Juan de Dios Tapia Guzmán

Expediente 1078/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1078/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Juan de Dios Tapia Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    "...ANOTACIONES Vista la demanda promovida por...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1078/2019-II. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1. La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. 2. La omisión de asignarle celda o dormitorio para su internamiento en el centro de reclusión en el que se encuentra. DESECHAMIENTO Así, en relación al primer acto reclamado, consistente en la orden de traslado y su ejecución, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, de los cuales se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica los derechos fundamentales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. Ahora bien, de la lectura de la demanda se desprende que los actos reclamados son futuros de realización incierta, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto; cuenta habida que el quejoso refiere que con motivo del traslado de diversos internos tiene el temor de que también se le traslade, sin mencionar si alguna autoridad le haya informado dicha circunstancia; por tanto, no se ocasiona una afectación inminente o actual, real y directa. En consecuencia, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica del justiciable ante un supuesto de ser trasladado a diverso centro penitenciario. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se le restituya en el goce de la prerrogativa fundamental violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia aludida que hace procedente desechar la demanda de amparo. Sin que en el caso, se desconozca el contenido de la tesis jurisprudencial PC.II.P.J/4P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, tomo III, visible a página 1884, toda vez que no existe duda sobre la naturaleza incierta y no inminente del acto que se reclama, ya que no se desprende indicio alguno de un acto concreto de autoridad en su contra. Por otro lado, respecto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de asignarle celda o dormitorio para su internamiento en el Centro de reclusión en el que se encuentra, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El dispositivo aludido, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones en torno a dicho principio. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que el promovente de amparo no acató el principio de definitividad, pues el acto analizado en este apartado es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México; por tanto, en primer término, de conformidad con los artículos 107 a 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben elevar su petición -sin formalidad- ante la Directora de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que los internos puedan ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses de los peticionarios o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los internos pueden formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley indicada, los sujetos legitimados para plantear peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Con base en lo expuesto, si el quejoso está interno en un centro penitenciario, debe formular su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México, y de resultar denegada su petición tiene legitimación para formular controversia ante el Juez de Ejecución; en la inteligencia que si el demandante del amparo considera que su petición debe ser atendida de inmediato, está en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentra recluido. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y el número telefónico que indica pues la Ley de Amparo no prevé esos medios para tal efecto. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

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