Juan de Jesús Legorreta Badillo

Expediente 1201/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1201/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Juan de Jesús Legorreta Badillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II.- Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III.- Orden de destrucción se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. IV.- Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. V.- Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI.- Devolución de documentos. Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante auto de quince de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto que cumpliera cabalmente con los requisitos a que se refiere el primero de estos preceptos, en los aspectos destacados en dicho acuerdo. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De su contenido se advierte que la prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo se orienta, esencialmente, a que la parte quejosa dé cuenta en el desahogo de los requerimientos del artículo 108 de dicha ley reglamentaria, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos. En el caso, la prevención contenida en autos, consistió en lo siguiente: "[.]1. Indique si compareció el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante el Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Mesa Tercera Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, toda vez que de su demanda de amparo se advierte que la citación la que se refiere tenía esa fecha. 2. Manifieste bajo protesta de decir verdad el nombre de a quien le revista el carácter de tercero interesado, o en su caso, si lo desconoce, pues es omiso en este requisito previsto en el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo [.]". Y, como se vio, la parte promovente fue omisa en desahogar los requerimientos transcritos, en el plazo concedido, no obstante que se encontraba en oportunidad de cumplir satisfactoriamente con la prevención formulada. . . . En ese orden, no es factible admitir la demanda, en virtud de la omisión en que incurrió el quejoso imposibilitan una correcta fijación de la Litis, pues no se tiene plena certeza de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y a quién le reviste el carácter de terceto interesado, por tanto se incurre con lo previsto en el artículo 108 fracciones II y V de la Ley de Amparo. II. Se hace efectivo apercibimiento. En consecuencia, al no encontrarse acatada la prevención formulada en auto de quince de diciembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento contenido en éste, esto es, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, al no haberse establecido con claridad los elementos a que se refiere el artículo 108 de esa Ley, requisitos procesales cuya finalidad es establecer el objeto del proceso constitucional y con ello dotar de seguridad jurídica a las partes a través de la legalidad.

  3. Principal

    Agréguense a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, por medio del cual con el que remite los autos originales y dieciséis tomos de pruebas del juicio de amparo 1035/2019, asimismo, remite copia de la resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el R.C. 447/2019-II, en la que resolvió: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1035/2019-VI, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, respecto del acto y autoridad que se refiere el Punto Resolutivo Primero de la Sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Edmundo Reyes Herrera Roa, por lo que hace al acto y autoridad precisado en el Punto Resolutivo Segundo de la sentencia impugnada. [.]" Asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes formado por la remisión del expediente al órgano jurisdiccional oficiante, sin agregar constancias repetidas para no engrosar innecesariamente el expediente. Acúsese recibo y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo respectivo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Orden de archivo. Al no quedar promoción pendiente por acordar, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Orden de depuración. se considera que el presente asunto donde se negó el amparo, no es de relevancia documental, por lo que es depurable, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21, del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan De Jesús Legorreta Badillo, contra actos del Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Mesa Tercera Especializada en combate a la Corrupción, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refieren. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1201/2020-I. Decisión sobre la instancia constitucional. Primeramente, resulta pertinente precisar que el artículo 261 de la Ley de Amparo, previene: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado es por este Juzgado). De lo que se deduce que esta Juzgadora tiene la obligación de denunciar y hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, esto es así, porque los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, por ejemplo, de advertir que el quejoso falseó hechos en su demanda de amparo u omitió información obteniendo con ello una ventaja procesal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." IV. Prevención. Ahora bien, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente de la demanda de amparo cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido en esta alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; No se hubiese acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda. En cualquiera de los supuestos que anteceden o la combinación de ellos, el juez dictara un auto en el que expresará las irregularidades o deficiencias que deba subsanar el promovente para que se satisfaga los requisitos omitidos, haga las aclaraciones correspondientes o presente las copias necesarias, lo cual deberá efectuar el quejoso dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de dicho acuerdo, según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, y lo apercibirá que en caso de no hacerlo, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 114 de la citada legislación. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento del juicio de amparo; con fundamento en lo que dispone el artículo 108 fracción I, en relación con los numerales 114 y 112 de la Ley de la materia, prevéngase al promovente del amparo para que dentro del término de cinco días siguientes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Indique si compareció el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante el Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Mesa Tercera Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, toda vez que de su demanda de amparo se advierte que la citación la que se refiere tenía esa fecha. Manifieste bajo protesta de decir verdad el nombre de a quien le revista el carácter de tercero interesado, o en su caso, si lo desconoce, pues es omiso en este requisito previsto en el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido que deberá realizar el desahogo de la prevención que se formula, bajo protesta de decir verdad, al ser uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas las facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en el requisito a que se refiere el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. Así se estableció en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2022217 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2020 (10a.) Página: 19 PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Lo anterior, para estar en aptitud de acordar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda. V. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no desahogar la prevención realizada en los en los términos precisados, se tendrá por no presentada la demanda, esto con fundamento con el artículo 114 de la Ley de Amparo. VI. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Luisa García Pérez, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), mientras que a las diversas personas se les tiene por autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 24 de la citada ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por lo que respecta al correo electrónico que proporciona la parte promovente, se tiene por señalado únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". IX. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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