Juan de Dios Solorzano Sarabia

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Juan de Dios Solorzano Sarabia

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 149/2021; por tanto, téngase por ofrecida dicha documental con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el accionante Juan de Dios Solórzano Sarabia, se desistió de los medios preparatorios a juicio por así convenir a sus intereses. En relación con lo anterior se tiene, que si en la demanda de amparo se reclamó la omisión de la responsable en emitir pronunciamiento respecto la solicitud de medios preparatorios realizada en el expediente 149/2021, de su índice, es claro que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Precisada esa premisa jurisprudencial, en el particular se tiene que la autoridad responsable, remitió constancias relativas al expediente 149/2021, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1) Escrito de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, por el cual Juan de Dios Solórzano Sarabia, se desistió de los medios preparatorios de juicio en contra de José Martín Solórzano Castro y María Aurelia Solórzano Sarabia; para mayor ilustración se transcribe la parte conducente del citado desistimiento: "[.] Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Sinaloa, me vengo a DESISTIR de los Medios Preparatorios de Juicio en General que presenté en contra de los señores JOSÉ MARTÍN SOLORZANO CASTRO y MARÍA AURELIA SOLORZANO SARABIA, por convenir a mis intereses legales y personales; por lo que no me reservo en el presente ni en el futuro derecho alguno en sus contra, ni en lo penal ni en lo civil, ni en cualquier otra materia, solicitando se ordene archivar el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". 2) Oficio 1119/2021, mediante el cual se insertó el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 149/2021, del índice del Juez responsable, del cual se advierte que el juez responsable tuvo a Juan de Dios Solórzano Sarabia desistiéndose de los medios preparatorios a juicio por así convenir a sus intereses, y archivó dicho asunto como total y definitivamente concluido. Lo relatado revela la voluntad de la parte quejosa para desistirse de los medios preparatorios de juicio que presentó contra José Martín Solorzano Castro y María Aurelia Solorzano Sarabia (cuya omisión de proveer al respecto constituye el acto reclamado), y que el juzgador lo concluya. En ese contexto, si en el particular la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo con la finalidad de que el juzgador provea respecto de los medios preparatorios que éste promovió; y durante el juicio de amparo, el justiciable solicitó al juez responsable que se archivara dicho asunto dado su desistimiento; entonces, se impone concluir que aun cuando no se hubiera proveído respecto de la primer solicitud (cuya omisión reclama), el objeto o materia de ésta ha dejado de existir. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado que el juez responsable provea respecto de los medios preparatorios a juicio que la parte quejosa promovió contra José Martín Solorzano Castro y María Aurelia Solorzano Sarabia, ante el desistimiento del justiciable de esa acción, resulta inconcuso que el objeto o materia del presente juicio de amparo ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la omisión de proveer respecto ese procedimiento. Lo que implica la modificación del entorno dentro del cual no se ha proveído respecto lo solicitado por el justiciable, en caso de que resultara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria por haber finalizado el procedimiento del que deriva la actuación que originó el motivo de reclamado. Por tanto, aunque subsista la omisión del Juez responsable en emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de medios preparatorios realizada en el expediente 149/2021, no transgrede los derechos fundamentales de la parte quejosa, atendiendo a lo expuesto en la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". No pasa inadvertido que el artículo interpretado en la tesis en cuestión lo es el 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo derogada; sin embargo, cobra vigencia en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia porque su contenido es idéntico al del actual 61, fracción XXII de la legislación de la materia. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la citada legislación, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS toda vez que la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 184572, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable sustancialmente solicitó copia de la demanda de amparo para el efecto de rendir informe justificado. Sin embargo, ello no es necesario toda vez que las constancias que anexó al oficio de cuenta fueron suficientes para que esta Juzgadora estimara que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que se considera que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse y por tanto por los argumentos expuestos procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente.

  3. Principal

    Se admite la demanda de amparo; Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, y, por tal motivo a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a las autoridades responsables el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa.

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