Juan Díaz Pérez

Expediente 1543/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1543/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Díaz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso e) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión, así como el duplicado son susceptibles de destrucción, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas del nueve de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita. Finalmente se hace constar que no obra en autos el informe solicitado al COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE DELITOS (P.I.D.) ZONA III, a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo mediante el cual se le solicitó el mismo. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y respecto a dicha omisión resuélvase lo que en derecho corresponda. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con no se ofrecieron pruebas. El Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho para ello. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, recibido ese día en este juzgado, Juan Díaz Pérez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda registrada con el número 1543/2021-VIII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se aperturó el incidente de suspensión respectivo, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta; además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: La orden de privarlo de su libertad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Tiene apoyo la anterior consideración la tesis aislada, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CV, visible en la página 1330, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSION, CUANDO NIEGA EL ACTO LA AUTORIDAD ORDENADORA. Es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto, cuando la autoridad ordenadora lo negó, pues sería incongruente que una autoridad ejecutora llevara a cabo medidas inexistentes". De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Finalmente, no pasa desapercibido que la autoridad responsable COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE DELITOS (P.I.D.) ZONA III, en su carácter de ejecutora, fue omisa en rendir su informe a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo mediante el cual se solicitó el mismo. Sin embargo, las autoridades ordenadoras negaron el acto reclamado, por lo cual, no tiene nada que ejecutar y de tal suerte resultan inexistentes los actos reclamados. Ilustra lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, página 5888, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, OMISION DEL. Si el presidente del comité de vigilancia del comisariado ejidal responsable no rindió su informe justificado, es claro que existe la presunción de certeza consignada en el artículo 149 de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos que se le atribuyen, pero esa presunción cede ante la negativa de las otras autoridades y de modo principal ante la de la autoridad señalada como ordenadora, pues en esas condiciones, siendo inexistente la orden reclamada, resulta imposible que pudiera ser realizada por una autoridad ejecutora, como es el citado presidente, que no rindió su informe." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de febrero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Fernando Javier Humphrey Hoyos en su carácter de apoderado legal de Concreto y Electricidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico. Acuerdo. Atento a su contenido, en términos de los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo con el usuario "juridicordz". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el trámite correspondiente. Mensaje telegráfico. Agréguese para efectos de control el mensaje telegráfico que remite el Jefe de oficina de Telecomm Telégrafos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el oficio 52304/2021 dirigido a la Comisión Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, no fue entregado en virtud de encontrarse cerrado por la contingencia Sanitaria Covid-19; por tanto, dígasele a la autoridad oficiante, que una vez que reanude sus labores la responsable, deberá remitir a la brevedad el referido oficio. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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