Juan Diego Aguirre Rosales

Expediente 118/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
118/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Diego Aguirre Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró infundado el medio de impugnación y confirmó el auto que desechó la demanda de amparo. Se ordena el archivo

  2. Principal

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, INFORMA QUE ADMITIÓ RECURSO DE QUEJA

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por Juan Diego Aguirre Rosales, por medio del cual interpone recurso de queja, en términos de lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 párrafo segundo y 102, de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Por lo tanto, con apoyo en los numerales precisados en el párrafo precedente, remítase el original del escrito de la queja interpuesta al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como el juicio de amparo en que se actúa, y ríndase el informe correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y fórmese el cuadernillo de antecedentes de queja. Asimismo, se hace del conocimiento que en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se previno la demanda de amparo, y en el diverso auto de uno de mazo de dos mil veintidós, se desechó la demanda por las razones precisadas en el mismo. Notifíquese. VICTOR MANUEL

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Juan Diego Aguirre Rosales, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciocho de febrero del dos mil veintidós. Atento a lo anterior analizada de nueva cuenta la demanda y el escrito aclaratorio de cuenta, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 2 de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al caso la diversa tesis aislada I.3o.C.41 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, registro, registro 186294, Novena Época, Materia Común, del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 3 ?????????????????????????????? Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre a procedencia del amparo." Del estudio integral de su demanda de amparo se advierte que el peticionario de amparo reclama a la responsable, el auto de veinte de enero de dos mil veintidós dictado en el expediente 244/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, que negó renunciar al nombramiento de Mandatario Judicial otorgado por el extinto Ramón Hernández Toledo. Acto sobre el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, dicho artículo y fracción, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 4 XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)". De lo anterior, tenemos que los supuestos para que opere la citada causal son: 1. La existencia de un acto anterior consentido, y 2. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. En relación al primer supuesto, dicho consentimiento puede ser tanto expreso como tácito; en relación al segundo para que tal hipótesis se surta es menester que entre el acto reclamado y el anterior que se estime consentido, exista una relación de causa efecto; es decir, que lo considerado en uno sea una simple derivación o consecuencia lógica de lo sustentado en el otro. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado, contenido en el auto de veinte de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 244/2018, remite a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, donde se abordó el tema relativo al fallecimiento del demandado Ramón Hernández Toledo, quien en diligencia de trece de abril de dos mil dieciocho, ratificó el mandato judicial que otorgó al quejoso Juan Diego Aguirre Rosales, mismo que acepto el cargo conferido, y atendiendo al que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que le encarga, tal y como lo estipulan el artículo 2520 del Código Civil para el Estado de Chiapas y el diverso 2574 del citado ordenamiento, el cual establece que aunque el mandato termine por la muerte del mandante, VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 5 ?????????????????????????????? debe el mandatario continuar en la administración entre tanto los herederos proveen por si mismos a los negocios siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio, por lo anterior, se considera que la acción constitucional es improcedente, puesto que, no es más que una consecuencia directa de la determinación sobre la muerte del mandante y la continuación de la representación del demandado en el juicio de origen. En ese contexto, el peticionario de amparo estuvo en aptitud de combatir dicho auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno citado y expresar las razones por las cuales, no estaba de acuerdo, con continuar con la representación del mandante. De modo que, si el quejoso no combatió esa decisión, se concluye que consintió los fundamentos y motivaciones que sustentaron esa determinación, así como sus implicaciones. En otras palabras, el acto que causa perjuicio al quejoso es el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, porque ahí se le dijo que no obstante que murió el demandando, con base en los fundamentos citados debió continuar con su representación. De manera que, el acto reclamado no es más que un acto derivado de otro consentido, que lo es el referido acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 12 del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 6 la Federación, Tomo VI, parte SCJN, Quinta Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". También, la jurisprudencia V.2o. J/38 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a la página 54 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, Junio de 1992, Octava Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan". En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Diego Aguirre Rosales, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que desde este momento ha quedado establecida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual forma, el promovente manifiesta que el acto recurrido afecta sus derechos sustantivos, toda vez que se le niega el derecho a renunciar voluntariamente al mandato judicial que le fue otorgado en el expediente 244/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, sin fundar y motivar dicho auto, así como que se trata de VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 7 ?????????????????????????????? un acto aislado que se reclama, sin embargo, dicha manifestación no desvirtúa la existencia de la causal que se actualiza en el presente asunto, motivo por el cual no cambia el sentido del desechamiento ordenado en párrafos que anteceden. Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487, con número de registro VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 8 digital 2005717, del rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Y la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, con número de registro digital 2006485, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Notifíquese personalmente.

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