Juan Diaz Arroyo

Expediente 616/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
616/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Diaz Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, párrafo primero, inciso b), y párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control del Sistema de Oralidad en Materia Penal de Irapuato y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 616/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Para realizar el estudio correspondiente sobre la demanda, se precisa que los actos reclamados se hicieron consistir en: a) El señalamiento de audiencia inicial de juicio; y b) La judicialización de la carpeta de investigación *****. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, respecto de los actos precisados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, párrafo primero, y V, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. Ahora bien, se estima que los actos reclamados no ocasionan un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, tales como, en sus bienes o derechos, ni tienen una ejecución que sea de imposible reparación, como es el derecho a la libertad. Esto, porque si bien los actos en estudio se relacionan con la práctica de diligencias tendentes a la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito, lo cierto es que, de momento no se advierte que tales actos causen daño o perjuicio al gobernado contra los cuales se siga la investigación correspondiente, a menos que en la indagatoria se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos. Circunstancia que podría acontecer cuando se dicte alguna medida de protección o providencia precautoria, o bien, de tener el gobernado la calidad de inculpado, con posterioridad a que se ejercite acción penal y se determine la judicialización de la carpeta de investigación, pues será el Ministerio Público o el Juez del proceso, de acuerdo a sus atribuciones, a quienes corresponderá resolver sobre dichas actuaciones, lo cual, en su caso, sería lo que causaría una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, dado que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente; por tanto, considerando que los actos en estudio corresponden al señalamiento de audiencia inicial de juicio y la judicialización de la carpeta de investigación *****, se estima que de momento no tienen sobre la persona, sus bienes o derechos, una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. Esto, porque el fiscal investigador únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en lo atinente, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente para ejercer acción penal y se judicialice una indagatoria; de tal modo que al investigado -quejoso- no se le causa un perjuicio de índole jurídico, pues éste puede acontecer con posterioridad a que se ejercite acción penal y se determine la judicialización de la carpeta de investigación, ya que será el Juez del proceso a quien corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación en todo caso, sería la que causaría una afectación a la esfera jurídica del quejoso; lo que incluso, se trata de un acto futuro de realización incierta puesto que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, o bien, la vinculación a proceso del quejoso, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Sobre esa base, como al quejoso se le considera inculpado, se precisa que la indagatoria seguida en su contra se encuentra en una fase previa a que se formalice la investigación ante autoridad judicial, pues el quejoso refirió que en la carpeta administrativa *****, se señaló fecha para la audiencia inicial hasta el nueve de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, en este momento no se tiene certeza sobre cuál será la decisión que asuma el Juez de proceso en relación con la judicialización de la carpeta y la solicitud de vinculación a proceso del quejoso, ni se aprecia que al quejoso se le haya impuesto alguna medida cautelar que afecte sus bienes, derechos o la libertad personal. De modo que, la determinación que recaiga a la solicitud de vinculación a proceso del quejoso, o bien, por la que se decrete alguna medida cautelar en su contra, en todo caso, serían las que podrían causarle una afectación a su esfera jurídica. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, como en el caso acontece, toda vez que los actos en estudio no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; aunado a que, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social. Ello es así, pues se considera que dichos actos sólo pueden afectar derechos adjetivos o procesales en la integración de una indagatoria, por la emisión de actuaciones tendentes a la investigación de los hechos y en el señalamiento a audiencia inicial de juicio, de los cuales se duele la parte quejosa. Sin embargo, los actos reclamados que se analizan no trascienden a la esfera jurídica del quejoso, pues aun cuando tenga el carácter de inculpado, existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable como lo es la no vinculación a proceso, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. En ese sentido, aún y cuando el acto reclamado consistente en el señalamiento para la celebración de la audiencia inicial, ello constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, por lo que como ya se dijo, eso no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso, pues el mismo, no ha ocasionado ninguna afectación a sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el Juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al quejoso no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta de investigación determine si resulta procedente o no vincular a proceso al imputado; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. De lo expuesto, se obtiene que no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad al quejoso, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine vincularlo a proceso, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse como un acto que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, por lo que el acto que por esta vía combate no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como se destacó, la diversa en la que se determine vincularlo a proceso. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que tiene los datos de identificación, rubro y textos siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2018828 De igual manera, dicha causa de improcedencia se relaciona con la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 160612 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 138/2011 (9a.) Página: 2056 "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de "violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales". Por tanto, al quedar acreditada la causal de improcedencia respecto de los actos en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la ley de Amparo, se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO En otro tópico, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico, en la etiqueta con la que se presentó la demanda de amparo, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se le invita para que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS A ***** se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De igual manera, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al período de vigencia7, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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