Juan de la Cruz Salmerón

Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
221/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Juan de la Cruz Salmerón
  • Juan de la Cruz Salmerón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de seis de julio de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se SOBRESEYÓ Y SE NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 13 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las nueve horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, día y hora señaladas en auto de nueve de junio del año en curso, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 221/2022, promovido por Juan de la Cruz Salmerón, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda (fojas 4 y 5), las que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidenta (fojas 20, 21 y 37), asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por el quejoso, las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario relaciona el alegato ministerial 140/2022, presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, hace constar que las demás partes no realizaron manifestaciones. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el alegato del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 221/2022, promovido por Juan de la Cruz Salmerón, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitido por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Juan de la Cruz Salmerón, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE CONCLUIR EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, en términos de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81, 84 y 91 de la citada Ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de lograr el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el número 221/2022; se admitió, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, se le dio la intervención que legalmente le compete, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en atención a que el presente asunto se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido contra una autoridad responsable dentro de la circunscripción territorial que corresponde a la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el presente asunto, es necesario precisar los actos que reclama el quejoso, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente juicio. En ese orden, se tiene que se reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de acordar el escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó concluir el desahogo de pruebas en el juicio laboral de origen. La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 716/2013. No se desatiende que la parte quejosa manifiesta que la responsable no dicta las medidas conducentes a efecto de lograr el desahogo del procedimiento en sus términos incurriendo con ello en retraso e inactividad procesal, sin embargo, se debe precisar que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo en la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidenta, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas que la autoridad responsable remitió junto con su informe justificado, relativas al juicio laboral 716/2013, mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad a lo preceptuado en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que el suscrito las advierta de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En dicha tesitura, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó concluir el desahogo de pruebas en el juicio laboral de origen, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, quien esto resuelve advierte de oficio, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos en mención, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, como ya se precisó en la segunda consideración de este fallo, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó concluir el desahogo de pruebas en el juicio laboral 716/2013, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ahora, de las constancias que obran en el sumario, con valor probatorio indicado en el considerando tercero de esta resolución, se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó un auto el cual en la parte que interesa es del tenor literal siguiente: "[.] Ahora bien, en atención a los escritos de referencia, se le tiene al promovente por solicitando la conclusión del desahogo de pruebas, dígasele que de autos se observa que ya se encuentran desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, sin embargo, de las mismas actuaciones también se observa, que la demandada, mediante su escrito contestatorio de demanda ofreció el empleo al actor, dicho ofrecimiento se calificó provisionalmente de buena Fe, y tomando en cuenta que la parte actora manifestó su aceptación a dicho ofrecimiento, lo cual realizó mediante el escrito de fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, misma que no se ha realizado, por lo que en este acto,, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la reinstalación del C. JUAN DE LA CRUZ SALMERÓN, tal y como se encuentran especificados en el ofrecimiento del empleo que obra a foja 47 del presente asunto..." De lo transcrito se advierte que la autoridad acordó lo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, y en tal sentido manifestó que ya se encuentran desahogadas las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen. Por esa razón, como dicho acto procesal se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías (siete de marzo de dos mil veintidós), es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dicho acto; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional dejó de causar perjuicio en la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, en el momento en que la responsable dictó el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós en el juicio laboral 716/2013. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 177083 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.A.17 K Página: 2296 AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO. Cuando en la demanda de garantías se precisa como acto reclamado la resolución dictada por la autoridad responsable en un procedimiento administrativo y durante el trámite del juicio de amparo tal resolución es sustituida por otra dictada en el mismo procedimiento, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos y, que es esta nueva resolución la que podría causar perjuicio al quejoso; por lo que, por tal circunstancia sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, como ya se dijo, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, pues ya no existiría derecho fundamental que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó concluir el desahogo de pruebas en el juicio laboral de origen. Al caso, aplican las jurisprudencias que se citan: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." QUINTO. Estudio de fondo. En este considerando, se analizará el concepto de violación tendente a controvertir el acto que se le atribuye a la responsable consistente en la omisión de dictar laudo. Así las cosas, debe decirse que la parte quejosa manifiesta en esencia que la autoridad responsable trasgrede el artículo 17 de la Constitución Federal, en virtud de que ha sido omisa dictar el laudo en el juicio laboral 716/2013. Es infundado su concepto de violación. Ello es así, en virtud que de las constancias que obran en el sumario constitucional, mismas que adjuntó el Tribunal responsable a su informe justificado; actuaciones valoradas previamente en el considerando "TERCERO", se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraba pendiente el desahogo de la diligencia de reinstalación de la parte actora, aquí quejosa, con motivo del ofrecimiento de trabajo que hizo la parte demandada, mismo que fue aceptado por el trabajador. Al efecto, es menester dejar sentado que al haber sido ofrecido el trabajo por parte del patrón y al haber sido aceptado por parte del trabajador, se infiere que se reclamó la prestación de reinstalación; por consiguiente, resulta relevante la calificación de buena fe, hecha por el Tribunal de Conciliación, respecto del ofrecimiento del trabajo, ya que debe prevalecer la voluntad de la parte trabajadora expresada para reintegrarse a su empleo, lo que repercutirá indefectiblemente al momento de realizar la valoración de las cargas probatorias, al dictar el laudo correspondiente. Sobre el tema, aplicado a contrario sensu, sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que es del rubro y contenido siguientes: "Registro digital: 2023931 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 33/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1497 Tipo: Jurisprudencia CALIFICACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO. RESULTA IRRELEVANTE CUANDO LA ACCIÓN INTENTADA SEA LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y LA PARTE TRABAJADORA RECHACE LA OFERTA DE TRABAJO. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes disintieron sobre si, tratándose de la acción de indemnización constitucional reclamada con motivo de un despido injustificado, debe o no calificarse el ofrecimiento de trabajo a efecto de fijar las cargas probatorias que les corresponden a las partes. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, tratándose de la acción de indemnización constitucional, cuando se haya ofrecido el trabajo y la parte trabajadora lo rechace -explicita o tácitamente-, resulta irrelevante la calificación del ofrecimiento realizado para fijar las cargas probatorias del despido alegado. Justificación: En los casos donde se ejerza la acción de indemnización constitucional, el ofrecimiento de trabajo no puede tener como resultado la limitación al derecho de la parte trabajadora de optar por la indemnización frente al despido injustificado que sufrió, por lo cual las Juntas no deben calificar esa oferta de trabajo, cuando éste es rechazado expresamente o en forma tácita. Lo indicado, ya que si bien la parte patronal, frente a un reclamo de despido injustificado, tiene el derecho de ofrecer el empleo en los mismos términos y condiciones en que se prestaba, a fin de conciliar la relación de trabajo y delimitar el pago de los posibles salarios caídos, esa facultad no puede implicar que, frente a su rechazo, se altere la voluntad del trabajador a ser indemnizado. En efecto, conforme lo disponen nuestra legislación y los convenios internacionales, las personas trabajadoras, frente a un despido injustificado, tienen el derecho a elegir ya sea continuar con la relación de trabajo mediante la reinstalación, o bien, optar por el pago de la indemnización constitucional a fin de remediar los efectos de esa terminación de la relación de trabajo. Por lo tanto, si la parte trabajadora elige no reintegrarse a su empleo, sino que opta por el pago de la indemnización constitucional, resulta irrelevante la calificación que se haga del ofrecimiento de trabajo, ya que debe prevalecer la voluntad de la parte trabajadora expresada desde un inicio de no reintegrarse a su empleo y preferir el pago de la indemnización, aun cuando la parte patronal haya realizado el ofrecimiento de trabajo." Por tanto, son infundados los argumentos de la impetrante porque es evidente que la abstención u omisión dictar el laudo en el juicio laboral, que reclama aún no puede ser atribuible al precitado Tribunal, pues de las constancias que remitió en justificación a su informe, se aprecia que se encuentra pendiente el desahogo de la diligencia de reinstalación de la parte actora, aquí quejosa, con motivo del ofrecimiento de trabajo que hizo la parte demandada, mismo que fue aceptado por el trabajador, por lo que es evidente que no existe obligación por parte del Tribunal responsable, ni tampoco se encuentra en posibilidad de emitir el laudo en el juicio laboral, es decir, aún no le deviene la obligación legal y procesal a la responsable de emitir el laudo. Entonces, si a la presentación de la demanda de amparo, se encontraba pendiente el desahogo de la diligencia de reinstalación de la parte actora, aquí quejosa, con motivo del ofrecimiento de trabajo que hizo la parte demandada, mismo que fue aceptado por el trabajador, no puede ser atribuible a la autoridad responsable, la omisión de dictar el laudo correspondiente; como se advierte de las constancias que envió la Presidenta del Tribunal de Conciliación. En ese sentido, no se trasgrede el derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud que el retraso en el dictado del laudo, se debe a que en la contienda de origen se encuentra pendiente el desahogo de la diligencia de reinstalación de la parte actora, aquí quejosa, con motivo del ofrecimiento de trabajo que hizo la parte demandada, mismo que fue aceptado por el trabajador; de modo que es evidente que la autoridad responsable no se encuentra en condiciones de emitir el laudo correspondiente, hasta en tanto se haya llevado a cabo la diligencia de reinstalación del trabajador en el empleo. En las narradas circunstancias, lo procedente es negar el amparo y protección a Juan de la Cruz Salmerón, por los motivos expuestos en el presente considerando. SEXTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Juan de la Cruz Salmerón, contra los actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones y fundamentos contenidos en el diverso considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Juan de la Cruz Salmerón, contra el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral de origen, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de acuerdo a lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; que actúa ante el César Hernández Serrano, que autoriza y da fe. EL LICENCIADO CÉSAR HERNÁNDEZ SERRANO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CERTIFICA: QUE ESTA HOJA ES PARTE FINAL DE LA SENTENCIA DICTADA EL DÍA DE HOY SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL JUICIO DE AMPARO 221/2022. DOY FE.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de junio de dos mil veintidós, informa que la diligencia de reinstalación señalada para el veintidós de abril de dos mil veintidós, no se desahogó en la fecha y hora señalada, por las razones expuestas; asimismo, remite copia certificada de la cédula de notificación realizada a la parte actora del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós. Consecuentemente, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con la constancia que anexa, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Es aplicable al caso la tesis 1.5o.C.2 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página quinientos noventa y cuatro, Tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remitió copia certificada del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, mediante el cual señaló fecha para el desahogo de la diligencia de reinstalación de veintidós de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de desahogar las pruebas y dictar laudo; a fin de que este juzgador se encuentre en aptitud de resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, esto es a Miriam Cortes Cisneros, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el resultado de la diligencia de reinstalación señalada para el veintidós de abril de dos mil veintidós y remita las constancias para acreditar lo informado. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

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