Juan de la Cruz Ruiz
Expediente 1616/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1616/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Juan de la Cruz Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos las comunicaciones del Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Congreso del Estado de Chiapas y Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Congreso del Estado, residentes en esta ciudad; sin emitir mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de diecinueve de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a las personas que designan y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señalan las autoridades oficiantes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos las comunicaciones del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias Penales a través de la secretaria de causas encargada del despacho por ministerio de ley, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, residentes en esta ciudad; sin emitir mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de diecinueve de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a las personas que designan las autoridades Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, residentes en esta ciudad y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, residente en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de ****autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita el acceso al sistema de consulta electrónica del expediente en que se actúa; en consecuencia se acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 64, primer párrafo del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas interesadas: 1) Cuenten con firma electrónica ya sea emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad, en términos del numeral 59 del referido Acuerdo General; 2) Deben estar registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con lo que se genera su nombre de usuario. Ahora, en el escrito de cuenta, el promovente no menciona cuál es su nombre de usuario a fin de poder tener por presentado el ocurso en cuestión, pues sin el nombre de usuario no es posible agregarlo al expediente electrónico que se lleva en el "Sistema Integral de Seguimiento de Expediente", por tanto, no es procedente su solicitud en tanto cumpla con lo anterior, en términos del referido acuerdo general. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Titular de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas, a través de la Subconsejera Jurídico de lo Contencioso y Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del encargado de la Dirección, con domicilios en esta ciudad. Asimismo, de conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tiene como delegados a las personas que designa el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas y Titular de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y como domicilios para oír y recibir notificaciones el que señalan. Por otra parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remite copia certificada del acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, en el cual se advierte que concedió el beneficio de libertad con sentencia suspendida al hoy quejoso. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión en su cumplimiento o falta de respuesta de la recomendación a su favor, para obtener su libertad con sentencia suspendida. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ...". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a las autoridades responsables a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, el quejoso atribuye al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras, omisión en su cumplimiento o falta de respuesta de la recomendación a su favor, para obtener su libertad con sentencia suspendida. Luego, de las constancias remitidas por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se advierte que el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, concedió el beneficio de sentencia suspendida al hoy quejoso; y como consecuencia se materializó la libertad respecto de la pena de prisión impuesta, subsanaron totalmente la omisión que se les reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión en su cumplimiento o falta de respuesta de la recomendación a su favor, para obtener su libertad con sentencia suspendida, han cesado, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucionalidad, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL....". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. .." Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dos de enero de dos mil veinte. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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