de línea telefónica móvil; II Fecha y hora de activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM; III Nombre complete o, en su caso, denominación, o razón social del usuario; IV. Nacionalidad; V. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea. VI. Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona mora, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el instituto. VII. Domicilio del usuario; VIII. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados; IX. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y X. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo.". Incompetencia legal. Por lo anterior, este Juzgado de Distrito, se declara legalmente incompetente para conocer de dicha demanda por razón de materia, pues se estima que el conocimiento de la demanda de amparo que nos ocupa corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México, ello pues se trata de una competencia especializada. Al respecto, es importante señalar que para fijar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; por tanto, si el acto reclamado consiste en el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. Sobre todo, si la litis planteada en la demanda de cuenta involucra cuestiones que, por aspectos técnicos, pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión. Tienen aplicación los siguientes criterios: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. [Registro digital: 195007. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 83/98. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28. Tipo: Jurisprudencia] "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDOS CONTRA LA REGULACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ESTATAL O MUNICIPAL, CUANDO LAS DISPOSICIONES RELATIVAS INCIDAN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en las jurisprudencias 2a./J. 119/2015 (10a.) y 2a./J. 84/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando a través del juicio de amparo indirecto se impugnen actos de autoridades estatales y municipales que regulen la materia de desarrollo urbano, la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, si la litis involucra cuestiones que, por aspectos técnicos, pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, tales como la prohibición o restricción para instalar la infraestructura relativa en áreas determinadas de la localidad de que se trate. [Registro digital: 2019660. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común, Administrativa. Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/19 A (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1522. Tipo: Jurisprudencia] 0 Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en el Título Décimo Sexto lo siguiente: "Artículo 312. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión." "Artículo 313. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales." "Artículo 314. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión." "Artículo 315. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley." Por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como del artículo 6, apartado b), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la declina a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos. Fórmese cuaderno de antecedentes, y envíese los autos del presente juicio de amparo, solicitando el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea a su conocimiento especializado. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada Covadonga número veintiuno de la Colonia Covadonga, código postal 29030, en esta ciudad. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. Listas de acuerdos. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las litas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Exhortación a promover bajo la modalidad de juicio en línea. De la misma forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Arturo Galdámez Blanco, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse con licencia el titular del juzgado, de acuerdo al oficio 1252/2021 de trece de abril de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura, asistido de la Secretaria Ana Luisa Wong López, quien certifica que la promoción y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS)
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