Juan de Garay Alfaroli
Expediente 1457/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1457/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan de Garay Alfaroli
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por propio derecho, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de desechamiento de catorce de diciembre de la presente anualidad. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno únicamente el escrito de expresión de agravios, para la substanciación del recurso de referencia. Ahora bien, toda vez que el presente recurso de queja fue presentado bajo la modalidad de juicio en línea, se hace del conocimiento del tribunal oficiante que conozca del recurso de mérito, que en esta misma fecha se realiza la vinculación del expediente electrónico para su consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que esté en posibilidad de vincularlo al toca de su estadística, lo anterior, acorde a lo previsto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De igual manera, en vía de informe dígase a la autoridad que conozca del citado recurso, que ES CIERTO el acto que se reclama fue dictado conforme a las disposiciones legales de la Ley de Amparo. Notifíquese, por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno. MESA II
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente y por oficio al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. MESA II
- Principal
CITATORIO: NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE. México, Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que contiene la demanda de amparo promovida por Juan de Garay Alfaroli por propio derecho contra actos de (1) Operadora de Centro de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable (OCESA) y (2) Policía Bancaria e Industrial y el auto de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, por el que dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1457/2023-II y NEUN 34086834. En ese contexto, hágase de su conocimiento que éste órgano jurisdiccional acepta la competente planteada y se avoca al conocimiento de la demanda planteada por Juan de Garay Alfaroli. ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Del análisis integral de la demanda de garantías, se hace notar que el peticionario de amparo señala como acto reclamado en esencia, la prohibición de entrar con productos de tabaco a eventos masivos (conciertos); sin embargo, el acto reclamado por el impetrante no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de manera que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De los artículos antes transcritos, se observa que el fundamento de la causal de improcedencia que se invoca, descansa sobre la base de que en el juicio constitucional únicamente pueden analizarse aspectos relacionados con violación de derechos humanos reconocidos o de las garantías individuales provenientes de un acto de autoridad, además de los derivados de la invasión en la esfera de competencias, sea de las autoridades federales o de las entidades federativas que causen perjuicio al propio particular, en términos de las fracciones del numeral 1° de la Ley de Amparo, de tal modo que no podrían analizarse actos que no revistan las características propias para considerar que son derivados de una autoridad, como la imperatividad, coercitividad y unilateralidad, en la medida que para ello existen diversos medios de acción o de defensa ante instancias distintas a los órganos del Poder Judicial de la Federación (cuando éstos funcionen como tribunales de constitucionalidad), y al no respetarse lo anterior, ello tiene como consecuencia la improcedencia de la acción constitucional. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado por el promovente no encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 en cita, ya que el solicitante de amparo pretende por medio del juicio de amparo indirecto, que Operadora de Centro de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable (OCESA) modifique los lineamientos para ingresar a dichos eventos; sin embargo, es de señalarse que dicho acto reclamado, no puede ser analizado o decretado a través del presente juicio de amparo indirecto, toda vez que la citada moral es la encargada de emitir dicho régimen, por lo que la autoridad señalada como responsable no tiene obligación de emitirlo. Lo anterior es así, ya que para efecto del juicio de amparo Operadora de Centro de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable (OCESA), no tienen el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La autoridad responsable es la que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, es decir, que la acción o decisión ejecutada o tomada por la autoridad, debe hacerse o cumplirse en los términos que ordene, sin necesidad de la intervención de otra para su ejecución; lo cual no acontece en el presente caso, ya que el acto que se le imputa a Operadora de Centro de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable (OCESA), no reúne las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, por tanto es dable concluir que no le recae el carácter de autoridad responsable. No pasa desapercibido que, si bien el artículo 5º, fracción ll, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, señala que: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general", en el presente supuesto no se advierte que exista una relación de supra-subordinación entre el promovente y las personas que pretende señalar como autoridades responsables. Por lo que, los actos que se le imputan a la moral Operadora de Centro de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable (OCESA), no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, por tanto es dable concluir que no le recae el carácter de autoridad responsable. Se concluye así, ya que el impetrante al momento de contratar un servicio, aceptó los términos y condiciones que la moral Operadora de Centro de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable (OCESA) establece para brindar dicho servicio, por lo que dicho contrato celebrado, no constituye una relación jurídica de supra a subordinación. En ese sentido, el referido contrato se rige por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, por lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, lo que forzosamente implica analizar el contrato y contenido, lo cual corresponde valorarse en una instancia diversa al juicio de amparo indirecto. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE demanda presentada por Juan de Garay Alfaroli, por propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del promovente el que señala en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente y por oficio al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. MESA II
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