Juan de Jesus Regino

Expediente 92/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
92/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Juan de Jesus Regino
  • Agente de Policía de San Jose de las Flores, San Juan Mazatlan, Mixe, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que, en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por ********; como esa determinación no fue recurrida ... se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, el cual será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte..."

  2. Principal

    MESA IV B "... Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Agente de Policía de San José de las Flores, San Juan Mazatlán Mixe y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 92/2023... De la lectura integral de la demanda de derechos humanos se aprecia que la parte quejosa reclama, sustancialmente, el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintitrés, emitido por la Asamblea General de San Jose de las Flores, San Juan Mazatlan, Mixe, Oaxaca, donde se ordena el cierre definitivo del depósito en el que aduce vender desde hace siete años, así como el cumplimiento a dicho acuerdo. En efecto, en el capítulo de actos reclamados, la parte quejosa indica: IV. ACTOS RECLAMADOS A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: EL ACUERDO DE ASAMBLEA MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DEL DEPOSITO EN EL QUE VENDO DESDE HACE SIETE AÑOS, Y QUE SIEMPRE HE CONTADO CON LOS PERMISOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD, ASI COMO QUE ESTOY AL PENDIENTE DE MIS OBLIGACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD Y QUE POR ENDE SE LESIONA MI DERECHO A TRABAJAR, ASI COMO LOS ACTOS DE MOLESTIA OUE EJERCEN SOBRE MI PERSONA Y FAMILIA, ASI ADEMAS DE LA ORDEN DE EXPULSION DE LA COMUNIDAD Y DESPOJO OUE PRETENDEN REALIZAR SOBRE MIS BIENES B) DE LA EJECUTORA: EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDE DAR A DICHO ACUERDO. Adicionalmente, en el escrito de demanda la parte quejosa solicita se emitan medidas de protección urgentes antes de que se generen condiciones de imposible reparación, pues aduce que de incumplir con el cierre del negocio (deposito) existe la posibilidad de que las autoridades de la comunidad de San José de las Flores, San Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, lo destierren y/o expulsen Bajo esa tesitura, deviene improcedente decretar la suspensión de oficio y de plano respecto del posible destierro y/o expulsión, ello, pues, se insiste, de la lectura integral de la demanda se evidencia que no se tratan de actos actuales sino constituyen actos futuros e incierto, contra los cuales no procede decretar la suspensión... Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Como se vio, el quejoso reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintitrés, emitido por la Asamblea General de San José de las Flores, San Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, donde se ordena el cierre definitivo del depósito en el que aduce vender desde hace siete años, así como el cumplimiento a dicho acuerdo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio... Los artículos y Jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); que ese lapso debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Cierto, el juicio de amparo contra normas autoaplicativas, deberá promoverse dentro del plazo de treinta días posteriores a su entrada en vigor, y contra normas heteroaplicativas dentro del plazo de quince días posteriores a su primer acto de aplicación. Cuando se reclamen normas con motivo del primer acto de aplicación, el juicio de amparo se debe promover dentro del plazo de quince días, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora, en el caso, de la demanda de amparo de cuenta, a la cual se confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: Ahora, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó en su escrito de demanda, que tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de enero de dos mil veintitrés, por tanto para este Juzgado se tiene esta fecha para efecto de computar el término para promover la demanda de amparo; afirmación que constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. De este modo, se tiene por cierto que la parte quejosa conoció del acto reclamado desde dicha fecha. Lo anterior, porque el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es suficiente para tener colmada la exigencia de la fecha del conocimiento del acto reclamado, la manifestación que el quejoso haga en su demanda, así se advierte de la jurisprudencia siguiente, que si bien es con la Ley abrogada ésta no contraviene las disposiciones de la ley vigente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Época: Novena Época, Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio, en el sentido de que cuando el quejoso no manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; dato indispensable para que el juzgador pueda verificar su presentación oportuna; el juez debe requerir ese requisito, de lo contrario es motivo de reposición de procedimiento... Por lo anterior, en cumplimiento a los criterios jurisprudenciales, se estima que la manifestación del quejoso de cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, es suficiente para analizar la procedencia de este juicio de amparo. Luego, si el justiciable fue conocedor de los actos reclamados en este juicio de amparo, el nueve de enero de dos mil veintitrés, el termino de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr del diez al treinta de enero de dos mil veintitrés, entonces, ello refleja que la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio resulta notoriamente inoportuna, dado que fue presentada en este juzgado de Distrito, fuera del plazo de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, computados a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de dichos actos. Entonces, si la demanda de amparo origen de este juicio de garantías se presentó el dos de febrero de dos mil veintitrés, su promoción resulta notoriamente extemporánea; por lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; asimismo, téngase como su autorizado en términos amplios a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** por encontrarse registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida de manera electrónica, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."

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