Juan de Dios Ruiz Vela
Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan de Dios Ruiz Vela
- Enrique Aguilar Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por medio del que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tal motivo, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. Archivo y valoración documental. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en el capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Finalmente, se precisa que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Laborales, Penales y Amparo, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en autos y al efecto remite las constancias solicitadas; las cuales se tienen por presentadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, teniendo en consideración que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en este juicio se hace consistir en la orden por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Representante Regional de los Estados de Sonora, Baja California y Chihuahua, de detener o interrumpir el procedimiento de regularización que el quejoso tramitó ante dicha autoridad desde el año dos mil once, respecto del inmueble consistente en eles evidente que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el citado arábigo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, que puede darse en dos hipótesis, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la primera hipótesis en mención. Lo anterior se considera así, puesto que de las constancias que anexó la responsable al oficio de cuenta y que fueron valoradas con antelación, se obtiene que el trece de septiembre del dos mil veintidós, la autoridad de referencia y el aquí quejoso, firmaron la solicitud de contratación con número , respecto del predio ubicado en el De ahí que, es evidente que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Atento a que las violaciones reclamadas en este juicio de amparo se consideran irreparablemente consumadas al acontecer una cesación de sus efectos, ya que inicialmente la orden de detener o interrumpir el procedimiento de regularización que el quejoso tramitó ante la responsable sobre el bien inmueble ubicado era el motivo del presente juicio de amparo y en la actualidad ya no existe tal afectación, por lo que han cesado los efectos de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto aludido no hubiere invadido su esfera jurídica. Esto es, para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza, no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio de garantías, toda vez que en el caso, se actualiza de manera notoria e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés. Finalmente, debe precisarse que la cita de las jurisprudencias llevada a cabo, se realizó con sustento en los artículos transitorios sexto y décimo de la Ley de Amparo, este último en relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en vigor al día siguiente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Laborales, Penales y Amparo, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en autos y al efecto remite las constancias solicitadas; las cuales se tienen por presentadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, teniendo en consideración que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en este juicio se hace consistir en la orden por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Representante Regional de los Estados de Sonora, Baja California y Chihuahua, de detener o interrumpir el procedimiento de regularización que el quejoso tramitó ante dicha autoridad desde el año dos mil once, respecto del inmueble consistente en eles evidente que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el citado arábigo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, que puede darse en dos hipótesis, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la primera hipótesis en mención. Lo anterior se considera así, puesto que de las constancias que anexó la responsable al oficio de cuenta y que fueron valoradas con antelación, se obtiene que el trece de septiembre del dos mil veintidós, la autoridad de referencia y el aquí quejoso, firmaron la solicitud de contratación con número , respecto del predio ubicado en el De ahí que, es evidente que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Atento a que las violaciones reclamadas en este juicio de amparo se consideran irreparablemente consumadas al acontecer una cesación de sus efectos, ya que inicialmente la orden de detener o interrumpir el procedimiento de regularización que el quejoso tramitó ante la responsable sobre el bien inmueble ubicado era el motivo del presente juicio de amparo y en la actualidad ya no existe tal afectación, por lo que han cesado los efectos de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto aludido no hubiere invadido su esfera jurídica. Esto es, para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza, no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio de garantías, toda vez que en el caso, se actualiza de manera notoria e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés. Finalmente, debe precisarse que la cita de las jurisprudencias llevada a cabo, se realizó con sustento en los artículos transitorios sexto y décimo de la Ley de Amparo, este último en relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en vigor al día siguiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Laborales, Penales y Amparos, así como, apoderada legal del Instituto del Suelo Sustentable, por medio del cual aduce dar cumplimiento con el requerimiento formulado en autos, no obstante, omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que las constancias señaladas coinciden íntegramente y de manera inalterada con cada uno de sus originales; lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. requiérasele nuevamente a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada, completa y legible, de la totalidad de las constancias que obran en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto; en el entendido que de hacerlo de forma electrónica, deberá realizar la protesta a que se alude en el párrafo precedente. Apercibida de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá en vía de apremio una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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