Juan de Dios Valenzuela Valdez
Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/06/2023
Partes del expediente
- Juan de Dios Valenzuela Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III artículo 20 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su destrucción, toda vez que la suspensión provisional y negada fueron negadas. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 19 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan de Dios Valenzuela Valdez, en contra de los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud y al Secretario de Salud, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, fracción VI bis, 2, fracción VI ter, 40, fracciones IX y XII, y 50 bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés, así como del Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Informes justificados. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Domicilio y delegados. Con fundamento en el artículo 9 y 28 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a las responsables señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, designando como delegados a los que nombran en sus informes. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Téngase a las autoridades manifestando que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento que indican; de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Pruebas. Ahora, en cuando a las pruebas que señalan las responsables consistentes en los medios electrónicos que refieren, así como las ofrecidas en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, no ha lugar a tenerlas por ofrecidas ya que, en primer término, al realizar una consulta a las mismas, no se advierte que se traten de páginas oficiales y respecto de las diversas, con motivo de que no fueron adjuntadas a sus informes justificados. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte la instrumental y presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 116/2023-VI, promovido por Juan de Dios Valenzuela Valdez, por derecho propio, contra actos del Titular de Poder Ejecutivo Federal y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Juan de Dios Valenzuela Valdez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y la autoridad señalada en su escrito inicial. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo diez de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, ordenando formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la que, previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala esencialmente como actos reclamados: El decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente los artículos 1, 2, fracciones VI bis y VI ter, 40 fracción XII y 50 bis, de dicho reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. El acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, en su denominación correcta, rindieron sus informes previos de la siguiente manera: Autoridad responsable Sentido del Informe Fojas 1 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México. Cierto. 64 a 81 2 Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México, Cierto 82 a 99 Del cuadro anterior, se advierte la existencia de los actos reclamados; por tanto, así deberá tenerse para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. CUARTO. Efectos de la suspensión. El quejoso solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las consecuencias del decreto no le sean aplicables y poder exhibir los productos de tabaco que comercializa en términos de la Ley General para el Control del Tabaco. Una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales el quejoso solicita la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: Que la solicite el quejoso; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, tales requisitos se encuentran colmados porque la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que de manera preliminar no se aprecia que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que los actos que se pretenden suspender no se encuentran en ninguno de los supuestos del numeral 129 de la ley de la materia. SEXTO. Negativa de la suspensión. Resulta pertinente señalar que para conceder la medida cautelar la parte quejosa debe demostrar, ya sea de manera presuntiva o indiciaria, que cuenta con un interés respecto del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la quejosa. En virtud de lo anterior, el supremo tribunal concluye que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Lo que en el caso no acontece, puesto que, la parte quejosa exhibió como medios de prueba para acreditar su interés suspensional los siguientes: Copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, en favor de quejoso Juan de Dios Valenzuela Valdez; Impresión de tres notas de venta de fechas diez, diecisiete y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, expedidos por British American Tabacco México, Sociedad Anomia de Capital Variable y Abarrotera y Carnecería Ceciliau. Asentado lo anterior, se aprecia que las mismas no son suficientes para acreditar aún de manera indiciaria su interés suspensional, ya que de las mismas no se advierte que la parte quejosa se dedique o preste el servicio de comercialización de tabaco que refiere y que cuente con los permisos para su venta al menudeo por las autoridades competentes. Por tanto, al no existir medio de convicción alguno con el que este órgano jurisdiccional pueda inferir que el quejoso cuenta con interés, ya sea de manera presuntiva o indiciaria, respecto del derecho que busca preservar mediante el otorgamiento de la medida cautelar, es decir, que se le permita exhibir los productos de tabaco, que aduce comercializa, por lo que se niega la medida cautelar solicitada. Robustece a la presente determinación, la Tesis Aislada VIII.A.C.7 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, del rubro y texto: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés. Al igual que la siguiente Tesis Aislada VI.2o.C.298 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que reza lo siguiente: "INTERÉS SUSPENSIONAL. EL INFORME PREVIO RENDIDO POR LA RESPONSABLE ACEPTANDO LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, NO RELEVA AL QUEJOSO DE LA CARGA PROCESAL DE JUSTIFICARLO. El informe previo rendido por la autoridad responsable en el incidente de suspensión, aceptando la existencia del acto reclamado, no releva al quejoso de la carga procesal de justificar el interés suspensional, porque la finalidad de dicho informe sólo consiste en conocer la existencia del acto impugnado, pero de ninguna manera si al peticionario de amparo le asiste interés alguno para acceder a la medida cautelar, por lo que no resulta contrario a derecho que el Juez de Distrito omita concatenar el informe de mérito con las copias simples de los documentos que se ofrecen como prueba con el escrito de demanda para demostrar tal interés, pues no debe perderse de vista que la Ley de Amparo es clara en cuanto a la obligación del quejoso de acreditar que la medida suspensional es procedente en tanto que le asiste el rango de agraviado, esto es, su interés jurídico, que no se contraviene el orden público ni el interés social; y que, por ende, se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la citada ley." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Único. Se niega a Juan de Dios Valenzuela Valdez, la suspensión definitiva, en contra de los actos señalados en el considerando segundo y por los términos expuestos en el considerando sexto de la presente determinación. Notifíquese.
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